El Gobierno de Javier Milei oficializó cambios en el régimen que permite compensar deudas entre el Estado nacional y las provincias, con el objetivo de avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas. A través del Decreto 171/2026, se amplían plazos clave y se habilita la incorporación de nuevas jurisdicciones al sistema.
Por lo pronto, La Pampa aún espera acordar. El Gobierno Nacional mantiene una deuda con nuestra provincia por al menos $400.000 millones de pesos, compuesta mayoritariamente por incumplimientos en el financiamiento previsional y paralización de obras públicas. El gobernador Sergio Ziliotto reclama estos fondos para garantizar el equilibrio fiscal. Ha ofrecido, a cambio de esa deuda o parte de esa deuda, el traspaso de las rutas nacionales y el Procrear. La última reunión fue hace casi diez días, con el ministro del Interior, Diego Santilli.
La medida de Milei modifica el esquema creado por el Decreto 969/2024, que estableció un mecanismo para cancelar obligaciones recíprocas mediante acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el nuevo texto, las jurisdicciones que no se hayan adherido tendrán ahora 60 días hábiles para sumarse al régimen.
Además, el Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para presentar la documentación que respalde las deudas y acreencias a incluir en el programa. Esto permitirá avanzar en nuevas negociaciones y ampliar los acuerdos ya firmados, en un contexto donde aún quedan obligaciones por compensar.
El decreto también establece cambios en el proceso de validación de las deudas. Tanto el Estado nacional como las provincias serán responsables de presentar y respaldar la información, mientras que se prevé una instancia de negociación de hasta 180 días en caso de diferencias entre las partes.
Por último, se delimitó la intervención de organismos como la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General, que solo actuarán en casos donde existan litigios judiciales o arbitrales. Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca acelerar acuerdos y consolidar el ordenamiento fiscal en todo el país.