La estructura represiva que operó durante la última dictadura militar en La Pampa comenzó a gestarse incluso antes del golpe de Estado de 1976. Su organización formal se consolidó en octubre de 1975 con la creación de la denominada Subzona 1.4, un esquema militar que colocó bajo control del Ejército a las fuerzas de seguridad provinciales y permitió desplegar operativos contra militantes políticos, docentes y profesionales.
El origen de ese dispositivo se vinculó con la política nacional impulsada en octubre de 1975, cuando el gobierno firmó decretos que habilitaron a las Fuerzas Armadas a intervenir en todo el país para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. A partir de esas normas, el Ejército dividió el territorio nacional en zonas y subzonas operativas.
La Pampa quedó bajo la órbita del Comando de Zona 1, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército con sede en Capital Federal. Dentro de esa estructura se creó la Subzona 1.4, que tuvo como jefe al coronel Ramón Camps, entonces titular del Destacamento de Caballería Blindada 101 de Toay.
Desde ese puesto, Camps encabezó la llamada Comunidad de Información, un organismo integrado por representantes de inteligencia del Ejército, la policía provincial, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario. Su tarea consistía en identificar supuestos “elementos subversivos” y confeccionar listas de personas que podían ser detenidas. También actuaba el sector de Inteligencia del Ejército, en manos del mayor Luis Enrique Baraldini.
El dispositivo represivo comenzó a actuar antes del golpe militar. En noviembre de 1975 se registró una ola de detenciones en Santa Rosa y General Pico. Los operativos estuvieron dirigidos contra médicos del hospital Lucio Molas, docentes universitarios y militantes peronistas y de izquierda.
La madrugada del 13 de noviembre se produjeron los primeros arrestos. Entre los detenidos se encontraban los médicos Roque Alejandro Maffrand, Jorge Irazusta y Alfredo Otálora, además de docentes de la Universidad Nacional de La Pampa. Muchos de ellos quedaron incomunicados y sin causa judicial, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Algunos profesores lograron escapar antes de los procedimientos. La docente de la Facultad de Ciencias Humanas, Ana Gispert Sauch, recordó años después el clima que se vivía en ese momento: “Ya había persecuciones en otros lugares del país. De pronto se comenzó a decir que había un grupo montonero en La Pampa”. Tuvo que escapar apenas comenzaron las razzias para refugiarse en Perú.
Las detenciones continuaron durante los días siguientes con nuevos allanamientos y capturas de docentes, periodistas y estudiantes. En muchos casos los procedimientos se realizaron sin órdenes judiciales. “Se levantaba sin ninguna orden legal, sólo amparados en el decreto de ‘aniquilamiento’”, recordó el profesor Alejandro Socolovsky.
Los hombres arrestados fueron trasladados a la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, mientras que las mujeres quedaron detenidas en la Seccional Primera. Posteriormente varios de ellos fueron enviados a cárceles de máxima seguridad fuera de la provincia, como la de Villa Devoto.
En paralelo, la provincia vivió episodios de violencia y amenazas. En noviembre de 1975 el automóvil del médico Maffrand fue incendiado frente a su vivienda y comenzaron a circular llamados telefónicos y anónimos intimidatorios contra profesionales y militantes sociales. También se colocó un artefacto explosivo en la casa de la docente Cristina Ercoli. Ambos fueron detenidos y la profesora pasó años encarcelada fuera de la provincia.
Aunque se decía que se detenía “subversivos”, nunca hubo comunicados ni información sobre secuestros de armas, por ejemplo.
Las detenciones se extendieron hasta comienzos de 1976 y alcanzaron también a estudiantes universitarios y periodistas. Muchos de los apresados terminaron en cárceles federales junto a miles de presos políticos de todo el país.
La creación y funcionamiento de la Subzona 1.4 formó parte de la preparación del aparato represivo que luego se consolidó con el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Para entonces, el poder político ya se encontraba subordinado al mando militar y la estructura que ejecutaría la represión ilegal estaba plenamente organizada.
Tomado del libro “El Informe 14”, de Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla.