Todo ocurrió en el mismo día. Fue el 17 de diciembre del año pasado, bien temprano, a las 8 de la mañana. Eva Clarisa M., una mujer de 33 años, iba en una moto Motomel junto a un joven de 19 años cuando, al divisar a un hombre –un vendedor ambulante también de 33 años– sobre la calle Varela, en Santa Rosa, y sin mediar palabras, comenzaron a agredirlo con una cadena y escaparon.
Doce horas después, la escena se repitió. Montenegro circulaba en una moto de mayor cilindrada junto a Isaías N. (43 años) por la calle Chile y, cuando observó a la víctima caminando, le dijo: “sacá el fierro, sacá el fierro”. En esas circunstancias, la agresora tomó el arma que N. tenía en la cintura y, con ella en la mano, le dijo a una persona que observaba los hechos desde la vereda: “Si llamás a la policía, ya sé dónde vivís, te voy a romper todo”. Mientras ello ocurría, el vendedor ambulante escapó corriendo.
Por ambos hechos, el juez de control Carlos Ordás condenó a M. a un año de prisión de cumplimiento efectivo –declarándola reincidente– como autora de los delitos de amenazas con arma de fuego en concurso real con lesiones leves, y a N. a seis meses efectivos por ser partícipe necesario del delito de amenazas con arma de fuego (además, también fue declarado reincidente).
La primera tenía condenas previas por tentativa de hurto, robo y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego; mientras que al segundo se le había dictado en 2006 una pena unificada de 16 años de prisión.
En cambio, al joven de 19 años se le otorgó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba por un año. En ese período deberá presentarse mensualmente ante la Unidad de Salidas Tempranas del Ministerio Público Fiscal; no acercarse ni contactarse con el damnificado; abonarle –si este acepta– un resarcimiento de 10.000 pesos; mantener su domicilio actualizado y no cometer nuevos delitos. Si cumple con esos requisitos, no le quedarán antecedentes penales.
Con la sentencia, Ordás homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Cristian Casais, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez y los imputados. La víctima, al ser informada sobre sus alcances, también prestó conformidad.
En el texto se dejó aclarado que, de la investigación y del posterior informe de la Agencia de Investigación Científica, dependiente del MPF, surgió que el arma de Noguera no tenía aptitud para disparar.
Por último, el juez ordenó, una vez que el fallo quede firme, el decomiso y destrucción de una cartuchera con nueve municiones calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, una cadena de 75 eslabones y doce cartuchos.