La Fiscalía General de la II Circunscripción del Ministerio Público Fiscal, con asiento en General Pico, logró en el plazo de un mes esclarecer una estafa por más de 20 millones de pesos, detener a los tres responsables, obtener sus condenas y concretar el recupero total del dinero sustraído a la víctima.
El caso se resolvió mediante un juicio abreviado presentado el 13 de marzo de 2026. En ese marco, la jueza de control, Ana Laura Ruffini, dictó sentencia y condenó a tres hombres oriundos de La Matanza (Buenos Aires) por el delito de estafa.
La investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto Matías Emilio Juan, mientras que la querella fue representada por el abogado Ramiro Llanos.
Las penas impuestas fueron diferenciadas. Julián Ezequiel Núñez recibió un mes de prisión de cumplimiento efectivo y fue declarado reincidente; Facundo Ezequiel Cáceres fue condenado a seis meses de prisión en suspenso; y Brian Ezequiel Soler recibió un mes de prisión de ejecución condicional.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2026, por la tarde, en la firma GP Metalizados, ubicada en el parque industrial de General Pico. El empresario Marcelo Faruelo fue engañado mediante una maniobra fraudulenta en la que los autores se hicieron pasar por obreros de la construcción y supuestos responsables de una empresa de hormigón.
Bajo esa fachada, ofrecieron materiales y mano de obra a precios muy por debajo del mercado, lo que permitió que el damnificado realizara transferencias por un total de 20.800.000 pesos a distintas cuentas vinculadas a los imputados.
Los tres acusados fueron aprehendidos al día siguiente, cuando intentaban ingresar al estadio La Bombonera, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para presenciar un partido de fútbol.
Durante el proceso, los imputados asumieron su responsabilidad penal, asesorados por sus defensores, los abogados Carlos Pedro Febre y Joaquín Gómez, y acordaron con la Fiscalía las penas.
Además, devolvieron la totalidad del dinero sustraído en concepto de indemnización por el daño material y moral, lo que permitió la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima. El emrpesario manifestó su plena conformidad con la resolución del caso.