Este lunes arrancó el paro de una semana de los universitarios. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió un plan de paros progresivos para todo el semestre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y para exigir que el Gobierno nacional convoque de manera “urgente” a paritarias.
La primera medida de fuerza comenzó este lunes 15 y se extenderá hasta el viernes 20. Además, el gremio adelantó que habrá nuevas medidas de protesta durante las semanas del 20 de marzo y del 27 de abril, junto con la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria prevista para el 23 de abril.
En la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se descuenta una alta adhesión a la medida. El paro es impulsado por la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y cuenta con el acompañamiento de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de La Pampa (Apulp).
Los gremios sostienen que los salarios docentes registran una pérdida del 34% en términos reales desde noviembre de 2023. Además, advirtieron que el presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025, lo que impacta en el funcionamiento de las casas de estudio.
En ese contexto, cuestionaron una iniciativa oficial que propone aumentos salariales escalonados del 4,1% en tres tramos, elimina la recomposición correspondiente al período 2023-2024 y suprime la garantía de actualización automática según la inflación del Indec.
Esta sería la tercera vez que el Congreso trata un proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei. La primera ocurrió en 2024, cuando el Congreso aprobó la ley pero el Presidente la vetó. La segunda se produjo en 2025: en esa ocasión, el mandatario volvió a vetarla, aunque el Congreso finalmente revirtió ese veto.
Actualmente, la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra vigente, pero desde el sistema universitario sostienen que no se está cumpliendo. En diciembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento.
Ese mismo mes, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero postergaba su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. El magistrado consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” en esa decisión.
Este fin de semana, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, advirtió a Radio Textual que el sistema universitario público se encamina a un año de fuerte conflicto en 2026, debido a la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, la ausencia de paritarias y la caída del poder adquisitivo de docentes y no docentes.
“El segundo cuatrimestre del año pasado ya anticipábamos que iba a ser conflictivo”, dijo Alpa. Según explicó, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con más de dos tercios en ambas cámaras luego del veto presidencial, pero el Poder Ejecutivo decidió no aplicarla.
“Es algo inconcebible constitucionalmente que alguien no quiera cumplir una ley. El Poder Ejecutivo dijo directamente que no la iba a aplicar y la suspendió, como si tuviera poder para hacerlo”, señaló.