La creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno de Javier Milei, presentada como una herramienta para “desmentir activamente la mentira” en redes sociales, encendió alertas entre especialistas en verificación del discurso público.
Según un informe del Equipo de Chequeado, la iniciativa no cuenta con la independencia necesaria para ser considerada una herramienta válida de fact checking y podría derivar en mecanismos de persecución.
De acuerdo con lo consignado por Noticias Argentinas, aunque el Gobierno busca “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, los expertos advirtieron que el Estado no puede auditarse a sí mismo bajo los estándares del periodismo de datos.
El problema de ser “juez y parte”
Las organizaciones de verificación independientes se rigen por el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que exige transparencia en la metodología, el financiamiento y una política de correcciones abierta.
- Lucas Graves, investigador de la Universidad de Wisconsin–Madison, sostuvo que ninguna agencia estatal “debe confundirse o presentarse como fuente de información independiente”.
- Clara Jiménez Cruz, directora ejecutiva de Maldita.es, cuestionó la lógica de la autoauditoría: “El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos a rendir cuentas. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas?”.
Contradicciones y antecedentes
El informe remarcó una paradoja en la gestión actual: mientras promete combatir la desinformación “brindando más información”, la administración de Milei modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, con nuevas restricciones.
En ese sentido, se indicó que datos oficiales señalan que esta gestión es la que más pedidos de acceso a la información dejó sin responder, en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Además, el documento recordó que no es la primera vez que un gobierno intenta incidir en el discurso público mediante “verificadores” oficiales. Entre los antecedentes citados aparecen:
- Argentina: la plataforma “Confiar” (durante la pandemia), el observatorio “Nodio” bajo la gestión de Fernández, y el streaming “Fake, 7, 8”, impulsado por Manuel Adorni.
- Región: el sitio “Brasil Contra Fake” del Gobierno de Lula da Silva, “Infodemia” en México y la cuenta “Segcomv” en Ecuador.
Tanto Fopea como dirigentes de la oposición ya expresaron su rechazo y advirtieron que estas herramientas podrían convertirse en formas encubiertas de hostigamiento y persecución contra voces disidentes.