La CGT consiguió retirar del proyecto de reforma laboral un puñado de iniciativas que licuaban su poder, en la previa al tratamiento del proyecto en el Senado, y ahora se entusiasma con seguir morigerando su impacto de cara al debate en Diputados y, en caso de convertirse en ley, en la Justicia.
La propia jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó que existieron diálogos privados con la central obrera y que se han “receptado muchas cosas de la CGT”, justo antes de debatir el proyecto y aprobarlo en la Cámara alta.
La organización de la calle Azopardo consiguió que dos grandes iniciativas que observaba con malestar quedaran por el camino, según constató la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes sindicales.
Una de ellas era el fin de la cuota solidaria que perciben los sindicatos, que al final seguirá vigente de manera compulsiva por dos años, con un tope del 2% de la remuneración y, recién una vez que culmine ese lapso, se requeriría conformidad del trabajador.
El segundo triunfo que se anotó la CGT fue que no se tocará el aporte patronal a las obras sociales, ya que quedará en 6% y no en 5%, como pretendía originalmente el texto del Gobierno.
De cara al futuro, la central intentará hacer naufragar otros artículos que le molestan y que todavía están en pie en el texto que aprobó la Cámara alta, y que ahora comenzará a debatirse en Diputados: entre ellos, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, y la ampliación de las actividades consideradas “esenciales” para garantizar servicios mínimos durante los paros.
Cómo sigue
También se verá qué ocurre con otros puntos que no son del agrado de los gremialistas, pero que tampoco figuran al tope de las prioridades, como las “vacaciones más flexibles”, con la chance de fraccionarlas; los regímenes voluntarios de banco de horas y el nuevo cálculo indemnizatorio, que excluye conceptos como aguinaldo y vacaciones.
Además, sigue figurando en el proyecto la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo y el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales.
En las filas de la CGT consideran que algunas de estas iniciativas que siguen formando parte del texto son “inconstitucionales”, por lo que, si no logran darlas de baja en las negociaciones que se vienen en Diputados, las llevarán al terreno del Poder Judicial y confían en que allí quedarán frenadas.
