Los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa) y Axel Kicillof (Buenos Aires), junto a mandatarios de otras provincias, expresaron su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei y advirtieron que la iniciativa debilita derechos y se impulsa en un contexto económico que provoca cierre de empresas, aumento del desempleo y precarización.
La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección.
El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo. pic.twitter.com/po5t2wvhRT— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) February 18, 2026
En un documento conjunto, los gobernadores de La Pampa, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja señalaron que la legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales, pero remarcaron que ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones.
En el texto, los mandatarios sostuvieron que la propuesta oficial, presentada como una modernización, en realidad “debilita derechos individuales y colectivos” en un escenario nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral.
También afirmaron que el proyecto se impulsa junto a una política económica que, según el documento, generó caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y un incremento del desempleo y la precarización.
Los gobernadores aseguraron que, en ese contexto, el proyecto no aborda los problemas estructurales del empleo y que, por el contrario, los agrava.
Por último, aclararon que no se oponen a todo cambio, pero sí a un paquete de reformas que, a su criterio, “nada tiene de moderno” y consolida un esquema de desprotección laboral.
Llamado a rechazar la iniciativa
“Llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa”, dijeron en el documento.
“Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulen el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino por el contrario, reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, expresaron.
“La propuesta oficial, presentada como modernización, debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral. Se impulsa además en el marco de una política económica que ha provocado caída de actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento de desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava. No nos oponemos, como sostienen los supuestos modernizadores, a todo cambio. Nos oponemos a este paquete de cambios que nada tiene de moderno, sino que simplemente consolida la desprotección”, manifestaron.
“Antifederal”
“Asimismo, se trata de una reforma profundamente antifederal”, resaltaron. “Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, sostuvieron.
“La informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen. Se aborda mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad”, manifestaron los mandatarios.
“Desde que llegó el actual gobierno, su plan económico pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa. Para crear trabajo, en un mundo hoy proteccionista, hace falta emprender políticas federales de desarrollo e industrialización”, resaltaron.
“Por todo lo expuesto, reiteramos nuestro rechazo a la reforma laboral del gobierno nacional y a la orientación económica que la sustenta. Convocamos a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas con el aporte de distintos espacios políticos y actores sociales”, dijeron.
“La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo. Ese es el camino que proponemos y que estamos dispuestos a debatir en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional”, finalizaron.