El Consejo de Administración da la Cooperativa Popular de Electricidad manifestó su repudio a la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada en las últimas horas por el Congreso Nacional, y adhirió a la propuesta de promover una demanda colectiva, impulsada por el Gobierno provincial junto a ONGs pampeana, para evitar su implementación.
“Esta reforma implica un enorme riesgo para el agua que diariamente utilizan millones de personas en todo el país, y un daño irreversible al medio ambiente, al derecho humano de acceso al recurso, la producción y la ciudadanía en general de nuestra Provincia y del territorio argentino”, aseguró la CPE.
Y agregó: “Está acción busca generar consciencia del peligro de esta reforma pero también que, a través de la justicia, no se convalide este ‘retroceso’. Esta determinación legislativa solamente tiene la posibilidad de un freno en la justicia. Por estas razones, y por su vinculación institucional con entidades como la Fundación Chadileuvú, la CPE suscribe el repudio a la reforma y manifiesta su apoyo a la campaña para dicha demanda colectiva”.
Amparo ambiental
Este jueves, el gobernador Sergio Ziliotto, autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y dirigentes de la Fundación Chadileuvú y de la Asociación por los Ríos Pampeanos anunciaron la presentación de un amparo ambiental en la Justicia Federal para declarar inconstitucional e intentar frenar la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), que habilita la minería en la zona periglacial.
“La ley lesiona derechos ambientales colectivos, que están consagrados en la Constitución nacional y convenciones internacionales”, expresó Ziliotto y agregó: “También, específicamente, lesiona el principio de no regresión que consagra el Acuerdo de Escazú, que es uno de los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional y que tiene rango constitucional”.
“Afectará muchísimo a los pampeanos, sin distinción de ningún tipo. Es una ley que nos quitará nuestros derechos sobre el agua y perjudicará al ambiente”, resaltó.
