En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Sindicato de Prensa Zona Sur (SiPren) dio a conocer un informe sobre el ataque directo al periodismo y a las y los periodistas de La Pampa.
Además, comunicó, se presentará un video basado en esa síntesis, que será difundido a nivel nacional junto a materiales producidos en distintas provincias, bajo la consigna: “La Pampa no fue una isla”.
Asimismo, se publicará una selección de imágenes vinculadas a la cobertura del juicio por la Subzona 14, como parte del ejercicio permanente de memoria colectiva.
En este contexto de memoria, verdad y justicia —ahora y siempre— recordamos al periodista Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido el 25 de marzo de 1977 en la ciudad de Buenos Aires por un grupo de tareas de la ESMA, un día después de difundir su célebre “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”.
El impacto del Golpe en La Pampa
A 50 años del golpe cívico y militar, el Sindicato de Prensa Zona Sur ensaya una recorrida por aquel terror, que no se olvida ni se perdona.
La última dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 tuvo un impacto profundo en la prensa de la provincia de La Pampa. El control de la información, la persecución a periodistas y la intervención directa sobre medios de comunicación formaron parte de una estrategia más amplia destinada a disciplinar a una sociedad que, hasta entonces, había mostrado una fuerte vitalidad democrática, política y cultural.
Durante años se intentó instalar la idea de que La Pampa había sido una “isla” dentro del terrorismo de Estado. Sin embargo, el proceso de memoria, verdad y justicia y los juicios por delitos de lesa humanidad demostraron lo contrario. Con una población de apenas 172.000 habitantes según el censo de 1970, la provincia sufrió una represión intensa: al menos 248 personas fueron detenidas ilegalmente, 531 trabajadores fueron prescindidos por razones políticas y 67 pampeanos permanecen desaparecidos. Detrás de esas cifras se encuentran historias de militantes sociales, docentes, estudiantes, sindicalistas y también periodistas que fueron perseguidos por su actividad.
Una sociedad movilizada
La represión en La Pampa no se explica solo por la lógica nacional del terrorismo de Estado, sino también por las características políticas y sociales de la provincia en los años previos al golpe. En ese período existía una fuerte impronta democrática y progresista: la universidad mantenía vínculos activos con la sociedad, los gremios tenían un rol protagónico, surgían experiencias de cooperativización en empresas periodísticas y en la Iglesia aparecían sacerdotes vinculados al movimiento tercermundista. El gobierno provincial impulsaba además programas de fuerte contenido social, como el Plan Provincial de Salud Comunitaria.
Ese clima de participación política y social fue percibido por las Fuerzas Armadas como un foco de “subversión”. Por eso, el aparato represivo comenzó a organizarse incluso antes del golpe militar.
Antes del 24 de marzo
La represión en la provincia se estructuró a través de la Subzona 14, la estructura militar encargada del control político y la persecución de militantes, docentes, estudiantes y periodistas. Su organización comenzó antes de la ruptura institucional de 1976 y ya operaba durante el último tramo del gobierno constitucional.
En enero de 1975 se produjeron detenciones de estudiantes que habían ocupado pacíficamente la Universidad Tecnológica Nacional en General Pico para resistir una intervención conservadora. Ese mismo año también fueron detenidos docentes universitarios, médicos vinculados al Plan Provincial de Salud y militantes sociales.
El mundo del periodismo tampoco quedó al margen. Antes del golpe ya habían sido detenidos periodistas como Juan Carlos “Pinky” Pumilla y Raúl D’Atri, que pasó años en las cárceles del sur del país, en el marco de un clima de creciente intimidación hacia los medios de comunicación.
Uno de los episodios más significativos ocurrió el 3 de agosto de 1975, cuando una bomba explotó en la sede del diario La Arena. El atentado se inscribió en el contexto de violencia política que atravesaba el país y evidenció que la prensa pampeana estaba bajo amenaza incluso antes de la instauración formal de la dictadura.
El golpe y el control sobre los medios
El 24 de marzo de 1976 marcó un punto de inflexión. Con el derrocamiento del gobierno constitucional de José Aquiles Regazzoli comenzó una etapa de control directo sobre las instituciones y sobre la circulación de la información.
En la madrugada del golpe fue secuestrado Nelson Nicoletti, director del diario La Capital, que funcionaba como cooperativa de trabajo. Nicoletti permaneció varios años encarcelado y luego salió bajo un régimen de libertad vigilada.
El director del diario La Arena, Saúl Santesteban, también fue detenido durante varios días. A partir de entonces el medio quedó sometido a una vigilancia permanente por parte de las autoridades militares.
La intervención sobre los medios adoptó diversas formas. La Capital quedó bajo control militar directo, mientras que La Arena continuó funcionando, pero bajo estrictos mecanismos de censura. Los periodistas debían enfrentarse a llamados intimidatorios, listas de temas prohibidos, presiones para modificar contenidos y un clima generalizado de vigilancia. En ese contexto, la autocensura se convirtió en una práctica habitual para evitar represalias.
Inteligencia, informantes y control sobre la información
Además de la censura y la vigilancia directa sobre las redacciones, el aparato represivo también contó con redes informales de información vinculadas al ámbito periodístico. Testimonios y reconstrucciones históricas indican que algunos periodistas actuaron como informantes o colaboradores de organismos de inteligencia que operaban en la provincia.
En La Pampa funcionaba una estructura conocida como “Comunidad Informativa”, integrada por representantes de distintos organismos de seguridad e inteligencia que coordinaban acciones represivas y evaluaban situaciones políticas locales. Participaban áreas de inteligencia del Ejército, particularmente el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), junto a la Policía Federal, sectores de la Armada, el Servicio Penitenciario y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Estas reuniones se realizaban en dependencias del Ejército ubicadas en la calle Quintana de Santa Rosa, frente al edificio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Allí se intercambiaba información sobre militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y otros actores sociales, y se analizaban posibles detenciones o medidas de vigilancia.
Según testimonios de la época, esa red también recibía datos provenientes de algunos periodistas que mantenían vínculos con organismos de inteligencia. Este tipo de colaboración no fue un fenómeno exclusivo de La Pampa: investigaciones históricas muestran que prácticas similares existieron en distintos puntos del país durante la dictadura.
Periodistas perseguidos
La represión también alcanzó a periodistas pampeanos fuera de la provincia. Un caso emblemático es el de Liliana Molteni, secuestrada el 13 de junio de 1976 en Lanús Oeste. Semanas después fue asesinada. Pertenecía a una agrupación política. Su historia evidencia que el aparato represivo actuaba a escala nacional y que la persecución no se limitaba al territorio provincial. Hay identificados 67 pampeanos desaparecidos durante la dictadura, en diferentes puntos del país.
El reportero gráfico pampeano Omar Alejandro Olachea fue secuestrado el 19 de mayo de 1976 en un departamento de Córdoba por un grupo armado durante la última dictadura. Fue llevado al centro clandestino La Perla, donde su compañera escuchó sus gritos mientras era torturado. Tenía 26 años y permanece desaparecido. Trabajaba para La Voz del Interior.
El clima de terror afectó profundamente la práctica periodística. Muchos profesionales debieron abandonar su actividad, moderar sus posiciones o adaptarse a las reglas impuestas por el régimen. La prensa pampeana, como en el resto del país, quedó sometida a un sistema de control que restringía la libertad de expresión y limitaba la circulación de información sobre la represión, la crisis económica o las violaciones a los derechos humanos.
El entramado represivo
El plan represivo en la provincia incluyó centros clandestinos de detención y una red de instituciones utilizadas para el secuestro y la tortura de detenidos políticos. Se identificaron al menos seis lugares utilizados con esos fines.
En Santa Rosa funcionaron espacios clave como la Seccional Primera de Policía, la Brigada de Investigaciones y la Seccional Segunda. También se alojaron presos políticos en la Colonia Penal 4 y en la Unidad 13 del Servicio Penitenciario.
En General Pico, la Seccional Primera de Policía operó como centro de detención ilegal. Otros lugares señalados por organismos de derechos humanos incluyen comisarías y destacamentos policiales en Jacinto Aráuz, Catriló, Victorica, La Adela y otras localidades de la provincia.
Este entramado represivo fue articulado por la Subzona 14, estructura militar que dependía del Ejército y que tuvo como uno de sus responsables al militar Fabio Carlos Iriart, quien además fue interventor federal de la provincia tras el golpe.
Memoria, investigación y justicia
Con el retorno de la democracia en 1983 comenzó un proceso de reconstrucción de la memoria histórica. Periodistas e investigadores pampeanos desempeñaron un papel clave en esa tarea. Pumilla fue uno de los fundadores del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, que bregó por justicia desde los albores de la vuelta a la democracia.
Uno de los trabajos más importantes fue el libro Informe 14, publicado por Juan Carlos Pumilla y Norberto Asquini. La investigación reconstruyó el funcionamiento del aparato represivo en la provincia y aportó información fundamental para los procesos judiciales posteriores.
El proceso de justicia avanzó décadas después con los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en La Pampa. Hasta el momento, 16 represores han sido condenados por su participación en secuestros, torturas y desapariciones. Sin embargo, varios responsables murieron antes de ser juzgados o quedaron impunes por falta de pruebas o por razones de salud.
La prensa frente al terrorismo de Estado
El impacto del golpe de 1976 en la prensa pampeana no se limitó a la persecución de periodistas o a la censura de contenidos. También implicó la transformación del sistema informativo en un contexto de miedo y control estatal.
La experiencia de medios cooperativos intervenidos, directores detenidos, periodistas perseguidos y redacciones vigiladas refleja cómo el terrorismo de Estado buscó disciplinar a la sociedad también a través del control de la palabra pública.
A 50 años del golpe, la reconstrucción de esas historias forma parte de un proceso más amplio de memoria colectiva. Recuperar el rol de la prensa durante la dictadura permite comprender no solo la dimensión de la represión en La Pampa, sino también la importancia de la libertad de expresión como pilar de la democracia.