Leandro Altolaguirre, docente e integrante de la Asociación Alihuen y Fundación Chadileuvú, manifestó su rechazo a la modificación de la ley de Glaciares y aseguró que la normativa actual “establece límites razonables para resguardar un bien común estratégico como el agua”.
Quien fuera también intendente de Santa Rosa hizo pública su posición y lamentó que no pudiera participar de la audiencia pública de manera virtual. “En consecuencia, y bajo protesta, dejo por escrito la presente exposición”, expresó.
“En primer lugar, corresponde situar el debate en su verdadera dimensión. Cuando hablamos de la Ley de Glaciares, estamos, en esencia, refiriéndonos a la protección y defensa del agua de todos los argentinos. En efecto, los glaciares alimentan 36 cuencas hídricas que atraviesan gran parte del territorio nacional y abastecen de manera directa a más de siete millones de personas. Por lo tanto, cualquier modificación normativa en esta materia tiene implicancias estructurales sobre la seguridad hídrica y el bienestar colectivo”, sostuvo Altolaguirre.
Y agregó: “La normativa vigente no constituye un obstáculo para el desarrollo minero. Por el contrario, se trata de una ley pionera que establece límites razonables para resguardar un bien común estratégico como el agua. Sin embargo, la reforma en discusión parece orientarse hacia una protección fragmentada, lo cual podría comprometer la disponibilidad hídrica en distintas regiones del país”.
“En este sentido, la evidencia científica disponible resulta concluyente: los glaciares están en retroceso, y dicho fenómeno ya genera impactos concretos en las economías regionales, particularmente en aquellas actividades que dependen de la estabilidad de los recursos hídricos”, destacó el profesor en Hidrología.
Altolaguirre afirmó que resulta pertinente vincular este debate con el marco normativo más amplio en materia climática: “La Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, en su artículo 22, menciona explícitamente a los glaciares y al ambiente periglacial, estableciendo la necesidad de fortalecer su protección y de profundizar el estudio de los riesgos que enfrentan estos ecosistemas en el contexto del cambio climático. En consecuencia, avanzar en una reforma que debilite estos estándares implicaría una contradicción con los compromisos ya asumidos por el propio Estado”.
“Por otra parte, debe subrayarse la importancia de la coordinación interjurisdiccional. Los recursos naturales, y en particular el agua, no reconocen fronteras administrativas; por ende, su gestión requiere acuerdos entre provincias, como los comités de cuencas (COIRCO), que permitan una planificación integral y sostenible. No es menor recordar que fueron las propias provincias, a través de sus representantes en el Congreso, quienes aprobaron oportunamente la Ley de Glaciares, reconociendo su valor estratégico”, añadió.
También manifestó su preocupación en que la reforma propuesta implique un recorte del ecosistema a proteger y que, además, sustituya la función del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (principal referencia científica en la materia) por decisiones de funcionarios públicos provinciales. “Esta modificación podría debilitar el sustento técnico de la política pública y abrir la puerta a criterios discrecionales”, argumentó.
“En suma, lejos de representar un avance, la reforma en tratamiento podría significar un retroceso en la protección de un recurso vital. Por ello, se torna imprescindible sostener y fortalecer los estándares vigentes, garantizando una gestión basada en evidencia científica, coordinación federal y compromiso con las generaciones presentes y futuras”, concluyó Leandro Altolaguirre.