Con viento a favor, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con el objetivo de aprobar la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En la sesión, que comenzará a las 11, también está previsto tratar el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
El viernes, a la misma hora, fue convocada otra sesión en la Cámara alta para debatir los proyectos de reforma laboral y de régimen penal juvenil, ambos con media sanción de Diputados.
Acuerdo Mercosur-UE
El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea iba a tratarse en la sesión del viernes junto con el régimen penal juvenil y la reforma laboral, pero el Gobierno decidió adelantar el debate.
La decisión de la Casa Rosada responde a que el Parlamento de Uruguay aceleró el proceso de ratificación del convenio comercial y podría aprobarlo en las próximas horas.
El Gobierno de Javier Milei busca ser el primero en dar el visto bueno al tratado, ya que considera que, si se convierte en el primer socio en ratificarlo, podría acceder a ventajas diferenciales respecto de otros países de la región que compiten por los mismos mercados.
Los votos para aprobarlo estarían asegurados y se estima que el interbloque peronista que conduce José Mayans votará dividido, como ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea fue aprobado este martes en la Cámara de Diputados. Había sido firmado el 17 de enero en Asunción, en una ceremonia con la participación del presidente Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. El mandatario de Brasil, Lula da Silva, no asistió.
El tratado, uno de los mayores acuerdos birregionales del mundo, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo resolvió someterlo a revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que analice su impacto y determine su puesta en vigencia.
Según sus promotores, la implementación permitirá reducir aranceles a más del 90 % de las exportaciones argentinas y disminuir barreras de acceso para bienes industriales europeos.
Entre otras implicancias, se eliminarán aranceles para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.
El acuerdo prevé la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 700 millones de consumidores, equivalente al 20 % del PBI mundial.
La Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur, después de China y por delante de Estados Unidos. Además, constituye una de las principales fuentes de inversión extranjera directa y es el segundo mayor importador global de bienes.
Reforma a la Ley de Glaciares
El oficialismo afrontará el debate sobre la reforma de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial con confianza, aunque a último momento el radicalismo presentó un proyecto alternativo de senadores de la UCR que limita la injerencia de las provincias en la determinación de las zonas protegidas.
Según fuentes parlamentarias citadas por la Agencia Noticias Argentinas, las negociaciones son intensas y apuntan a evitar que fracase la aprobación de la iniciativa, en cualquiera de sus versiones.
La aprobación del proyecto constituye un compromiso asumido por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas que promueven una ley más flexible para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.
En el peronismo, que en su mayoría se inclinaría por el rechazo, podrían registrarse deserciones. Es incierta la posición que adoptarán ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci y Sergio Uñac.
Tanto la iniciativa del Poder Ejecutivo como la alternativa de la UCR procuran redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir explotación económica en determinadas áreas periglaciares actualmente vedadas a actividades extractivas e industriales.
El proyecto del Gobierno introduce una precisión sobre las “formas periglaciares” y propone distinguir entre aquellas que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y recarga de cuencas hidrográficas, y aquellas que no cumplen esa finalidad y podrían destinarse a usos económicos.
De ese modo, no todo el territorio periglaciar quedaría protegido de la explotación, sino únicamente las formaciones con función hídrica comprobable.
La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, compuestas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Se trata de ecosistemas de alta montaña, reservorios de agua dulce cercanos a glaciares, con suelos congelados o saturados de agua, que cumplen un papel clave en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero se habilita la posibilidad de desarrollar proyectos en áreas sin función hídrica acreditada.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización estarán a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
El organismo técnico deberá identificar glaciares y formas periglaciares en todo el territorio nacional y, respecto de estas últimas, diferenciar entre las que cumplen función hídrica y las que no.
Entre las actividades prohibidas, por alterar de modo relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares, se incluyen las que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de infraestructura; exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, se permiten investigaciones científicas, tareas de rescate de emergencia y deportes no motorizados como andinismo y escalada.
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el de la UCR radica en que el primero otorga a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger y cuáles no, así como proponer modificaciones al Inventario Nacional de Glaciares previo informe de evaluación ambiental, mientras que la iniciativa radical concentra esa potestad en el IANIGLA.
La postura oficial se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.
Mientras las provincias mineras e hidrocarburíferas respaldan con firmeza la iniciativa, asambleas ambientalistas y sectores de la Iglesia manifestaron un rechazo contundente. La Comisión Episcopal Argentina expresó su preocupación mediante una carta pública.
Quienes se oponen advierten que la protección de glaciares y zonas periglaciares, estratégicas para la provisión de agua dulce para consumo humano, agricultura y biodiversidad, no debe ceder ante intereses sectoriales de corto plazo.
Estas organizaciones sostienen que la reforma constituye una “regresión ambiental inconstitucional”, ya que, según argumentan, vulnera el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió, y debilita el piso de protección establecido por la ley vigente.
