En la ciudad de Santa Rosa aparecieron pasacalles en los que tildan de “traidores” a los diputados nacionales Adrián Ravier (LLA) y Martín Ardohain (PRO), los únicos de los ocho legisladores de La Pampa que votaron a favor de la modificación de la ley de glaciares. Los cambios pueden afectar al río Colorado, del que se abastece el 70 por ciento de la población pampeana.
Ambos ya habían sido calificados como “traidores” por dirigentes del peronismo, entre ellos el ministro de Conectividad de La Pampa, Antonio Curciarello. Ahora, la consigna se replicó en carteles ubicados en distintos puntos de la capital pampeana. “El agua no se negocia. Ravier y Ardohain traidores”, se puede leer.
El jueves 9, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la ley de glaciares, en una sesión con 256 miembros presentes. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, con 5 ausentes. El resultado reflejó una fuerte polarización, con respaldo de bloques aliados al oficialismo y rechazo de la oposición y fuerzas de izquierda.
Los cambios en la ley generan preocupación en La Pampa porque implican una flexibilización de la protección en zonas de alta montaña, al permitir actividades mineras en áreas periglaciales que abastecen a los ríos Colorado y Atuel. Según advierten autoridades provinciales, el avance minero podría contaminar y reducir el caudal de agua que utilizan tanto la población como la producción, al liberar restricciones en las nacientes ubicadas en Mendoza.
Los diputados Ariel Rauschenberger, Varinia Marín y Abelardo Ferrán, todos de Unión por la Patria, votaron en contra, mientras que Martín Ardohain (PRO) y Adrián Ravier (LLA) lo hicieron a favor.
En tanto, en febrero, los tres senadores por La Pampa, Daniel Bensusán (Unión por la Patria), Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (PRO), votaron en contra de los cambios. De este modo, de los ocho legisladores pampeanos, solo Ravier y Ardohain respaldaron la reforma.
Así, tanto el radicalismo como el peronismo pampeano se posicionaron en contra de la iniciativa, mientras que LLA la apoyó sin matices. En el PRO, en cambio, conviven posturas a favor y en contra.
Amparo colectivo
Horas después de la sanción, el gobernador Sergio Ziliotto, junto a autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), de la Fundación Chadileuvú y de la Asociación por los Ríos Pampeanos, anunció la presentación de un amparo ambiental ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la ley 26.639, que habilita la minería en zonas periglaciales.
El planteo sostiene que la norma pone en riesgo el río Colorado, del que depende el 70 por ciento de la población pampeana, y que también podría afectar al río Atuel, ya reducido en su caudal por intervenciones en Mendoza.
Ziliotto afirmó que la ley “lesiona derechos ambientales colectivos” consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales. También advirtió que vulnera el principio de no regresión previsto en el Acuerdo de Escazú. “Afectará muchísimo a los pampeanos. Es una ley que nos quitará derechos sobre el agua y perjudicará al ambiente”, expresó.
“La causa de los ríos pampeanos no está atravesada por ninguna grieta: contiene a la enorme mayoría de la sociedad”, dijo.
Además, remarcó que la provincia tiene antecedentes históricos sobre el impacto en sus ríos y recordó que La Pampa no tiene glaciares, pero depende de un río de origen glaciario como el Colorado.
Qué implican los cambios
La reforma modifica los criterios de protección de glaciares y ambientes periglaciales, al otorgar mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades extractivas como la minería.
Desde La Pampa sostuvieron que los cambios implican una flexibilización de los estándares ambientales y podría habilitar intervenciones en zonas sensibles de la cordillera, con impacto directo en el abastecimiento de agua potable y productiva vinculado al río Colorado.
Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es el riesgo hídrico. El Gobierno provincial advirtió que las nacientes del Colorado se encuentran en áreas actualmente protegidas, por lo que cualquier reducción de esos resguardos podría tener consecuencias directas sobre el recurso.
En ese marco, también aparece el antecedente del río Atuel, definido como una “memoria hídrica dolorosa” para la provincia. Señalaron que el manejo unilateral aguas arriba provocó su pérdida en territorio pampeano, con procesos de desertificación y daños ambientales persistentes.
Otro de los argumentos es la defensa del federalismo ambiental. La provincia sostuvo que la reforma debilita los estándares nacionales y traslada responsabilidades a las provincias cordilleranas, lo que podría facilitar la actividad minera en zonas glaciares.
Desde el punto de vista jurídico, anticiparon que la iniciativa vulnera el principio de no regresión del derecho ambiental, ya que implicaría un retroceso en los niveles de protección. También advirtieron que podría entrar en colisión con la Constitución nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a su preservación para las generaciones futuras.