El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa se sumó a una presentación judicial conjunta impulsada por 29 entidades de todo el país para frenar la aplicación de artículos de la nueva Ley de Modernización Laboral Nº 27802.
La acción fue presentada ante el fuero contencioso administrativo federal y solicita el dictado de una medida cautelar para suspender parcialmente la aplicación de la reforma aprobada por el Congreso.
Los colegios argumentaron que los cambios introducidos afectan el ejercicio profesional de la abogacía y el derecho de defensa. En particular, cuestionaron modificaciones en el régimen de honorarios en el fuero laboral, al advertir que podrían habilitar pagos en cuotas o reducciones que impactan en su carácter alimentario.
La demanda, patrocinada por el abogado Alberto Spota, solicita la suspensión de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo reformada. Sostiene que esas disposiciones vulneran garantías constitucionales como el derecho de propiedad, la defensa en juicio y principios establecidos en la Constitución nacional.
Los colegios señalaron que algunos aspectos de la reforma invaden competencias provinciales, como la regulación de costas judiciales, y advirtieron que las nuevas disposiciones podrían generar un efecto disuasivo en el ejercicio de la profesión.