Lucas Micheloud, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expresó en Radio Textual un duro rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares y advirtió que se trata de una iniciativa “absolutamente regresiva e inconstitucional y un traje a medida de las mineras”.
“El proyecto desploma la ley vigente que protege las reservas de agua dulce en nuestro país”, sostuvo. Según explicó, la postura no es solo del sector ambientalista, sino que cuenta con respaldo de ámbitos científicos y académicos.
Micheloud remarcó además que hubo una fuerte reacción social: más de 100 mil personas se inscribieron para participar de la audiencia pública, aunque solo 400 pudieron exponer. “Se cercenó el derecho a la participación”, denunció.
“Un traje a medida para las mineras”
El referente aseguró que la reforma responde a intereses de grandes corporaciones mineras y apuntó especialmente a proyectos en San Juan y Mendoza.
“Es un traje a medida para proyectos que vienen presionando desde hace años para modificar la ley”, afirmó, y mencionó el rol de grandes empresas del sector.
También denunció conflictos de interés en el ámbito político. En ese sentido, cuestionó a la senadora salteña Flavia Royón, a quien acusó de representar intereses mineros.
Riesgo sobre el agua y las economías regionales
Micheloud alertó que la modificación de la ley podría tener consecuencias directas sobre el acceso al agua. Explicó que en Argentina hay cerca de 17 mil glaciares que alimentan 69 cuencas hídricas de las que dependen unos 7 millones de personas.
“La reforma habilitaría la minería en zonas glaciares y periglaciares, lo que implica dinamitar esos ambientes”, advirtió.
Según indicó, la actividad minera a gran escala utiliza explosivos y sustancias químicas como cianuro, lo que incrementa los riesgos de contaminación.
Además, cuestionó el uso intensivo del agua por parte de estos proyectos: “Hay iniciativas que demandan hasta 2.000 litros por segundo durante 30 años en regiones que ya están en emergencia hídrica”.
Antecedentes y advertencias
El abogado recordó el derrame ocurrido en Jáchal, San Juan, como ejemplo de los riesgos de la actividad minera sobre las cuencas hídricas.
“Lo que está en juego es permitir contaminación en sistemas de agua que abastecen a poblaciones enteras”, señaló.
También advirtió sobre impactos en la biodiversidad y en el contexto del cambio climático.
Debate en el Congreso y movilización
El proyecto ya cuenta con avances en el Senado y podría tratarse en Diputados en los próximos días. Micheloud señaló que hay presión de gobernadores de provincias mineras para avanzar con la reforma.
“No tiene licencia social”, afirmó, y anticipó una movilización masiva frente al Congreso.
Posible judicialización
En caso de aprobarse, anticipó que habrá una fuerte respuesta judicial. “No va a haber un solo amparo, va a haber multiplicidad de acciones judiciales”, aseguró.
Según explicó, más de 800 juristas y especialistas en derecho constitucional consideran que el proyecto viola principios básicos del derecho ambiental y tratados internacionales.
Impacto en La Pampa
Micheloud advirtió que provincias como La Pampa podrían verse afectadas por eventuales cambios en las cuencas hídricas.
Mencionó como ejemplo la situación del río Colorado, clave para el abastecimiento de agua en la provincia.
“Es una irresponsabilidad avanzar con una ley que no tiene apoyo social y que puede generar conflictos entre provincias por los recursos hídricos”, concluyó.