El gobernador Sergio Ziliotto, autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y dirigentes de la Fundación Chadileuvú y de la Asociación por los Ríos Pampeanos anunciaron este jueves que presentaron un amparo ambiental en la Justicia Federal para declarar inconstitucional e intentar frenar la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), que habilita la minería en la zona periglacial. Consideran que la iniciativa pone en riesgo el río Colorado, del que depende el 70% de la población pampeana. También podría afectar al río Atuel, ya diezmado en su caudal por Mendoza.
Ziiotto dijo que plantearon la inconstitucionalidad de la reforma. “La ley lesiona derechos ambientales colectivos, que están consagrados en la Constitución nacional y convenciones internacionales”, expresó. “Y también, específicamente, lesiona el principio de no regresión que consagra el Acuerdo de Escazú, que es uno de los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional y que tiene rango constitucional”, dijo. “Afectará muchísimo a los pampeanos, sin distinción de ningún tipo. Es una ley que nos quitará nuestros derechos sobre el agua y perjudicará al ambiente”, resaltó.
El anuncio lo hicieron a media mañana en una conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde brindaron detalles de la estrategia judicial y los fundamentos técnicos, ambientales y jurídicos de la presentación. En la presentación pública de la demanda estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa; el vicepresidente primero de la Legislatura, diputado Hernán Pérez Araujo; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; el presidente de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Roberto Rodríguez; y el presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez.
“Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua, va a perjudicar el ambiente y, en ese sentido, va mucho más allá de una presentación judicial. Estamos defendiéndonos todos y a cada uno de los pampeanos. La causa por los ríos pampeanos es una causa que no está atravesada por ninguna grieta: contiene a todos los sectores, a la enorme mayoría de los pampeanos y pampeanas que viven en nuestro territorio”, expresó el mandatario provincial.
“Sabemos muy bien que tenemos legitimidad para hacer este reclamo. Tenemos antecedentes de qué ha pasado con los ríos pampeanos. La Pampa no tiene glaciares, pero depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glaciario”, expresó Ziliotto.
“También están los otros dos ríos que ya no corren, y que pueden ser una muestra de esa supuesta escasez de agua que plantea Mendoza para que no retorne el río Atuel a la provincia de La Pampa. A partir de esta ley va a haber menos agua. Y, en el marco de la importancia que tiene el río Colorado en la vida de los pampeanos, hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que significó la lucha histórica por defender ese río”, dijo. “Todo lo que costó que Mendoza desestimara Portezuelo del Viento. Y los números muchas veces clarifican la realidad. Hoy, el río Colorado abastece a poblaciones donde vive el 45 % de los pampeanos”.
“Además, con la proyección del acueducto del río Colorado al norte —desfinanciado y suspendido por el Gobierno nacional—, se llegaría a dos tercios de la población pampeana con acceso al agua, a la vida y al futuro, a través del río Colorado, con lo que significa semejante desistimiento. Por eso, esto tiene que ver con una exigencia: respetar un mandato popular. Defender La Pampa, defender a sus habitantes, sus derechos, su patrimonio y sus recursos naturales”, dijo Ziliotto. “Porque, si bien los glaciares no están en la provincia de La Pampa, son parte de nuestro patrimonio. Son parte del derecho al acceso a un ambiente sano, al agua y a otros derechos colectivos que tienen que ver con el desarrollo de la vida. Por eso queríamos manifestar esta decisión y, seguramente, después con la prensa podremos dar aún más detalles”, resaltó.
Oscar Alpa, rector de la UNLPam, destacó el apoyo a la estrategia judicial. “Desde la Universidad Nacional de La Pampa, y como lo indica nuestro estatuto, en representación de toda nuestra comunidad universitaria, acompañamos esta decisión que se viene trabajando desde hace tantos años. Una decisión que hoy el gobernador y todo su equipo han tomado al impulsar esta iniciativa, a la cual, por supuesto, nos sumamos directamente”, dijo.
“Esta es una postura de nuestra universidad desde hace muchísimos años, con docentes que han trabajado desde la histórica demanda por el río Atuel. La Universidad Nacional de La Pampa, desde sus inicios, ha trabajado en forma conjunta tanto en lo ambiental como en lo legal, acompañando desde el derecho, la producción y este derecho humano —como lo señaló el señor gobernador— que tenemos los pampeanos y pampeanas: el acceso al agua”.
“Hay un derecho ambiental indudable, pero también estamos hablando del consumo de agua en los próximos años. No se trata de algo abstracto, sino de una realidad concreta que tendrá impacto futuro. Como Universidad Nacional de La Pampa, representante de una comunidad integrada a la sociedad, asumimos una de nuestras funciones esenciales: el compromiso con el territorio. Y ese compromiso es una definición política. Hoy acompañamos como actores principales en esta demanda. Además, el próximo miércoles tendremos Consejo Superior, donde se planteará el acompañamiento institucional a todos los claustros. Esto —insisto— es la defensa de las y los pampeanos. Estamos cumpliendo con nuestro estatuto y con nuestros 67 años de historia”, insistió.
En tanto, el presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Eduardo Gómez, dijo que todos los pobladores pampeanos están en riesgo. “Quiero recordar que, desde hace muchos años, la provincia de La Pampa trabaja sobre el río Colorado, prácticamente desde la década de 1950, con un desarrollo muy significativo que ha modificado la vida de muchos pampeanos. El acueducto —como señaló el señor gobernador— suministra agua de calidad a casi la mitad de la población”, dijo.
“Tenemos una dificultad estructural: las napas subterráneas son de baja productividad y alto contenido salino, especialmente de arsénico y fluoruro. Por eso es imperioso llevar agua de calidad al norte de la provincia”, manifestó.
“La Pampa es la única provincia del país que carece de ríos internos. Los tenía: el Atuel y el Salado, que dejaron de correr. Hoy, el único río activo es el Colorado, que es vital. Defender el río Colorado es defender el agua de los pampeanos y el futuro de la provincia. Si algo le sucede, la provincia dejaría de ser viable: no habría agua suficiente ni para consumo humano ni para producción”, dijo.
“Existe un polo de desarrollo importante en sus márgenes, que también está en riesgo”, resaltó.
“Para finalizar, la Fundación Chadileuvú ha acompañado históricamente todas las luchas por los ríos pampeanos y continuará haciéndolo”, concluyó.
El presidente de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Roberto “Taragüí” Rodríguez, dijo que acompañan la política hídrica sostenida por los distintos gobiernos provinciales a lo largo del tiempo. “Lamentablemente, en los últimos tiempos, las noticias han sido negativas. Se anuncian caudales que nunca se cumplen. Mendoza no respeta ni siquiera los fallos judiciales. Hace cinco años esperamos el caudal comprometido para recomponer el ambiente. Este riesgo se agrava con la reforma de la ley de glaciares y el RIGI, que ponen en peligro no solo la calidad del agua, sino también el criterio de uso prioritario, que debería ser el consumo humano”, dijo.
“Hoy, ese principio parece quedar subordinado a intereses económicos, como la actividad minera. El riesgo es enorme: está en juego la producción y el acceso al agua para la población”, expresó Rodríguez.
El diputado provincial Hernán Pérez Araujo no ocultó su pesar por sanción de la Ley de Glaciares ocurrida en el Congreso Nacional. “Es un día trágico, muy triste”, dijo. “Hay un atisbo de quiebre institucional y de lo que para todo el pueblo de La Pampa era la defensa irrestricta de sus recursos, todos tomados de la mano y en la misma dirección”, sostuvo.
“Me ocasiona mucho pesar que no todos los representantes del pueblo de La Pampa estemos defendiendo la provincia y a su pueblo, sino que estén defendiendo intereses espurios y foráneos”, enfatizó.
Schmidt: “El daño es real”
La fiscal de Estado, Romina Schmidt, explicó que la demanda comenzó a elaborarse ante la inminente sanción de la norma y cuestionó el proceso previo. “Se viene trabajando en esta demanda desde hace unos días cuando ya veíamos inminente la votación… las audiencias públicas no fueron audiencias reales que cumplan con el Tratado de Escazú”, afirmó.
Dijo que el amparo colectivo fue impulsado junto a la Provincia, la universidad y organizaciones sociales, y que solicitaron “la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad y nulidad de la ley sancionada”, junto con una medida cautelar para su inmediata inaplicabilidad.
Sostuvo que el impacto para La Pampa sería concreto y directo. “El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real, porque en el momento en el que no llegue más agua de calidad y cantidad en el río Colorado, van a sufrirlo todos los habitantes”, advirtió. También señaló que la norma podría afectar la recuperación del río Atuel y anticipó que se pedirá judicialmente “la inmediata inaplicabilidad de la ley”, al considerar que vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y compromete el ambiente, la salud y el desarrollo provincial.
Los cambios
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de hoy la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión que contó con la presencia de los 256 miembros del cuerpo. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, mientras que hubo 5 legisladores ausentes. El resultado reflejó la fuerte polarización en torno a la iniciativa, que fue respaldada por los bloques aliados al oficialismo y rechazada por la mayoría de la oposición y los diputados de fuerzas de izquierda.
La reforma modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería. El texto sancionado precisa la definición de los espacios protegidos y permite avanzar -a criterio del Gobierno nacional- en la explotación de recursos minerales en zonas que, según evaluaciones provinciales, no cumplen funciones hídricas relevantes.
La provincia manifestó una firme oposición a la reforma por entender que implica una flexibilización en la protección de glaciares y ambientes periglaciales, lo que podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles de la cordillera. Desde La Pampa advierten que esa situación comprometería el abastecimiento de agua potable y productiva que depende del río Colorado.
Uno de los ejes centrales del planteo es el riesgo hídrico. El Gobierno provincial sostiene que las nacientes del Colorado se encuentran en áreas actualmente protegidas por la legislación vigente, y que cualquier modificación que reduzca esos resguardos puede tener consecuencias directas sobre el recurso.
En ese marco, también aparece el antecedente del río Atuel, al que definen como una “memoria hídrica dolorosa” para nuestra provincia. Recuerdan que el manejo unilateral aguas arriba provocó su pérdida en territorio pampeano, con procesos de desertificación y daños ambientales persistentes.
Federalismo ambiental y cuestionamientos jurídicos
Otro de los argumentos es la defensa del federalismo ambiental. La Pampa sostiene que la reforma debilita los estándares nacionales de protección y traslada responsabilidades a las provincias cordilleranas, lo que podría facilitar la actividad minera en zonas glaciares.
Desde el punto de vista jurídico, anticiparon que la iniciativa vulnera el principio de no regresión del derecho ambiental, ya que implicaría un retroceso respecto de los niveles actuales de protección. También advierten que podría entrar en colisión con la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a su preservación para las generaciones futuras.
Advertencia oficial previa
La postura ya había sido explicitada el pasado 25 de marzo por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, quien alertó que flexibilizar la protección de estos ecosistemas pone en riesgo la seguridad hídrica de la provincia.
La funcionaria subrayó que el 70% de la población pampeana depende del río Colorado, cuyo origen se encuentra en zonas glaciares de la cordillera, y reiteró que cualquier modificación de la ley representa un retroceso ambiental inadmisible en el contexto de la crisis climática.
En ese escenario, desde el Gobierno provincial remarcan que los glaciares constituyen verdaderos “seguros de agua” y que avanzar en su desprotección sería una decisión irresponsable y de alto impacto para el futuro de la región.
El voto de los pampeanos
¿Cómo votaron los cinco legisladores por La Pampa? Los tres peronistas, Ariel Rauschenberger, Varinia Marín y Abelardo Ferrán, en contra, y Martín Ardohain, del Pro, y Adrián Ravier, de LLA, a favor.
En febrero, los tres senadores por La Pampa, Daniel Bensusán (Unión por la Patria), Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (Pro), votaron en contra de los cambios. De esta manera, de los 8 legisladores pampeanos, solo Ravier y Ardohain dieron luz verde a la reforma.
