La Comisión de Legislación Social de la Legislatura se reunió para avanzar en el tratamiento de un proyecto que propone declarar la Emergencia Pública en Salud Mental y Consumos Problemáticos en la provincia. El encuentro fue presidido por la diputada Laura Trapaglia. “Estamos ante una situación crítica que requiere medidas inmediatas y sostenidas en el tiempo”, dijo, al apoyar la declaración de emergencia en salud mental.
En ese marco, y con el objetivo de aportar al análisis de la iniciativa, participó el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, junto a su equipo técnico. “Tenemos que partir de una base -sostuvo al inicio de su exposición Malgá- que tiene que ver con el diagnóstico de situación por el cual empezamos a discutir la posibilidad de declarar la emergencia en salud mental en la provincia”.
En ese sentido, indicó que existe “un diagnóstico común” sobre una problemática que trasciende lo local. “A nivel mundial hay una creciente preocupación respecto de la salud mental, con diagnósticos como ansiedad, depresión y crisis vitales que se presentan con mayor tasa de prevalencia en todas las poblaciones, particularmente en niños, niñas y adolescentes”.
El funcionario también puso el foco en la situación regional. “En Latinoamérica se ha visto en los últimos años un comportamiento en ascenso en la tasa de suicidios, así como problemáticas vinculadas a las apuestas en línea y la monetización del tiempo libre, que afectan especialmente a infancias, adolescencias y también a adultos”, dijo.
Además, se refirió al impacto de la pandemia. “Ya se habían visto emergentes previos, pero posteriormente se puede verificar un aumento considerable”, dijo. En ese marco, detalló indicadores del sistema sanitario provincial. “Incrementamos un 80% la atención de guardias respecto de 2019, un 30% las internaciones y un 60% las consultas ambulatorias. Esto habla no solamente de una mayor demanda, sino también de una mayor respuesta del Estado provincial”.
Asimismo, Malgá destacó el trabajo conjunto con otras jurisdicciones. “En noviembre del año pasado nos reunimos con 16 provincias y elaboramos un informe que muestra una situación similar en todo el país, caracterizada como crítica y que requiere un esfuerzo particular y específico en términos de políticas públicas y de implementación eficaz”, dijo.
El subsecretario también vinculó este escenario con el contexto económico y social actual. “Se verifica un aumento del desempleo, una baja del poder adquisitivo y dificultades en el sostenimiento de prestaciones, como el pago a prestadores de discapacidad”, explicó. A ello sumó “la baja de programas nacionales, el cierre de residencias interdisciplinarias en salud mental y la falta de convocatoria a espacios federales de discusión”.
En paralelo, advirtió sobre la presión creciente sobre el sistema público. “Vemos cómo aumenta la cantidad de personas que abandonan la medicina prepaga y las obras sociales por los costos y trasladan sus prestaciones al sistema público, lo que genera una sobrecarga en la demanda”, expresó.
Malgá subrayó que las iniciativas en debate en Diputados comparten un mismo enfoque. “Las dos propuestas tienen un espíritu común, que es identificar la problemática y enumerar un plan de acciones en relación con esta situación”, dijo.
“Estamos ante una situación crítica que requiere medidas inmediatas y sostenidas en el tiempo”, concluyó el funcionario, al respaldar la necesidad de avanzar con la declaración de la emergencia como herramienta para fortalecer la respuesta del Estado.
En la continuidad de su exposición, el subsecretario Martín Malgá detalló los principales ejes operativos del proyecto y las medidas concretas previstas para fortalecer el sistema de atención.
En primer lugar, hizo hincapié en la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta en situaciones de urgencia. “Reforzar la atención de guardias es una de las medidas que pretendemos ampliar. Aumentar la capacidad significa también darle más solidez a la respuesta a la comunidad”, afirmó.
Asimismo, subrayó la importancia de mejorar la accesibilidad y el acompañamiento a los entornos cercanos de las personas asistidas. “Ha sido un reclamo de familiares y allegados la necesidad de incorporarlos en el proceso. Muchas veces no se disponen los tiempos suficientes para asesorar o brindar información sobre diagnósticos, alcances y pronósticos de los tratamientos”.
En relación con los recursos humanos, Malgá se refirió específicamente al encuadre de los operadores de las líneas de atención. “Lo que se plantea para las líneas 132 y 136 busca saldar una problemática vinculada al encuadre legal de los trabajadores. Esto permite mejorar la rotación del servicio y contar con un régimen más adecuado a la naturaleza de sus tareas”, dijo.
Otro de los puntos centrales abordados fue la infraestructura. “Hay obras de ampliación y refacción en curso, pero queremos involucrar a otros servicios de salud mental con modalidad de internación y avanzar en la construcción y adecuación de dispositivos”, explicó. En ese marco, mencionó la intención de replicar modelos de atención como el de “Casa Joven” en distintas localidades, entre ellas Victorica, 25 de Mayo y General Pico.
“Estamos hablando de dispositivos con capacidad de respuesta integral, no solo terapéutica, sino también de cuidado diario, con talleres, inserción sociolaboral y terminalidad educativa”, precisó.
En materia de políticas de inclusión, el funcionario destacó el desarrollo de estrategias habitacionales. “Necesitamos diseñar respuestas para personas que no pueden convivir con su núcleo familiar o que requieren apoyo para transitar procesos de internación. Esto incluye dispositivos convivenciales, casas de medio camino o soluciones individuales con distintos niveles de acompañamiento”.
Otro de los puntos abordados fue la capacitación y el fortalecimiento técnico. “La posibilidad de contratar servicios desde el observatorio permite trabajar de manera más operativa, focalizada y a demanda, especialmente en relevamientos, evaluaciones territoriales y sistematización de datos”, dijo. A su vez, agregó que se profundizarán las instancias de formación. “Esto viene a reforzar una línea de trabajo que ya venimos desarrollando en prevención del suicidio y promoción de la salud mental”.
Malgá también valoró la articulación con otros actores institucionales. “Involucramos a la Secretaría de Medios porque tiene la capacidad de desarrollar campañas masivas de sensibilización y prevención. Ha sido un aliado estratégico”, dijo. En la misma línea, destacó la participación de la sociedad civil, colegios profesionales y universidades como “un componente clave para construir respuestas integrales en La Pampa.
En cuanto a innovación en el acceso, señaló sobre la necesidad de implementar y fortalecer dispositivos de teleconsulta y atención remota. 2Es una forma de integrar herramientas tecnológicas dentro del plan de emergencia”, dijo.
El proyecto también incorpora la articulación con instituciones deportivas y promueve el rol activo de adolescentes. “Buscamos fomentar su participación como agentes de promoción de la salud mental. Es una línea que ya estamos trabajando con el sistema educativo y que permite generar capacidad instalada en las comunidades”.
Finalmente, se refirió a los mecanismos de implementación y seguimiento. “Se prevé la creación de una mesa de trabajo con participación de los tres poderes del Estado y distintos organismos, que tendrá funciones de coordinación, articulación y definición de competencias”, dijo.
En materia de recursos, precisó que la ley contempla la creación de 30 cargos profesionales que se incorporarán a la planta permanente para reforzar los dispositivos existentes y los que se creen. Además, se prevé la autorización para ejecutar obras, contratar servicios y adecuar partidas presupuestarias.
“El objetivo es contar con herramientas concretas, tanto administrativas como presupuestarias, para poder implementar de manera efectiva todas estas acciones”, concluyó.