El Gobierno nacional continúa con la venta de terrenos ferroviarios y ahora avanza incluso sobre estaciones. La medida alcanza a unas 11 hectáreas en Lonquimay. Parte de esas tierras están explotadas, a través del alquiler por la empresa acopiadora de cereales Lartirigoyen, ACA y otras tres firmas locales, por lo que se descuenta -como ya ocurrió con terrenos en otro pueblo pampeano, Sarah– que quedarán en sus manos.
En 2024, el Gobierno nacional puso en venta dos terrenos en La Pampa, ambos ubicados junto a las vías del ferrocarril: uno en Sarah -donde funciona una planta de acopio de cereales de Louis Dreyfus Company– y otro de 27 hectáreas en la calle Camino del Centenario, en Santa Rosa, próximo a donde se proyecta la nueva terminal de ómnibus.
Ahora, según publicó el portal En El Subte -vinculado al gremio ferroviario-, le llegó el turno a Lonquimay. En concreto, se desafectaron 115 mil metros cuadrados del cuadro de la estación Lonquimay, ubicada en el departamento Catriló. La estación era, hasta hace una década, una de las paradas intermedias del servicio de pasajeros Catriló – Santa Rosa, uno de los 12 ramales cerrados durante el macrismo. Al igual que en el primer caso, el predio estaba bajo concesión de Ferroexpreso Pampeano (Fepsa).
La política de desafectación y venta de terrenos ferroviarios fue duramente objetada en las últimas semanas por el sindicato de maquinistas La Fraternidad, que en un comunicado denunció que “el organismo que debería administrar los ferrocarriles se convierte en una gran inmobiliaria, mientras que el país se queda sin trenes”. Ya suman 12 los servicios de pasajeros suprimidos en los últimos dos años.
Las ventas proyectadas por el Gobierno nacional implican una profundización de las realizadas entre 2015 y 2019. En ese período se vendieron importantes predios en Capital Federal, como playa Colegiales, playa Palermo y la playa de Empalme Norte, en todos los casos con destino a emprendimientos inmobiliarios premium.
Las operaciones fueron cuestionadas por informes de la Auditoría General de la Nación (AGN): el organismo detectó errores de cálculo, ventas por debajo del valor de mercado y otras irregularidades.
Al menos en ese entonces, las subastas podían justificarse en la necesidad de generar recursos para sostener la ejecución de proyectos de transporte, como los viaductos del Mitre y el San Martín o el Paseo del Bajo. Otras desafectaciones, como las de Sáenz, Estación Buenos Aires o Mendoza, se vincularon con proyectos de vivienda como los barrios Procrear.
En contraste, actualmente no ocurre ninguna de esas situaciones: la venta de estos terrenos apunta a un fin recaudatorio, sin que exista obligación de reinvertir los fondos en la infraestructura ferroviaria que el sistema necesita.
Las ventas de terrenos se dan al mismo tiempo que el Gobierno nacional acelera la privatización del sistema ferroviario, proceso que ya comenzó con la estatal Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL) y que también avanza sobre Trenes Argentinos Operaciones (Sofsa). El proceso no contempla obligaciones para el sector privado en materia de inversión en infraestructura.