Tres diputados del bloque de diputados provinciales del Frejupa presentaron un proyecto de ley que propone la creación de un “Régimen de Representación Profesional” para el personal policial de La Pampa. Por ley, la Policía no puede sindicalizarse. Con esta iniciativa, el objetivo es garantizar un espacio para canalizar cuestiones laborales. Hace 12 años, hubo policías de la provincia que se acuartelaron en reclamo de mejoras salariales y laborales.
La autora de la iniciativa es Patricia George. Es acompañada por César Montes de Oca y María Luz Alonso. “La representación profesional fortalece la institucionalidad de la policía”, dijo George a Diario Textual. “La ausencia de sindicalización no puede traducirse en ausencia de representación. Institucionalizar ámbitos de diálogo fortalece la profesionalización de la fuerza, mejora las condiciones de trabajo y contribuye a una mejor seguridad pública”, expresó. “Este proyecto no es una sindicalización”, aclaró.
La intención es crear un Consejo Provincial de Representación Profesional del Personal Policial de La Pampa, como órgano institucional de carácter consultivo y representativo del personal policial en actividad.
Según dijeron, ese consejo tendrá naturaleza no sindical, carecerá de facultades de acción directa y no podrá ejercer el derecho de huelga ni adoptar medidas que afecten la continuidad del servicio esencial de seguridad pública.
El funcionamiento del Consejo será compatible con lo establecido por la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana Nº 3469, la NJF 1034/80 y la NJF 1064/81 de la Provincia de La Pampa, y demás normativas vigentes en materia disciplinaria y estatutaria, prevaleciendo el principio de continuidad del servicio esencial de seguridad pública y ciudadana.
El consejo tendrá por objeto canalizar institucionalmente las inquietudes y propuestas del personal policial vinculadas a:
a) Régimen escalafonario y carrera profesional
b) Condiciones generales de trabajo
c) Salud y seguridad laboral
d) Riesgos físicos y psicosociales derivados de la función
e) Infraestructura, equipamiento y condiciones edilicias
f) Régimen previsional y retiro
g) Capacitación y formación continua
Según dijeron, el consejo emitirá recomendaciones y dictámenes que deberán ser considerados de “manera fundada” por el Ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de la Comisión para la Evaluación de las Condiciones Laborales del Personal Policial, contemplada en el artículo 31 de la Ley N° 3469.
Estará integrado por representantes del personal policial en actividad, elegidos por voto directo, secreto y obligatorio del personal de cada escalafón.
Argumentos
La diputada provincial Patricia George es una de las autoras del proyecto de ley que propone la creación de un Régimen de Representación Profesional del Personal Policial.
– ¿Cuál es el objetivo central del proyecto que impulsa en la Legislatura?
– El proyecto busca crear un Régimen de Representación Profesional del Personal Policial en la provincia de La Pampa. Partimos de una idea sencilla: la ausencia de sindicalización en las fuerzas de seguridad no puede traducirse en ausencia de representación. Nuestro objetivo es generar un mecanismo institucional de diálogo, que permita canalizar inquietudes laborales y profesionales del personal policial sin alterar la estructura jerárquica ni la operatividad del servicio.
– ¿Cómo se compatibiliza esta propuesta con el carácter especial de la función policial?
– La Policía cumple una función esencial del Estado y se organiza sobre principios muy claros: jerarquía, disciplina, subordinación funcional y continuidad del servicio. Justamente por eso el proyecto no plantea una sindicalización clásica ni habilita medidas de acción directa como la huelga. Lo que proponemos es un órgano de representación profesional con carácter consultivo, plenamente compatible con la cadena de mando.
– ¿Cómo definiría el contexto del proyecto?
– La Argentina ha ratificado convenios internacionales, como el Convenio 87 y el Convenio 98 de la OIT, que reconocen la libertad sindical y la negociación colectiva. Estos instrumentos permiten que cada Estado determine el alcance de esos derechos para las fuerzas armadas o de seguridad, pero también señalan que deben existir mecanismos adecuados de representación profesional.
– Existen experiencias internacionales en este sentido. ¿Se tomaron como referencia?
– Sí. Hay varios países que han desarrollado modelos de representación profesional policial sin habilitación de huelga. Podemos mencionar las asociaciones profesionales policiales en España o las Police Federations en el Reino Unido. Estos sistemas funcionan dentro de estructuras jerárquicas y no han afectado la disciplina institucional. Por el contrario, han contribuido a mejorar la comunicación interna y la profesionalización de las fuerzas.
– ¿Qué impacto institucional podría tener esta ley si se aprueba?
– Creemos que tendrá un impacto positivo. La institucionalización del diálogo previene conflictos, mejora la transparencia y fortalece la legitimidad interna de la fuerza. Además, reconoce la dignidad laboral de quienes cumplen una tarea compleja y riesgosa para garantizar la seguridad pública. Un Estado fuerte no es el que suprime derechos, sino el que los organiza dentro del marco constitucional. Por eso entendemos que este proyecto fortalece tanto a la institución policial como al sistema democrático.
– ¿Cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a sus pares legisladores?
– Que acompañen esta iniciativa pensando en el fortalecimiento institucional. Garantizar una representación profesional para el personal policial no debilita al Estado ni a la fuerza, sino que contribuye a su profesionalización, a la prevención de conflictos y a la mejora del servicio público de seguridad que brindamos a toda la sociedad pampeana.
El acuartelamiento de 2013
Los policías pampeanos, por ley, no pueden sindicalizarse. Eso provoca que no tengan voz en los reclamos salariales y laborales. En 2013, algunos explotaron: se autoconvocaron y se acuartelaron. La revuelta duró poco mas de un día.
En ese momento, el gobernador Oscar Jorge y sus funcionarios minimizaron el reclamo. Sin embargo, en la noche del 11 de diciembre de 2013, la situación se agravó: policías, junto a sus familiares, se manifestaron en la Casa de Gobierno. Pidieron reunirse con el gobernador o el ministro, pero los recibieron funcionarios de segunda línea. Allí les dejaron un petitorio: reclamaron aumentos salariales; que se paguen más rápido los adicionales; y exigieron el descabezamiento de la cúpula de la fuerza de seguridad, entre otros puntos.
Como no tuvieron una respuesta inmediata a sus reclamos, decidieron avanzar hacia la plaza San Martín. Allí, un grupo, envalentonado, decidió seguir hasta la Jefatura de la Policía.
Pasadas las 23 horas, el sargento ayudante Carlos Daniel Mendibe, los cabos primero Fernando Alberto Rolhaiser, Julián Giménez y Luis Horacio Bruno, y el agente Diego Hernán López ingresaron junto a otros policías -algunos con armas– en forma violenta al interior de la Jefatura de la Policía -hubo hasta trompadas entre comisarios y los cabecillas de la revuelta- y luego a las oficinas del Cecom, donde funcionaba el 101. Posteriormente tomaron tres comisarías.
Con esa acción dejaron por 27 horas sin cobertura de seguridad a la capital pampeana -el control quedó casi exclusivamente a cargo de oficiales– y al tomar el Comando Radiofónico desactivaron el teléfono 101, número al que se comunican los habitantes para reclamar la presencia de policías ante hechos delictivos.
En total presentaron un petitorio con doce puntos. Parte de esos reclamos, como las mejoras salariales, finalmente les fueron otorgados por el Gobierno de Oscar Jorge a todos los policías. Por eso, son respetados por gran parte de la fuerza policial.
También solicitaron poner fin a las normas que regían a la Policía y que venían de la última dictadura militar. Un reclamo que luego se intentó saldar con la ya vigente Ley de Seguridad Ciudadana.
“El reclamo -dicen otros oficiales aún dentro de la fuerza– era legítimo, aunque repudiamos las formas: tomaron comisarías a la fuerza, golpeando a compañeros o superiores, y hasta cortaron la línea de comunicación de la población 101”.
Al principio se pretendió juzgar a 14 policías que habían organizado la medida de fuerza. En 2018, finalmente, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa condenó a cinco de los cabecillas por el delito de sedición. Fueron sentenciados a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un tiempo doble del de la condena.
