El Juzgado Federal de Santa Rosa avaló un amparo que presentaron unos 150 médicos y médicas de La Pampa, entre los que hay generalistas, licenciados en enfermería, kinesiólogos y bioquímicos, y declaró la inconstitucionalidad del cobro del Impuesto a Ganancias reimplantado por el Gobierno de Javier Milei, confirmó este jueves a Diario Textual el juez Juan José Baric. De esta manera, el magistrado resolvió sobre la cuestión de fondo del reclamo de los profesionales: el cobro es inconstitucional. Ahora se espera que el Gobierno nacional apele y deba resolver la Cámara Federal de Bahía Blanca.
“La reforma introducida por el articulo 81 de la Ley 27.743 a la Ley 20.628 resulta inconstitucional y procede declarar su inaplicabilidad respecto a los integrantes de esta acción ordenando a la demandada que se abstenga de aplicarla manteniendo el régimen de ganancias vigente con anterioridad a la reforma sobre los haberes de los mencionados”, expresó el magistrado en la sentencia. “Ello así porque la incertidumbre jurídica que surge de sus disposiciones exigen resguardar el principio de ‘no confiscatoriedad’ que debe estar presente en la imposición de las contribuciones establecidas en el artículo 4to de la Constitución Nacional. Máxime cuando el salario constituye un derecho alimentario que es deber proteger en cumplimiento del derecho establecido el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional”, agregó.
“Si bien la Ley 27.743 ha cumplido formalmente con el núcleo legislativo previsto por la Constitución Nacional, su contenido sustancial colisiona con garantías fundamentales de raigambre constitucional”, resaltó el magistrado. “La norma incurre en una regresividad que lesiona el derecho normativa de propiedad y el principio de progresividad social, derivando en efectos confiscatorios para los trabajadores y jubilados de la cuarta categoría. Por consiguiente, es esta afectación de fondo -y no el vicio de forma- lo que determina su inconstitucionalidad, en tanto desnaturaliza la protección debida al salario”.
La demanda de los profesionales de la salud se inició en agosto de 2024. La presentación se hizo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. Presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la reimplantación del impuesto por no haber sido aprobado por las dos cámaras legislativas (solo se aprobó en Diputados) y simultáneamente solicitaron una medida cautelar para evitar los descuentos salariales.
La restitución del Impuesto generó en aquel momento que en todo el país volvieran a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%. En La Pampa, volvieron a pagar unos 13 mil pampeanos.
Primer aval de Baric a los demandantes
En octubre de 2024, el juez federal Juan José Baric hizo lugar al amparo y dispuso la suspensión del cobro de Ganancias para los profesionales alcanzados. La decisión fue provisoria: no resolvió el fondo de la cuestión, es decir la constitucionalidad o no de la medida. Esto implicó que, temporalmente, no se les retuviera el impuesto a un grupo de médicos.
El Gobierno nacional apeló la cautelar dictada por Baric y el año pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó la cautelar y rechazó el amparo presentado por unos 380 profesionales. Fundamentó esa decisión en que no se acreditó daño inminente con la reimplantación de Ganancias y no hubo peligro en la demora que justificara la cautelar.
Esta resolución de la Cámara no resolvió el fondo del asunto, es decir, no dijo si el impuesto es constitucional o no. Ahora lo hizo Baric: dijo que el impuesto es inconstitucional.
Una disputa que no está cerrada
Baric explicó el alcance de las medidas cautelares y la futura sentencia definitiva. En diálogo con Diario Textual, el magistrado precisó que en un amparo, lo primero que puede dictarse es una medida cautelar, que es previa y urgente. “Esa resolución se toma con pocos elementos, con lo que se tiene en ese momento. En este caso, se evaluó la verosimilitud del derecho planteado por los médicos”, dijo.
“La cautelar es apelable: la Cámara Federal de Bahía Blanca puede ratificarla o revocarla, como ocurrió acá. La Cámara entendió que me había apurado al dictarla y la rechazó”, recordó.
Baric explicó que la disputa judicial aún no está cerrada. “Contra la sentencia definitiva también se abre una nueva instancia de apelación. Seguramente el Gobierno nacional va a apelar y la Cámara puede volver a revocar o confirmar lo que yo decidí”, precisó.
De esta manera, el conflicto judicial por Ganancias todavía tiene algunas etapas por delante antes de una resolución firme.
