Como se venía anticipando desde hace meses, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó en la última reunión del consejo directivo del organismo el plan de retiros voluntarios con el cual el Gobierno de Javier Milei pretende desprenderse de 1500 trabajadores y trabajadoras. La convocatoria se hará en un plazo de treinta días corridos a partir del 1° de abril de 2026.
La decisión se tomó en la reunión de Consejo Directivo mediante el Acta 611, según consignó el medio Bichos de Campo. Allí se acordó entre los consejeros del sector público y los representantes de las entidades rurales y las universidades que “la Dirección General de Administración del INTA deberá llevar a cabo un Sistema de Retiro Voluntario para el Personal alcanzado por la Ley 25.164”.
El Personal alcanzado es el de planta permanente con un mínimo de tres años de antigüedad en calidad de agente de planta permanente del INTA y una edad menor a los sesenta y cinco años al 31 de marzo de 2026.
La indemnización será determinada a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses en el desempeño de relaciones de empleo público de conformidad con las categorías de revista previstas en la Ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, de conformidad con el registro obrante en el legajo personal.
Este monto regirá para el personal con hasta 60 años cumplidos al 31 de marzo de 2026. Desde los 61 años y los 63 años inclusive cumplidos al 31 de marzo de 2026, en cambio, se percibirá una indemnización calculada de conformidad con el punto inicial (es decir 1,5 salarios) con el límite máximo del equivalente a 24 haberes brutos.
Cumplidos los 64 años al 31 de marzo de 2026 el límite de indemnización sobre el cálculo inicial se limitará al equivalente a 12 haberes brutos.
El pago de estos montos indemnizatorios será “total en una sola vez”, y “el personal que acceda al retiro voluntario no podrá ser designado en planta permanente o transitoria, ni incorporado bajo ninguna modalidad de contratación, con o sin relación de dependencia, en los organismos del Sector Público Nacional por el término de cinco años contados a partir de la fecha de cese”.
