El derrumbe de la coparticipación nacional, más la caída de la recaudación de la provincia y de las intendencias, ya están golpeando de lleno a los trabajadores municipales: las intendencias de Rolón y Santa Isabel pagaron parcialmente los sueldos, pudo confirmar Diario Textual este miércoles. La crisis es alarmante: otras municipalidades también están haciendo malabares para abonar a los trabajadores.
El intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana (peronismo), confirmó a Diario Textual que el municipio abonó de manera parcial los salarios a los trabajadores municipales y anticipó que declarará la emergencia económica para afrontar la crisis financiera.
El jefe comunal detalló que el pago alcanzó a todo el personal, aunque de forma incompleta. “Pagué entre el 65% y el 70% de los salarios. En promedio, unos 700.000 pesos por trabajador”, explicó. La decisión se tomó ante la imposibilidad de reunir la totalidad de los fondos en la fecha habitual de pago, que se cumple el primer martes de cada mes.
Farana sostuvo que optó por realizar un pago parcial para garantizar que los empleados contaran con dinero. “No llegaba a juntar todo, pero la gente necesita la plata”, afirmó.
La situación está golpeando a las cuentas de la Provincia y a cada una de las 80 localidades. Por la crisis nacional, cayó el consumo y se derrumbó la coparticipación federal. La Pampa ya perdió cerca de 25 mil millones de pesos en los primeros tres meses del año. Además, al igual que cada intendencia y comisión de fomento, está recaudando menos.
Emergencia y cobertura legal
El intendente adelantó que avanzará con la declaración de la emergencia para contar con respaldo administrativo. Señaló que la medida busca “tener una cobertura legal” frente a la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales.
En ese marco, remarcó que la situación financiera del municipio se agravó por la caída de los ingresos. “La recaudación nacional cayó en forma estrepitosa y la obra pública también. Y la recaudación local cayó vertiginosamente, a raíz de la crisis”, indicó.
Dependencia de fondos provinciales
Farana subrayó que la comuna no recibe financiamiento nacional y que el sostenimiento de la actividad depende en gran parte de la Provincia. En ese sentido, destacó el rol del Gobierno pampeano en la ejecución de viviendas.
“El gobernador Sergio Ziliotto nos dio cerca de 100 casas, que ya están casi todas ocupadas. Nos falta entre un 3% y un 4% para terminar otras 30 viviendas”, precisó. Además, aclaró que esas obras se financian con fondos específicos del IPAV, por lo que no pueden destinarse a otros fines.
El intendente explicó que actualmente hay algunos trabajadores abocados a finalizar esas viviendas, en un contexto en el que el municipio busca sostener servicios básicos mientras atraviesa una fuerte caída de ingresos.
El caso de Rolón
La Municipalidad de Rolón, a cargo de Luis Ferreyra (peronismo), atraviesa también una situación financiera delicada que ya impacta de lleno en el pago de salarios. A raíz de la caída de la coparticipación y el derrumbe en la recaudación de tasas municipales, la gestión local comenzó a abonar los sueldos de manera parcial y fuera de término.
Hasta hace algunos meses, las demoras alcanzaban principalmente al personal administrativo y a algunos funcionarios, que cobraban una semana después del último día hábil o incluso en la segunda semana del mes. Sin embargo, la situación se agravó con los haberes de febrero y se extendió a la totalidad de la planta municipal.
De acuerdo a la información recabada por Diario Textual, los salarios correspondientes a febrero comenzaron a abonarse con una semana de retraso y en cuotas. Hubo trabajadores que percibieron solo una parte de sus haberes, mientras que el resto se completó recién después de la mitad de marzo.
El escenario se repite con los sueldos de marzo. Al 8 de abril, algunos empleados solo cobraron la mitad de sus ingresos o recibieron anticipos, sin que se haya completado el pago total.
Además, se denunció que existiría un criterio discrecional en la liquidación: ciertos trabajadores considerados más críticos o activos en reclamos habrían cobrado en tiempo y forma, mientras que otros continúan con demoras.
Impacto en las finanzas municipales
La masa salarial del municipio de Rolón se ubica entre los 50 y 60 millones de pesos mensuales, dentro de un presupuesto estimado de entre 200 y 250 millones. Esto representa alrededor del 25% al 30% de los recursos totales.
Aun con ese nivel de afectación —considerado moderado en comparación con otras localidades—, el municipio no logra cumplir con el pago de sueldos en tiempo y forma, lo que enciende señales de alerta sobre el estado de las cuentas públicas.
Fuentes consultadas señalaron la posibilidad de embargos sobre cuentas municipales, aunque no hay confirmación oficial al respecto.
También se mencionan problemas de gestión económica que se habrían profundizado en los últimos meses, en un escenario marcado por la caída de ingresos por coparticipación y la reducción de aportes provenientes de programas de asistencia.
La situación genera preocupación entre los trabajadores municipales, que enfrentan incertidumbre respecto al cobro de sus salarios y al funcionamiento financiero de la comuna.
Una reunión en Acha
A fines de marzo, en General Acha, se reunieron intendentes radicales y algunos del Pro. Fue otra de las reuniones que cada tanto han hecho entre los jefes comunales del interior opositores al peronismo. Esta vez casi no trascendió hacia afuera lo hablado. Ese silencio no es casual: es parte del modo en que se procesa la política en buena parte del país profundo en el actual escenario de incertidumbre.
Puertas adentro, el diagnóstico es crudo. Las cuentas municipales son un caos. El ajuste del gobierno de Javier Milei cae en cascada y golpea con más fuerza en el último eslabón. Allí, en esa última trinchera, la primera puerta que golpean los que necesitan una mano, los intendentes contienen como pueden el impacto social de una economía que se deteriora.
“Administrando la pobreza”, repiten, casi como una definición que ya no admite matices. La preocupación es concreta: en febrero, la coparticipación cayó más de un 7 por ciento, mientras que los sueldos deben actualizarse con un incremento del 6,3 por ciento. La ecuación no cierra. Menos recursos, más obligaciones. Y, además, nuevas demandas que llegan desde áreas donde el Estado nacional se retira y los gobiernos locales deben hacerse cargo.
