El general Jorge Rafael Videla, que encabezó la dictadura militar desde 1976, estuvo en tres oportunidades de visita a La Pampa, al menos documentadas. Una cuando puso en funciones a lo que sería la plana mayor de la Subzona 14, en 1976 como presidente de facto y en 1992, cuando se dejó fotografiar sin problemas luego de los indultos.
El primer registro oficial que se tiene de su presencia en La Pampa fue en diciembre de 1976. En esa oportunidad hubo un cambio institucional que si bien tuvo su importancia no tuvo mayor relevancia en su momento para la mayor parte de la sociedad pampeana. El día 18 en la sede del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 asumió el coronel Ramón Camps. El acto fue presidido por un oficial delgado y de bigotes poco conocido, el segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, el general de Brigada Jorge Rafael Videla.
Camps, un hombre de gruesas cejas y calvo, se convirtió desde entonces en el jefe militar pampeano. Junto a él llegarían el resto de los oficiales, como el capitán Luis Enrique Baraldini, que luego se convertirían en octubre de 1975 en el Comando Subzona 14 y comenzarían las razias en la provincia contra docentes, médicos y militantes políticos en el marco de la llamada “lucha contra la subversión”.
El 20 y 21 de octubre de 1976 Videla estuvo nuevamente en La Pampa. Ya se había convertido en el dictador de la Argentina luego del golpe de Estado contra el gobierno constitucional. Y estaba en pleno desarrollo la maquinaria del terror.
Videla hizo una gira por la Patagonia: estuvo en Neuquén, Río Negro y luego en Santa Rosa y General Pico. No aceptó preguntas de la prensa, por lo que La Arena publicó ese día en la plana mayor una columna dando su posición y haciendo algunas peticiones. Allí hablaba la cuestión de los recursos hídricos y de la posibilidad de un acueducto. Pero también se aprovechaba, en épocas de autocensura de los medios, para reclamar por las víctimas. “La Pampa, felizmente, ha sido una de las pocas provincias ajenas al drama de la subversión. No obstante, ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, dos de ellos periodistas (Raúl Celso D’Atri y Nelson Nicoletti detenidos en ese momento en la cárcel de Rawson), permanecen privados de su libertad y a disposición del Poder Ejecutivo, ignorándose concretamente qué cargos pesan sobre ellos. Transcurridos entre siete y once meses del momento de la detención, tiempo más que suficiente para reunir los antecedentes del caso, sería deseo general se instruyan los respectivos procesos que determinen el grado de culpabilidad o inocencia de los arrestados o, en su defecto, se disponga el cese de las detenciones”. Además, la Copdrip entregó un memorial en reclamo del río Atuel.
Videla fue recibido en la municipalidad donde se le entregó las llaves simbólicas de la ciudad, estuvo en Casa de Gobierno donde habló con el gobernador y los ministros, y luego tuvo varias audiencias. Habló en la Legislatura con dirigentes de la Cámara de Comercio de la capital y de Cicar de General Pico y con los de las asociaciones rurales de Santa Rosa, General Pico, General Acha, Eduardo Castex, Ingeniero Luiggi, del Sudeste y del Oeste pampeano. En el edificio de la Cámara de Diputados saludó a los directores de los medios periodísticos de la provincia.
El jueves 21 estuvo en General Pico. También estuvo en la municipalidad donde fue recibido por representantes de “las fuerzas vivas”. Visitó además la fábrica de Luna Hermanos en la calle 32, para observar la fabricación de bulones. Luego tuvo un almuerzo en su honor organizado por Cicar y Corpico.
Atentado y resistencia
Hay dos hechos a rescatar que no figuraron en la crónica periodística. Uno el supuesto “atentado” contra Videla. Mientras estaba a las 11.45 recorriendo la fábrica Luna Hermanos, al exigírsele a los propietarios que desde media hora antes trabajaran a pleno, explotó el tendido eléctrico. Esto alarmó a la custodia del dictador. En el archivo del Juzgado Federal de Santa Rosa figura una causa, 642/76, abierta por la Unidad Regional piquense por “supuesto sabotaje” ante el corte de energía. Todas las máquinas quedaron paralizadas delante de Videla cuando saltaron los seis fusibles. Dirigentes históricos del peronismo piquense afirmaron que en las horas posteriores fueron detenidos varios sindicalistas por ese hecho y fueron interrogados.
Se debe mencionar otro hecho menor sucedido en General Pico, aunque no tenga relación con la visita del dictador. Luego del caso de Luna Hermanos quedó sensibilizada la policía local. Y de esto da cuenta un pequeño caso de “resistencia” a la dictadura. El 19 de noviembre de 1976 el gobernador de facto, el general Carlos Enrique Aguirre Arrieta, estaba comiendo en el restaurant El Rancho de la calle 7 cuando aparecieron desperdigados en la vereda volantes que decían escritos sobre papel: “¡Ojo gorilas que Isabel es nuestra bandera!”. Nuevamente la policía se alarmó y la Justicia Federal abrió otro expediente, el 637/76 para intentar hallar a los culpables.
La impunidad
Videla fue juzgado y condenado por violaciones a los derechos humanos en el Juicio a las Juntas de 1985 junto a otros jerarcas de la dictadura militar. Pasaron entonces las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el 29 de diciembre de 1990, en el marco de la “reconciliación” planteada por el presidente Carlos Menem, el dictador fue indultado por el decreto 2741 junto a Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini.
El 12 de febrero de 1992, los medios fueron avisados de que en el restaurant del ACA estaba almorzando Videla junto a su esposa, Alicia Hartridge, de paso hacia el sur del país. El ex dictador, sentado en la mesa a cara descubierta, no quiso dar una entrevista, aunque no se opuso a que le sacaran la fotografía que se publicaría al día siguiente en la tapa de La Arena. Fue su tercera visita documentada a La Pampa.
En 1998 volvió a quedar detenido por sustracción de menores durante la dictadura militar, luego que un juez determinara que ese crimen era de lesa humanidad. Luego de unos cuarenta días le concedieron el arresto domiciliario por su edad. Con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final recomenzaron los procesos en su contra por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos en varios puntos del país. En 2008 perdió el beneficio del arresto domiciliario y fue internado en la base militar de Campo de Mayo.
Su última cadena perpetua fue dictaminada el año pasado por robo de bebés. Fue trasladado de Campo de Mayo a la cárcel común de Marcos Paz. A los 87 años murió preso y condenado.
Tomado del libro “El Informe 14”, de Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla.
Fotos de la Fototeca Bernardo Graff