Por Sebastián Hadida (NA)
Luego del amplio respaldo que consiguió el oficialismo en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto que crea un régimen penal juvenil, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el próximo jueves se realizará una sesión en el Senado que incluirá la votación del dictamen firmado en un plenario de comisiones. En el mismo temario también figura la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Uno de los puntos más visibles del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, el texto contempla otros aspectos: combina una orientación punitiva, al establecer sanciones para menores que cometan delitos, con un enfoque de resocialización.
La iniciativa reforma la normativa vigente desde la última dictadura militar y propone un abanico de sanciones alternativas a la prisión. También establece que los menores no podrán ser alojados junto a adultos en lugares de detención e incorpora medidas complementarias orientadas a la reinserción social.
El proyecto elimina la posibilidad de reclusión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de prisión.
El esquema de penas
Para delitos con penas inferiores a tres años se descarta la prisión. En los casos con escalas de entre tres y diez años, cuando no haya mediado muerte ni lesiones graves, se priorizan sanciones con un enfoque social y educativo.
El dictamen además incorpora un cambio reclamado por bloques dialoguistas: el financiamiento específico para la aplicación del régimen. Se asignarán más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General de la Nación y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia.
En el proyecto original, el financiamiento quedaba sujeto a la decisión de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba cuestionamientos sobre la viabilidad de la ley.
Argentina es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un régimen penal juvenil integral. El debate gira en torno a la necesidad de establecer un marco que aplique sanciones diferenciadas a menores que delinquen y, al mismo tiempo, garantice mecanismos de resocialización para evitar la reincidencia.
Posturas enfrentadas
La iniciativa se inscribe en la línea del planteo de Bullrich, quien sostuvo que ante un “delito de adulto, pena de adulto”, y del presidente Javier Milei, que resume su postura con la frase “el que las hace, las paga”.
Desde el Gobierno argumentan que un menor de 14 años comprende la naturaleza del acto delictivo y sus consecuencias, por lo que debe ser punible.
También cuestionan lo que definen como una mirada excesivamente garantista que considera a los autores de delitos únicamente como víctimas de exclusión social.
En cambio, sectores de la oposición rechazan la reforma y sostienen que no existe evidencia empírica concluyente en América Latina ni en otros países que demuestre que un endurecimiento del régimen penal juvenil reduzca los índices de criminalidad.
Citan como ejemplo el caso de Brasil, donde la discusión sobre la edad de imputabilidad no se tradujo en una reducción sostenida de la tasa de homicidios, que se mantiene elevada en comparación regional. También señalan que Argentina registra una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina con la edad de imputabilidad fijada en 16 años.
Para la oposición, la criminalidad juvenil responde a factores estructurales vinculados con la exclusión social, la falta de oportunidades y déficits históricos en políticas públicas.
