Leonardo Gorbacz es psicólogo y uno de los impulsores de la vigente ley de Salud Mental que ahora el Gobierno nacional pretende cambiar. Si bien no se conoce el texto definitivo del nuevo proyecto, para Gorbacz el principal problema no es el contenido de la norma sino el ajuste que el gobierno de Javier Milei aplicó sobre el presupuesto en salud.
“En primer lugar, el momento elegido por el Gobierno para proponer una reforma a la ley de salud mental parece responder más a la necesidad de instalar algún tema en agenda que distraiga a la opinión pública de los escándalos de corrupción, lo cual no es un buen marco para discutir un tema tan importante”, sostuvo el profesional y participante de la redacción de la ley 26.657.
Y agregó: “En segundo lugar, el Gobierno nacional (según informe del diario Perfil del 29 de marzo de este año) redujo el presupuesto de salud mental de los magros $475 millones en 2025 a $47 millones en 2026, y ejecutó en lo que va del año en programas de salud mental $466 mil por mes, casi una jubilación mínima. Es evidente que no prioriza la salud mental ni busca hacer frente a los problemas existentes”.
Con relación a los cambios en el proyecto de ley, dijo que si bien no se conoce el contenido de acuerdo a los trascendidos se buscaría habilitar las internaciones involuntarias y permitir que si una persona está internada voluntariamente y se quiere retirar, la institución pueda impedirlo si en ese momento no está en condiciones. “Lo curioso de esas supuestas reformas es que no son tales, porque esas previsiones ya existen y se aplican con la ley vigente”, replicó.
“También trascendió que buscan exigir que las internaciones requieran si o sí la firma de un psiquiatra, lo cual lejos de facilitar el proceso podría dificultarlo hasta hacerlo imposible, en especial en provincias donde no cuentan con psiquiatra de forma permanente en todo el territorio”, admitió, por otro lado.
Gorbacz recordó que 15 provincias (entre ellas La Pampa) han conformado una mesa de trabajo porque el Ministerio de Salud de Nación no ha convocado al Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama). “Todas coinciden en que no se necesita modificar la ley sino aumentar los recursos para aplicarla y ofrecer más servicios”, aseguró.
“El Gobierno nacional no ayuda con programas, recorta el (programa) Remediar, echa profesionales del hospital Bonaparte, y sin profesionales y sin camas no hay posibilidad de dar respuesta al aumento de demanda, no es un tema de la ley sino de disponibilidad de servicios. Una modificación de la ley es vender espejitos de colores prometiendo mejoras que no van a suceder mientras sigan con el ajuste en salud”, concluyó Leonardo Gobarcz.
Propuesta
El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta de X. Los principales cambios estarían vinculados con las internaciones involuntarias y la intervención judicial en caso de riesgos.
El proyecto, según se informó extraoficialmente, contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.
“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron y revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios.
“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, agregaron.
