La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Puntualmente, la resolución exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Además, dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron “poco serios” los argumentos del Estado, que sostenía que la cautelar constituía una sentencia definitiva encubierta. También remarcaron que el impacto fiscal es bajo y que no se afecta el interés público, sino que está en juego un derecho central como la educación superior pública.
Amparo
La medida había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
El magistrado había advertido que el decreto 759/2025, que suspendió la ejecución de la ley, presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico”, debido a la demora en su aplicación y su impacto en el funcionamiento de las universidades.
Desde Nación, en tanto, calificaron la decisión judicial como “arbitraria” y argumentaron que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas en el Presupuesto. El Gobierno sostuvo que esa discusión corresponde al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial, y advirtió sobre posibles efectos en el equilibrio fiscal, planteo que fue rechazado por la Cámara.
Un conflicto en escalada
El conflicto con el sistema universitario se profundizó entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales en distintas ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, se realizaron una Marcha Federal universitaria en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”, en rechazo a la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario que ya había sido aprobada por el Congreso.
A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar la norma y superar el veto del presidente Javier Milei, pero el Ejecutivo avanzó luego con un decreto para frenar su aplicación.
Actualmente, la estrategia oficial apunta a impulsar una nueva ley que modifique el esquema de financiamiento vigente, con el objetivo de alcanzar consensos políticos en el Congreso y reemplazar la normativa en disputa.