{"id":12697,"date":"2018-07-04T19:26:34","date_gmt":"2018-07-04T22:26:34","guid":{"rendered":"http:\/\/diariotextual.com\/inicio\/?p=12697"},"modified":"2018-07-04T19:26:34","modified_gmt":"2018-07-04T22:26:34","slug":"camara-tambien-rechazo-amparo-los-estatales-cobren-plus-patagonico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariotextual.com\/inicio\/index.php\/2018\/07\/04\/camara-tambien-rechazo-amparo-los-estatales-cobren-plus-patagonico\/","title":{"rendered":"C\u00e1mara tambi\u00e9n rechaz\u00f3 un amparo para que los estatales cobren el plus patag\u00f3nico"},"content":{"rendered":"<p>Los estatales provinciales que pretenden el pago de un\u00a0<strong>plus patag\u00f3nico<\/strong>\u00a0recibieron un nuevo rev\u00e9s judicial. La C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda de Santa Rosa confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia de no hacer lugar a la acci\u00f3n de amparo promovida para que el Poder Ejecutivo Provincial y\/o la C\u00e1mara de Diputados \u201cprevea una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica para la totalidad de los empleados p\u00fablicos (incluyendo las personas que se encuentran gozando de los beneficios jubilatorios) por encontrarse la provincia de La Pampa en la regi\u00f3n patag\u00f3nica\u201d.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n de la Sala 1, conformada por los jueces Laura Torres y Guillermo Salas ratific\u00f3 en un todo el fallo que dictara, en marzo del a\u00f1o pasado, la juez Fabiana Berardi, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Miner\u00eda N\u00b0 4.<\/p>\n<p>El amparo hab\u00eda sido impulsado por directivos de la Uni\u00f3n de Jubilados y Pensionados Civiles de La Pampa, la Asociaci\u00f3n Personal de Empleados Legislativos, el Sindicato de Trabajadores de Salud Pampeana y una docente jubilada, Marta G\u00f3mez; sum\u00e1ndose como tercero voluntario el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa. Los recursos de apelaci\u00f3n fueron presentados solamente por la Asociaci\u00f3n Personal de Empleados Legislativos y el Sindicato de Trabajadores Judiciales.<\/p>\n<p>El planteo de los demandantes se bas\u00f3, fundamentalmente, en el art\u00edculo 124 de la Constituci\u00f3n Nacional y en la ley nacional 23.272. El primer texto dice \u201clas provincias podr\u00e1n crear regiones para el desarrollo econ\u00f3mico y social y establecer \u00f3rganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podr\u00e1n tambi\u00e9n celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la pol\u00edtica exterior de la Naci\u00f3n y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el cr\u00e9dito p\u00fablico de la Naci\u00f3n; con conocimiento del Congreso Nacional\u201d.<\/p>\n<p>El segundo se\u00f1ala que \u201ca los efectos de las leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y dem\u00e1s disposiciones legales del orden nacional, consid\u00e9rese a La Pampa juntamente con las provinciales de R\u00edo Negro, Chubut, Neuqu\u00e9n, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Ant\u00e1rtida e Islas del Atl\u00e1ntico Sur y el partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires\u201d.<\/p>\n<p>Por eso los demandantes dijeron oportunamente ante Berardi \u2013y reiteraron en la C\u00e1mara de Apelaciones\u2013 que los poderes Ejecutivo y\/o Legislativo \u201ctienen el deber de legislar sobre esta cuesti\u00f3n\u201d y que \u201cel c\u00f3mo se lo haga excede la jurisdicci\u00f3n del tribunal\u201d. \u201cLo cierto es que tienen que hacerlo, de la manera que elijan, pero hacerlo\u201d, remarcaron. Adem\u00e1s calificaron de \u201cinconstitucional la omisi\u00f3n de dictar una normativa \u2013a la que est\u00e1n obligados por mandato legal y constitucional\u2013, que prevea la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d.<\/p>\n<p>\u201cLos pampeanos tienen el derecho constitucional a que se los trate igual que a los chubutenses, rionegrinos, neuquinos, santacruce\u00f1os y fueguinos. Esa igualdad de trato se debe traducir en una acci\u00f3n pol\u00edtica orientada en los hechos a, entre otras cosas, la composici\u00f3n del salario. El c\u00f3mo quedar\u00e1 para cuando hagan algo. Lo que aqu\u00ed se pide es que hagan algo\u201d, agregaron.<\/p>\n<p>Torres y Salas respaldaron absolutamente la postura de Berardi y acordaron con sus fundamentos. La jueza de primera instancia hab\u00eda sostenido que el art\u00edculo 124 de la Constituci\u00f3n Nacional \u201c\u00fanicamente faculta a las provincias a \u2018crear regiones para el desarrollo econ\u00f3mico y social y establecer \u00f3rganos para el cumplimiento de sus fines\u2019, pero no les impone ninguna obligaci\u00f3n en cuanto al contenido de los tratados que celebren a ese fin\u201d, y que el tratado fundacional de la regi\u00f3n patag\u00f3nica \u2013firmado con base en esa habilitaci\u00f3n constitucional\u2013 , \u201cno contiene ning\u00fan compromiso de los estados provinciales signatarios en materia de uniformidad o dise\u00f1o com\u00fan de pautas salariales, y que su suscripci\u00f3n no comprometi\u00f3 la autonom\u00eda de las provincias en esta materia\u201d.<\/p>\n<p>\u201cNo hay una matriz salarial para la regi\u00f3n patag\u00f3nica que se derive de su conformaci\u00f3n como regi\u00f3n y que incluya un adicional por esa circunstancia\u201d, remarc\u00f3.<\/p>\n<p>\u201cAlgunas provincias suplementan los haberes del sector p\u00fablico bajo el concepto de \u2018zona\u2019 o \u2018zona desfavorable\u2019, pero no a partir ni con motivo de la firma del tratado fundacional de la regi\u00f3n patag\u00f3nica, sino con anterioridad al mismo y con causa en distintos instrumentos legales (leyes, decretos y convenciones colectivas) dados por cada uno de esos estados provinciales\u201d, acot\u00f3 la titular del Juzgado N\u00b0 4.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n Berardi hab\u00eda se\u00f1alado que, descartada la omisi\u00f3n constitucional, el pago del adicional tampoco podr\u00eda derivarse de la ley 23272 ya que al ser nacional est\u00e1 \u201cdestinada a regir \u00fanicamente la actividad del Estado Nacional en la materia\u201d. \u201cLa conclusi\u00f3n que antecede no implica que los trabajadores p\u00fablicos de La Pampa no tengan derecho a cobrar un plus por vivir en la regi\u00f3n patag\u00f3nica, pero s\u00ed que su reconocimiento depende de la decisi\u00f3n de los leg\u00edtimos representantes de todos los habitantes de la provincia, a quienes el Poder Judicial no puede suplantar sin avasallar el principio de divisi\u00f3n de poderes\u201d, razon\u00f3.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sentencia confirmada<\/strong><\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 dijo la APEL en su recurso de apelaci\u00f3n? Que la sentencia de Berardi se bas\u00f3 en \u201cuna interpretaci\u00f3n irrazonable del ordenamiento jur\u00eddico\u201d. Sin embargo, la C\u00e1mara consider\u00f3 desierta a esa presentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En primer voto, Torres expres\u00f3 que \u201cno basta con enunciar el yerro que -supuestamente- afecta a la sentencia, sino que es necesario, a fin de poder ingresar en su an\u00e1lisis y tratamiento, precisarlo de un modo razonado y concreto (\u2026), por lo que era carga procesal del recurrente criticar y demostrar eficazmente el presupuesto sobre el cual sustent\u00f3 su recurso; es decir, que existi\u00f3 efectivamente una interpretaci\u00f3n irrazonable del ordenamiento jur\u00eddico\u201d. Sin embargo, no lo hizo, subray\u00f3 la camarista.<\/p>\n<p>\u201cEn efecto, la inconstitucionalidad por omisi\u00f3n de legislar que acusaron como fundamento de su pretensi\u00f3n la sustentaron, precisamente, en que \u2018los poderes\u2019 demandados vulneraron los derechos reconocidos en la ley 23.272 y en la Constituci\u00f3n Nacional, aludiendo al art\u00edculo 124, lo que patentiza la incongruencia de su queja\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<div class=\"g g-1\">\n<div class=\"g-single a-3\"><ins class=\"adsbygoogle\" data-ad-client=\"ca-pub-8462277473027869\" data-ad-slot=\"2416895182\" data-ad-format=\"auto\" data-adsbygoogle-status=\"done\"><ins id=\"aswift_0_expand\"><ins id=\"aswift_0_anchor\"><iframe id=\"aswift_0\" name=\"aswift_0\" width=\"780\" height=\"90\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/ins><\/ins><\/ins><\/div>\n<\/div>\n<p>\u201cLos agravios se construyen a partir de la sentencia, se\u00f1alando clara y concretamente el error; pues no basta con disentir, sino que es necesario fundamentar, refutar, demostrar cr\u00edticamente d\u00f3nde reside el equ\u00edvoco en la apreciaci\u00f3n judicial; aspecto que el apelante no cumpli\u00f3 de modo alguno, incurriendo en un cuestionamiento dogm\u00e1tico, sobre el principio de no regresividad en el reconocimiento de derechos, de progresividad y pro homine, sin demostrar que la decisi\u00f3n judicial que no lo satisfizo los hubiera vulnerado\u201d, subray\u00f3 la jueza Torres.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Amparo laboral, no<\/strong><\/p>\n<p>Por su parte, el Sindicato de Empleados Judiciales indic\u00f3 en su apelaci\u00f3n que la ley nacional 23.272, modificada por la ley 25.955, incorpor\u00f3 a La Pampa en la regi\u00f3n patag\u00f3nica y que a partir de all\u00ed \u201cel Estado Nacional adopt\u00f3 todas las medidas atinentes para lograr dar el mismo tratamiento a los trabajadores de sus dependencias en la mencionada regi\u00f3n\u201d (Anses, Universidad de La Pampa, Ej\u00e9rcito Argentino, Banco Naci\u00f3n, etc.); y que \u201cen materia laboral \u2013pretendiendo un plus adicional para los trabajadores del Estado provincial- es de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 14 bis de la Constituci\u00f3n Nacional\u201d.<\/p>\n<p>El gremio se\u00f1al\u00f3 que \u201cno existen criterios objetivos de diferenciaci\u00f3n entre los empleados p\u00fablicos provinciales que no cobran el plus patag\u00f3nico, con los nacionales que s\u00ed lo perciben por prestar tareas en la provincia, y que a ello se suma que tanto el Estado Nacional como el resto de las provincias patag\u00f3nicas pagan un \u2018adicional o plus por zona\u2019\u201d. Por ello cuestion\u00f3 el fallo de Berardi y reclam\u00f3 que les corresponde recibir el mismo trato que los dem\u00e1s trabajadores de la zona.<\/p>\n<p>\u201cLuego de una extensa argumentaci\u00f3n respecto a la regionalidad patag\u00f3nica, el sindicato manifest\u00f3 que teniendo reconocido el derecho se \u2018visibiliza concretamente el derecho a un tratamiento igual de las situaciones jur\u00eddicas derivadas del mismo, apareciendo con toda claridad tal prerrogativa para las relaciones de trabajo. La desfavorabilidad implica un trato particular a los trabajadores de la regi\u00f3n, que ha sido equilibrado a trav\u00e9s de una forma de remuneraci\u00f3n que establece un adicional o plus que deriva precisamente de esas condiciones socioambientales e hist\u00f3ricas propias de la regi\u00f3n\u2019\u201d, puede leerse en la resoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Ante ello, Torres sostuvo \u201cclaramente se advirti\u00f3 una ardua tarea en pos de compatibilizar \u2013a modo de s\u00edntesis\u2013 dos planteos que no se integran armoniosamente, ya no solo en cuanto al derecho aplicable (el apelante pretendi\u00f3 el laboral, mientras que los actores se inclinaron por una acci\u00f3n de amparo, persiguiendo la inconstitucionalidad por omisi\u00f3n del deber de legislar de los poderes p\u00fablicos), sino tambi\u00e9n en cuanto a la soluci\u00f3n del caso. En efecto, mientras en la demanda se solicit\u00f3 que \u2018se intime\u2019 a los demandados a que en un plazo prudente, pero perentorio, arbitren medidas concretas tendientes al tratamiento y reconocimiento del adicional (\u2026); el tercero voluntario, si bien trat\u00f3 de mantenerse dentro de esos l\u00edmites, termin\u00f3 extralimit\u00e1ndose\u201d.<\/p>\n<p>\u201cSi se demand\u00f3 por \u2018omisi\u00f3n,\u2019 era carga del reclamante no solo alegarla, sino tambi\u00e9n \u2013y primordialmente\u2013 demostrarla; cuesti\u00f3n que, pese a la extensi\u00f3n de su recurso, no explic\u00f3 debida y fundadamente. Tampoco aleg\u00f3 ni prob\u00f3 qu\u00e9 norma legal, constitucional o convencional obliga al Estado provincial a dictar una ley que reconozca el plus patag\u00f3nico. Sin dudas se trata de una decisi\u00f3n discrecional de los poderes demandados y, por ende, no sujeto a control judicial; m\u00e1xime cuando no se configura, como se ha dicho, arbitrariedad\u201d, manifest\u00f3 la camarista.<\/p>\n<p>\u201cAsimismo, en cuanto a la aducida discriminaci\u00f3n con el resto de los empleados p\u00fablicos de las provincias patag\u00f3nicas, la misma no se ha configurado \u2013remarc\u00f3 Torres\u2013. Ello resulta manifiesto por los distintos informes recabados, y que la sentenciante se ocup\u00f3 de transcribir, advirtiendo s\u00ed que existe un adicional \u2018por zona\u2019; sin embargo, ello no es determinante ni influye de modo alguno en la decisi\u00f3n, pues, sabido es que en La Pampa tambi\u00e9n existe el mismo y lo perciben los trabajadores que prestan tareas en zonas rurales o inh\u00f3spitas, mas ninguna provincia, cabe resaltar, cre\u00f3 el adicional objeto de Litis (\u2026) Ni antes de la ley 23.272 ni despu\u00e9s, a excepci\u00f3n de Carmen de Patagones, se ha reconocido un adicional por el hecho de pertenecer a la regi\u00f3n patag\u00f3nica; y si bien lo paga el Estado Nacional, ello no genera derechos; tampoco deber de los poderes provinciales a reconocerlo; toda vez que estamos en un pa\u00eds federal, donde las provincias son aut\u00f3nomas y fijan la retribuci\u00f3n a sus empleados\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cuesti\u00f3n pol\u00edtica no justiciable<\/strong><\/p>\n<p>Salas, al emitir su voto, adhiri\u00f3 al razonamiento de su colega y lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n que Berardi, en el sentido que \u201cni el tratado fundacional de la regi\u00f3n, ni la cl\u00e1usula constitucional que lo habilit\u00f3 (art\u00edculo 124 de la Constituci\u00f3n Nacional) pueden ser interpretados como un imperativo constitucional o convencional que obligue a los estados provinciales que la integran, a dar tratamiento legislativo a un determinado suplemento salarial para todos los empleados p\u00fablicos de la regi\u00f3n\u201d; acotando que tal imperativo tampoco se deriva de la ley 23.272 y su modificatoria 25.995 ya que se trata de una norma nacional destinada a regir \u00fanicamente la actividad del Estado Nacional.<\/p>\n<p>\u201cPese a los notables esfuerzos argumentativos de los recurrentes, no hay un caso constitucional justiciable y en rigor nunca lo hubo (\u2026) Como ha quedado reflejado en este expediente, el plus salarial por operatividad de ley formal directa y con causa en la vocaci\u00f3n de pertenencia de la Provincia de La Pampa a la regi\u00f3n patag\u00f3nica estar\u00e1 o no presente y se liquidar\u00e1 o no, en funci\u00f3n del distinto \u00e1mbito o sector que se trate (por ejemplo, dependencias nacionales que operan en territorio local), resultando una evidencia palmaria que a ninguno de los recurrentes le aplica\u201d, concluy\u00f3 el juez.<\/p>\n<p>Salas sostuvo en su voto que en este caso, ninguna garant\u00eda constitucional ni derecho l\u00edquido aparecen ni individual ni colectivamente comprometidos, siendo inexistente la ilegalidad manifiesta insinuada, remarcando que las llamadas \u201ccuestiones pol\u00edticas no justiciables \u2013como lo es esencialmente la tra\u00edda a conocimiento de la C\u00e1mara\u2013, deben ser siempre impulsadas o abordadas, mediante la interacci\u00f3n de las ramas legislativa y ejecutiva (art\u00edculo 22 de la Constituci\u00f3n Nacional), siendo tal un espacio de incumbencia de los poderes pol\u00edticos del Estado \u2013electivos en el marco democr\u00e1tico\u2013, pues de lo contrario el Poder Judicial estar\u00eda irrumpiendo en modo contrario a derecho, avasallando competencias que no le son propias en el esquema constitucional de separaci\u00f3n de poderes\u201d.<\/p>\n<p>Finalmente, con cita de precedentes de la Corte Suprema argentina y de la Corte norteamericana, el camarista record\u00f3 que la tem\u00e1tica o doctrina de las cuestiones pol\u00edticas no judicializables, provoca el descarte o la desestimaci\u00f3n del caso, entre otros supuestos, cuando por compromiso constitucional el asunto incumba o corresponda gen\u00e9ticamente a la coordinaci\u00f3n pol\u00edtica entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; y tambi\u00e9n cuando el aspecto procesal o sustancial del caso rebase o escape la posibilidad de tratarlo judicialmente y se trate de una materia propia de las pol\u00edticas p\u00fablicas que son ajenas a la discreci\u00f3n judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los estatales provinciales que pretenden el pago de un\u00a0plus patag\u00f3nico\u00a0recibieron un nuevo rev\u00e9s judicial. 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