Santa Rosa fue sede de una jornada técnica sobre pulverización con drones, en un contexto en el que avanza la incorporación de esta tecnología en las aplicaciones fitosanitarias en La Pampa. Todo en el marco de la Ley Provincial N° 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas, aprobada en 2020.
La actividad se desarrolló en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y estuvo orientada a profesionales asesores técnicos. Fue organizada por el Ministerio de la Producción y contó con la participación de la Facultad de Agronomía, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa.
La apertura estuvo encabezada por la directora de Agricultura del Ministerio de la Producción, Natalia Ovando, junto al subdirector del área, Sergio Baudracco. También participaron autoridades académicas, como la decana Lía Molas, y representantes del ámbito profesional, como la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Juliana Núñez.
Capacitación y marco legal
Ovando sostuvo que la incorporación de drones a los sistemas de aplicación “plantea desafíos técnicos y normativos” y subrayó que el Estado impulsa instancias de capacitación para garantizar un uso “seguro, eficiente y enmarcado en la ley vigente” de La Pampa.
La funcionaria afirmó que el objetivo oficial es acompañar la innovación tecnológica con formación, consenso y control, con foco en las buenas prácticas agrícolas y el cuidado de la salud y el ambiente.
Aspectos técnicos para aplicaciones con drones
Durante la jornada se abordaron aspectos técnicos vinculados al uso de drones como herramienta de aplicación, como las características del sistema de pulverización CDA, criterios de calibración, parámetros que influyen en la aplicación y condiciones del caldo de pulverización para bajas tasas, con especial énfasis en su adecuación al uso en drones.
La disertación estuvo a cargo del especialista José Sosa, quien brindó un enfoque práctico sobre la temática.
Legislación y discusión
La Ley Integral de Plaguicidas fue aprobada en 2020 en la Legislatura. Apunta a controlar el uso de agroquímicos en toda la provincia, con especial foco en el área periurbana. En su momento, las distancias de veda de pulverización fueron uno de los puntos más cuestionados por bloques legislativos opositores, que reclamaron reducirlas en línea con el pedido de asociaciones de productores agropecuarios.
Entre otros puntos, la legislación prohíbe la pulverización aérea a 3.000 metros de los pueblos y la prohibición de fumigación terrestre a 500 metros. Además, la norma establece que se debe contar con autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3.000 metros.
Desde el Gobierno provincial insistieron en que la intención es lograr un equilibrio entre la producción y el ambiente.
Durante 2024, comenzó a reunirse un consejo consultivo para intentar acordar su reglamentación. En paralelo, comenzaron a realizarse (aún siguen) pruebas piloto en una decena de localidades con la nueva normativa.
Sin embargo, a fines de 2024, durante uno de los encuentros para definir la reglamentación, representantes de asociaciones rurales y empresas aplicadoras de fitosanitarios se retiraron del consejo consultivo y pidieron, directamente, la derogación de la ley. Argumentaron que la normativa “perjudica” y “burocratiza” la producción y “criminaliza” a los ruralistas. “Los cambios propuestos son un maquillaje…”, plantearon en ese momento.
En abril de 2025, Diario Textual publicó que el borrador de la reglamentación avanzaba lentamente, con nuevas modificaciones que buscaban reducir la burocracia en los trámites, aunque se mantenían los principales puntos rectores de la ley.
Reclamos de la Mesa del Agro
En el debate por la reglamentación, la denominada Mesa del Agro reclamó seis puntos:
- Distancias de exclusión y amortiguamiento consideradas excesivas sobre zonas urbanas y cursos de agua.
- Poder de Policía elevado para las autoridades de aplicación.
- Alta carga burocrática de permisos y autorizaciones.
- Sistema de trazabilidad provincial considerado innecesario.
- Receta de compra que, según sostienen, afectaría el libre comercio.
- Incorporación de buenas prácticas agrícolas para definir condiciones de aplicación y distancias.
La Mesa del Agro está integrada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Crea, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios. Fuentes al tanto de las negociaciones indicaron a Diario Textual, en su momento, que sus integrantes no realizaron aportes al borrador y se limitaron a reclamar la derogación de la ley.
En cambio, sí realizaron observaciones y aportes al texto el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el Inta y el Senasa.
Por lo pronto, la reglamentación aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial de La Pampa.
