La Cámara de Diputados avanza con la sesión en la que el oficialismo buscará alzarse con la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno nacional a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas. El quórum se alcanzó con 129 presentes a las 15.13 de este miércoles.
Según acordaron en Labor Parlamentaria los jefes de bloques, se espera una jornada de entre 11 y 12 horas. Para el principal tema hay más de 60 oradores y la votación se prevé para la madrugada. Además, habrá tres tandas de cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento.
En el arranque, hubo una serie de apartamientos que resultaron todos rechazados, ya que fueron propuestos por la oposición. Aunque en algunos casos hubo más votos a favor que en contra, para esto se necesitaban las tres cuartas partes del Cuerpo. Por un desacuerdo reglamentario, no se votaron emplazamientos de comisiones -que sí se aprueban por mayoría simple-, dado que no formaban parte del temario.
Entre los expedientes que no se pudieron incorporar, la oposición planteó la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el tema de la suspensión de acreditaciones a periodistas en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados; interpelaciones a Adorni y Karina Milei por el caso $LIBRA; y la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, entre otros.
Cambios
El proyecto busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.
Tras la audiencia pública en la que expuso una ínfima parte de los más de 100 mil inscriptos para participar, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas que rechazan la reforma de la Ley de Glaciares (entre ellas, La Cámpora) convocaron a una marcha en las afueras del Congreso, que estuvo marcada en un principio por la tensión con los efectivos de seguridad que corrieron a manifestantes.
Desde distintas ONG’s y particulares anticiparon que, de sancionarse la ley, irán a la Justicia, y entre los fundamentos para objetar la norma estará la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal.
La modificación de la Ley de Glaciares llega al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó este martes a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que están a favor del proyecto.
El despacho de mayoría obtuvo 37 firmas (de LLA, Pro, UCR y bloques provinciales), mientras que los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y otro a Maximiliano Ferraro, de la CC.
El proyecto con media sanción que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución.
Voto por voto
La Libertad Avanza, con 95 miembros, está confiado en alcanzar la aprobación con una base de entre 130 y 135 votos, que incluso algunos estiman podrían ser 140. Para ello espera contar con la ayuda de sus aliados del Pro, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, entre los que están -por ejemplo- Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, integrados por legisladores que responden a dos mandatarios muy interesados en la reforma: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego. Además, a favor de la iniciativa se sumaría un puñado de votos desde Provincias Unidas y el propio bloque Unión por la Patria, como sucedió en el Senado.
La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
