Especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas criticaron la reciente reforma legislativa que reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años y argumentaron que la medida viola tratados internacionales, estigmatiza a las adolescencias y no resuelve los problemas de seguridad.
A fines de febrero, el Congreso de la Nación sancionó una ley que modifica el régimen penal juvenil y reduce la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) fue contundente: “La reforma es inconstitucional, regresiva y contradice las recomendaciones del derecho internacional”.
Los votos de los pampeanos en el Senado, a favor de esta reforma, fueron de Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (Pro) y en contra el senador, Daniel Pablo Bensusán (UxP). Mientras que en Diputados, los votos a favor fueron de Martín Ardohain (Pro) y Adrián Ravier (La Libertad Avanza), mientras que en contra fueron los de Varinia Lis Marin; Ariel Rauschenberger y Abelardo Ferrán (Unión por la Patria – La Pampa).
¿Qué cambió y por qué es un problema?
“Hasta ahora, la ley 22.278 establecía que las personas adolescentes sólo podían ser sometidas a un proceso penal a partir de los 16 años. Quienes cometían un delito siendo menores de esa edad eran considerados ‘no punibles’, aunque esto no implicaba que el Estado quedara al margen. ‘El Estado puede y debe intervenir, pero a través del Sistema de Protección Integral de Derechos, con políticas públicas, medidas socioeducativas o restaurativas’”, aclaró el informe del organismo universitario y sostuvo que estas herramientas no punitivas han demostrado ser más efectivas para reducir la conflictividad social que la sanción penal.
El argumento del Observatorio se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22): “En su Observación General N° 24, el Comité de los Derechos del Niño fue explícito: los Estados que ya tienen una edad mínima elevada (como 15 o 16 años) no deben reducirla en ninguna circunstancia, ya que eso constituye un retroceso en los estándares de protección. Al bajar la edad a 14 años, Argentina incumple ese mandato y se expone a ser responsable ante la comunidad internacional”.
El informe aseguró que el contacto de niñas, niños y adolescentes con el sistema penal es “intrínsecamente perjudicial y dañino” y “la criminalización temprana genera un efecto estigmatizante en una etapa clave de formación de la identidad, dificulta la reinserción social y condiciona el acceso futuro a la educación y el trabajo”.
“Lejos de mejorar la seguridad, la evidencia muestra lo contrario. Experiencias de países de la región que bajaron la edad de punibilidad dieron como resultado mayores niveles de reincidencia y carreras delictivas más largas. El argumento de la seguridad y eficacia queda desvirtuado por la realidad empírica”, agregó el documento.
Problema ínfimo
Especialistas también desmontaron el argumento de la urgencia social. Según estadísticas oficiales de la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de niños no punibles (menores de 16 años) que intervienen en delitos graves a nivel federal es ínfima. Por lo tanto, habilitar la intervención penal a los 14 años es una respuesta desproporcionada y desconectada de la realidad.
Incluso en La Pampa, donde rige desde 2023 la Ley 3353 de Procedimiento Penal para Adolescentes —una normativa alineada con los estándares internacionales—, el sistema ya contaba con herramientas para abordar la conflictividad juvenil sin recurrir al encierro punitivo.
Para el Observatorio de la UNLPam, la reforma prioriza el castigo por encima de los fines socioeducativos que deben orientar cualquier régimen penal juvenil. “Encerrar a niños de 14 años no resuelve los problemas de fondo”, añadió el estudio, y advirtió que la decisión legislativa responde más a presiones de la opinión pública que a datos ciertos y a una comprensión integral del fenómeno del delito en la adolescencia.
