El diputado provincial Hernán Pérez Araujo expuso en la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares y cuestionó con dureza el proceso de audiencia pública. “Es un simulacro sin participación ciudadana”, lanzó.
“Más de 100 mil argentinos y argentinas se inscribieron y apenas un puñado pudo hablar. Es un mecanismo arbitrario que viola la ley y la Constitución”, afirmó el legislador pampeano, quien además recordó que presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal de Santa Rosa.
Pérez Araujo advirtió que la iniciativa en debate “no modifica la ley de glaciares, la deroga de hecho”, al permitir que cada provincia habilite actividades en zonas protegidas. “Están avanzando sobre un sistema de protección ambiental para favorecer intereses económicos, afectando incluso a otras provincias”, sostuvo.
En ese sentido, vinculó el debate con la histórica situación de La Pampa. “A nuestra provincia le robaron ríos como el Atuel y el Salado. No vamos a permitir que, bajo el pretexto del progreso, se profundice un ecocidio que ya nos costó la desertificación de un millón y medio de hectáreas”, dijo.
El diputado también cuestionó el argumento oficial sobre la generación de empleo. “No queremos que, bajo el pretexto del progreso y de la creación de fuentes de trabajo, terminen con el ecocidio que se está llevando adelante en nuestro país, que está haciendo perder mucho más empleo de lo que va a generar la actividad minera…”, resaltó.
Asimismo, remarcó la ausencia de legisladores nacionales oficialistas por La Pampa en la audiencia. “Esta no es una discusión partidaria, es una cuestión de Estado para nuestra provincia”, dijo.
“Esta ley es inconstitucional y va a ser judicializada. No convalidamos este proceso ni este simulacro. Están avanzando contra el ambiente y contra el federalismo”, finalizó.
Qué dijo Basso
Más temprano, la secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, expuso en la Cámara de Diputados de la Nación. “Modificar la ley no es solo un cambio normativo más ni una decisión neutra, sino que estamos hablando de qué pasa con el agua que llega o deja de llegar a nuestro territorio”, dijo. “No hay que mirar esta reforma con ingenuidad”.
“No es constitucional, ético ni responsable flexibilizar la protección de nuestros glaciares”, sostuvo. “Defenderlos no es oponerse al desarrollo, sino garantizar que ese desarrollo sea sostenible”, aclaró.
“En La Pampa el 70% de la población depende del agua del río Colorado, el único activo en el territorio provincial formado por la confluencia de los ríos Grande y Barrancas, alimentados por ambientes glaciares y periglaciares”, recordó.
“Y acá aparece un punto clave: la interjurisdiccionalidad. Los ríos no reconocen límites políticos y las decisiones que se toman en las nacientes impactan en los territorios aguas abajo. Por eso la necesidad de reglas comunes. Debilitar este marco es poner en riesgo la equidad territorial”, advirtió.
Las audiencias
Este miércoles comenzaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. Continúan este jueves.
El proyecto de ley que modifica el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue aprobado por el Senado con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.
Con las modificaciones, el Gobierno nacional busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”.
Sin embargo, organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió, y advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.
Qué dice la Ley de Glaciares
La ley -sancionada en 2010– define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña, zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva de agua.
En el artículo 6, la ley prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el manejo de sustancias tóxicas.
Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada cinco años como máximo. Esta tarea está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), organismo dependiente del Conicet.
Qué pretenden cambiar
Uno de los puntos clave de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley vigente ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo proyecto acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.
El proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.
Especialistas advierten que esto atenta contra el artículo 41 de la Constitución nacional, que otorga al Congreso la potestad de dictar leyes de presupuestos mínimos ambientales, es decir, fijar una protección mínima nacional que las provincias no pueden reducir.
Con estos cambios, se revertiría la lógica de los presupuestos mínimos, ya que el piso lo fijarían las provincias según el aporte de agua dulce que consideren relevante. Esto podría generar conflictos interjurisdiccionales por el acceso al agua.
Los defensores de la reforma sostienen que la protección actual del ambiente periglacial es demasiado amplia e “indefinida”, lo que habilita bloqueos a proyectos mineros incluso en zonas donde no habría recursos hídricos significativos.