Organizaciones sociales, sindicales y territoriales realizan este martes al mediodía una olla popular en el SUM del Barrio Esperanza (Enriqueta Schmidt Sur y Cavero, de Santa Rosa) en el marco de una jornada nacional de lucha contra el cierre del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo).
El objetivo de la actividad es visibilizar el impacto social y económico que esta medida del Gobierno nacional genera en miles de familias, trabajadores y trabajadoras, así como en la economía local y regional.
Convocan el MTE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Frente Barrial de la CTA, CCC, FTV MILES, Territorios en Desarrollo, Frente Transversal, Movimiento ni una piba ni pibe menos por la droga
MIJP.
En La Pampa hay al menos 400 beneficiarios de este programa. Según denunciaron referentes del sector, la nueva modalidad implicaría que quienes no realicen capacitaciones dejarían de percibir el beneficio en las condiciones actuales. Si bien no se eliminaría de inmediato el cobro, se introducirían modificaciones en la forma de pago: el monto, actualmente de 78 mil pesos y congelado desde diciembre de 2023, pasaría a entregarse mediante vouchers o tickets para la compra de mercadería.
El programa Volver al Trabajo son los ex Potenciar Trabajo, creado en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, mediante la unificación de planes sociales anteriores. A partir de esa fusión, el plan buscó fomentar la capacitación y finalización de estudios, promover la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, impulsar el trabajo en cooperativas, unidades productivas y economías populares y garantizar un ingreso básico, equivalente a una parte del salario mínimo.
Los beneficiarios debían cumplir una contraprestación, que podía ser: trabajo en proyectos comunitarios o productivos, capacitación laboral o finalización educativa.
“Se viene ajustando sobre estos planes desde hace tiempo y ahora avanzan hacia una eliminación total”, dijo el referente de la Corriente Clasista y Combativa en La Pampa, Walter Brandimarte.
El dirigente advirtió que el cambio no solo afecta el poder adquisitivo, sino también la libertad de los beneficiarios para decidir cómo utilizar ese ingreso.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las exigencias de capacitación. Desde las organizaciones aseguran que, en muchos casos, no existen espacios disponibles para cumplir con ese requisito. “En La Pampa no hay lugares donde capacitarse para poder seguir cobrando el beneficio”, afirmó Brnadimarte, y calificó la medida como “discriminatoria” y orientada a excluir a los beneficiarios.
A nivel nacional, son alrededor de 900 mil personas las que forman parte de estos programas, aunque remarcan la falta de datos oficiales actualizados. En La Pampa, en tanto, calculan que hay al menos 400 beneficiarios.
Brandimarte también cuestionó el regreso de sistemas similares a los tickets canasta utilizados en décadas anteriores. “No estamos en contra de que los compañeros compren alimentos, sino de que no puedan elegir libremente qué hacer con el dinero de su trabajo”, dijo.
Subrayó que la preocupación central es la posible pérdida del único ingreso con el que cuentan muchas familias. “No estamos en contra de la capacitación, pero sí de que se utilice como una herramienta para expulsar a los compañeros del sistema”, concluyó.