La industria de la construcción en Argentina atraviesa una crisis profunda que ya provocó la pérdida de 120.000 puestos de trabajo directos, como consecuencia de una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Así lo confirmó Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien describió un escenario de fuerte estancamiento por la “casi total ausencia de inversión pública nacional”.
El dirigente sostuvo que, si bien existe cierto dinamismo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, ese movimiento “no alcanza para compensar la parálisis de los proyectos nacionales”. A ese cuadro se suma un mercado inmobiliario privado que definió como “tranquilo”, ya que los créditos hipotecarios actuales no tienen el volumen necesario para impulsarlo de manera significativa.
En declaraciones a Radio Splendid AM 990, Weiss vinculó la problemática del empleo no solo con el ajuste fiscal, sino también con los riesgos de una apertura económica irrestricta y el avance de la inteligencia artificial. “Estamos ante un gravísimo problema de empleo en el mundo”, afirmó, al plantear la tensión entre el derecho del consumidor a acceder a precios bajos y la necesidad de sostener los puestos de trabajo locales.
En ese sentido, advirtió que es “muy difícil competir” con potencias como China, que operan con costos subsidiados y volúmenes que la industria nacional no puede igualar. “Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, expresó.
Finalmente, Weiss se refirió a la tensión entre el Gobierno y grandes grupos industriales, luego de las críticas oficiales a empresas como Techint y Aluar. El dirigente diferenció entre eficiencia empresarial y condiciones de competitividad, al señalar que, si bien las compañías ineficientes podrían no subsistir en un esquema de macroeconomía ordenada, “es imperativo proteger a las que sí lo son”.
“Las compañías eficientes hay que defenderlas”, sostuvo, al cuestionar los ataques mediáticos y advertir que una apertura sin matices podría agravar las consecuencias sociales. “El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio se perdió el 30% de la mano de obra”, concluyó.
