La C\u00e1mara Federal de Bah\u00eda Blanca confirm\u00f3 hoy el rechazo in l\u00edmine -sin entrar en el tratamiento del fondo de la cuesti\u00f3n- de la acci\u00f3n declarativa de inconstitucionalidad contra la ley 27.610, de \u00abAcceso a la Interrupci\u00f3n Voluntaria del Embarazo\u00bb interpuesta por el partido NOS de la provincia de La Pampa, por falta de legitimaci\u00f3n activa de la parte actora como por inexistencia de un caso concreto que permita propiciar la v\u00eda del control judicial.<\/p>\n\n\n\n
Con el voto del camarista Roberto Daniel Am\u00e1bile y la adhesi\u00f3n de su colega, Pablo Candisano Mera, el tribunal de alzada confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n del Juzgado Federal de Santa Rosa, inform\u00f3 Fiscales.<\/p>\n\n\n\n
En la resoluci\u00f3n, la C\u00e1mara Federal no ingres\u00f3 al fondo de la cuesti\u00f3n y rechaz\u00f3 la petici\u00f3n por cuestiones formales, dado que \u00abno se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para la procedencia de la acci\u00f3n intentada\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n se dict\u00f3 en l\u00ednea con el dictamen del fiscal general subrogante ante ese tribunal, Horacio Azzolin, y de la fiscala a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, quienes hab\u00edan solicitado al rechazo en una extensa presentaci\u00f3n realizada el 14 de junio pasado, en la cual analizaron los aspectos formales del pedido e ingresaron en el fondo de la cuesti\u00f3n. Antes de esta intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General, la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, se hab\u00eda pronunciado en el mismo sentido en febrero pasado.<\/p>\n\n\n\n
En su voto, el camarista Am\u00e1bile se\u00f1al\u00f3 que \u00aben concordancia con lo dictaminado por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, considiro deben tenerse especialmente en cuenta los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en el caso Halabi\u00bb respecto de los alcances de la figura de la acci\u00f3n colectiva. As\u00ed, se\u00f1al\u00f3, \u00abse debe corroborar la presencia de los elementos significativos del caso colectivo, que son la existencia de un conflicto colectivo que amerite su canalizaci\u00f3n, la necesidad de su tramitaci\u00f3n y resoluci\u00f3n por medio de un \u00fanico proceso; la concurrencia de un factor de agresi\u00f3n com\u00fan, en la medida en que la vulneraci\u00f3n que se invoca recaiga sobre bienes colectivos o sobre intereses individuales homog\u00e9neos; la representaci\u00f3n adecuada por parte de quien acciona en defensa del bien colectivo, o del grupo, clase o categor\u00eda de sujetos damnificados y los efectos expansivos de la sentencia\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El camarista explic\u00f3 que, sobre la base de esos par\u00e1metros, \u00abno surge la representaci\u00f3n del inter\u00e9s colectivo que se invoca, no solo en raz\u00f3n de la discutida posibilidad de encuadrar a los partidos pol\u00edticos como uno de los sujetos habilitados por el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional para promover este tipo de planteos, sino que adem\u00e1s, por las caracter\u00edsticas particulares que rodean al proceso de reconocimiento de personer\u00eda en curso que se encuentra impulsando la Junta Promotora del Partido NOS\u00bb, que \u00aba la fecha impide reconocerle m\u00e1s potestades que las que pudieren otorgarle voluntariamente los diez miembros que de momento la conforman\u00bb como parte actora, y \u00abmenos a\u00fan, la arrogada representaci\u00f3n de un inter\u00e9s jur\u00eddico concreto, inmediato y sustancial para que la acci\u00f3n resulte procedente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, la C\u00e1mara se\u00f1al\u00f3 que tampoco se ha demostrado \u00abla existencia de un caso concreto\u00bb y, por lo tanto, \u00abno corresponde al Poder Judicial de la Naci\u00f3n hacer declaraciones generales o en abstracto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes que dicte el Congreso o de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino \u00fanicamente con relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de estas al hecho o caso contencioso producido\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Con citas de doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema que avalan esa postura, el magistrado que lider\u00f3 el acuerdo se\u00f1al\u00f3 que \u00abla mera invocaci\u00f3n formal de la jerarqu\u00eda constitucional del derecho a la vida que el accionante se\u00f1ala querer resguardar, resulta insuficiente para tener por demostrado un inter\u00e9s jur\u00eddico preciso que justifique su legitimaci\u00f3n activa, as\u00ed como tambi\u00e9n la presencia de un caso concreto que habilite la v\u00eda judicial excepcional de control de constitucionalidad de una disposici\u00f3n emanada de los otros dos poderes del Estado siguiendo los procedimientos constitucionales espec\u00edficamente establecidos a tales fines\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, cit\u00f3 una vez m\u00e1s la fiscal\u00eda para afirmar que el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 27.610 \u00abno puede ser analizado en abstracto, dado que ello implicar\u00eda la intromisi\u00f3n del Poder Judicial, a pedido de un partido pol\u00edtico en formaci\u00f3n que carece de representantes en el Congreso de la Naci\u00f3n, en una discusi\u00f3n que ya fue suficientemente efectuada y resuelta en el seno de los poderes democr\u00e1ticos\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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