El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, sumó un giro judicial determinante en las últimas horas.
Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de denuncia penal y solicitó la inmediata imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica). La acusación es homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El documento, presentado ante la fiscalía y al que accedió Noticias Argentinas, describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.
La autopsia preliminar resultó clave: detectó lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suman testimonios de vecinos que afirmaron haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios en los que la madre le recriminaba a su pareja: “¡Vos le pegás al mío!”.
Reclamo por la Ley Lucio y responsabilidades
Uno de los ejes más duros de la denuncia es la acusación contra el juez de familia Pablo José Pérez, la asesora de familia Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva, del Servicio de Protección de Derechos. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que derivó en el crimen.
Según la reconstrucción presentada:
Advertencias ignoradas: el sistema judicial rechazó en tres oportunidades la restitución del niño a su madre biológica por considerar que no era un entorno seguro.
El testimonio de Ángel: en febrero de 2026, el juez Pérez y la asesora Roldán escucharon al niño en audiencia. Allí expresó que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. A pesar de esto, no se adoptaron medidas de protección.
Aislamiento previo: en marzo se dictó una restricción perimetral que impidió el contacto de la familia paterna y de la madre de crianza con el niño. Quedó únicamente bajo el cuidado de los ahora acusados semanas antes de su muerte.
El abogado Castillo estableció un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy y sostuvo que los funcionarios habrían incumplido los deberes de prevención que establece la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio.
Peligro de fuga y presunta destrucción de pruebas
El pedido de detención inmediata se apoya en riesgos procesales concretos. La querella aportó indicios de que los acusados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos.
Además, señaló la existencia de un plan de fuga hacia la localidad de El Dorado, en Misiones, que habría sido gestionado por Altamirano con ayuda de un familiar.
“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, afirma la denuncia.
Mientras Comodoro Rivadavia permanece conmocionada, la Justicia debe resolver el pedido de detención en una causa atravesada por la gravedad de los hechos y el riesgo de impunidad.