La Oficina de la Mujer y Violencia Dom\u00e9stica, un organismo que depende del Superior Tribunal de Justicia, comenz\u00f3 en Santa Isabel con un programa de capacitaci\u00f3n en violencia dom\u00e9stica, familiar y de g\u00e9nero. Se trata de un taller te\u00f3rico-pr\u00e1ctico que se extender\u00e1 a toda la provincia.<\/p>\n\n\n\n
La titular de la OMyVD, Marien Cazenave, y el abogado Mariano Tojo, integrante del equipo t\u00e9cnico, estuvieron reunidos en el albergue municipal de esa localidad oeste\u00f1a con las juezas y jueces de paz de Santa Isabel, Algarrobo del \u00c1guila, La Humada, Puel\u00e9n y Luan Toro, junto a personal administrativo de esos tribunales.<\/p>\n\n\n\n
All\u00ed hicieron hincapi\u00e9, fundamentalmente, en las obligaciones que tienen los juzgados de paz con respecto a esta tem\u00e1tica y a las que fija la ley 26485 de Protecci\u00f3n integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los \u00e1mbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLo prioritario del taller fue unificar criterios de intervenci\u00f3n para garantizarle a las v\u00edctimas el acceso a justicia\u00bb, indic\u00f3 Cazenave. \u00abEn ese marco fue que establecimos mecanismos comunes de c\u00f3mo actuar, c\u00f3mo evitar la revictimizaci\u00f3n y c\u00f3mo colaborar a que los juzgados de familia, ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes adopten determinadas medidas\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u00abFue importante explicarles c\u00f3mo completar las actas de intervenci\u00f3n y que en ellas carguen todos los datos posibles. Por ejemplo, si saben que el presunto victimario vive a la vuelta de la v\u00edctima, deber\u00edan cargarlo porque eso tiene importancia para el dictado de una eventual orden de restricci\u00f3n de acercamiento\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Tojo.<\/p>\n\n\n\n
Precisamente el art\u00edculo 17 de dicha ley es el que menciona la participaci\u00f3n de los juzgados de paz en los procedimientos administrativos previos o posteriores a la instancia judicial. A su vez, la normativa provincial (leyes 1918 y 2277) especifica que los juzgados de paz, como integrantes del Poder Judicial, tienen facultades para recibir comunicaciones por violencia contra las mujeres (de parte de v\u00edctimas, familiares, directores\/as de hospitales y escuelas, etc.) y tambi\u00e9n las exposiciones policiales relacionadas con la tem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa unificaci\u00f3n de criterios para la elaboraci\u00f3n de los informes judiciales tiene tambi\u00e9n como fin evitar la judicializaci\u00f3n innecesaria de aquellos casos que necesitan otro tipo de abordaje, tal como establece la ley 26485\u00bb, afirm\u00f3 Cazenave.<\/p>\n\n\n\n
\u00abTambi\u00e9n dejamos en claro, y esto es muy importante, que la violencia dom\u00e9stica, familiar y de g\u00e9nero no es solo f\u00edsica. Es adem\u00e1s psicol\u00f3gica, sexual, econ\u00f3mica, patrimonial, simb\u00f3lica… Y esto quiero remarcarlo porque, por cuestiones culturales, a\u00fan hay personas que piensan la violencia exclusivamente en t\u00e9rminos f\u00edsicos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
A este primer taller regional le seguir\u00e1n, a lo largo del a\u00f1o, otros similares en distintos puntos de la provincia, hasta completar los 64 juzgados de paz. Esta vez asistieron las juezas Elvira Noem\u00ed Su\u00e1rez (Santa Isabel), Yolanda Elvira Oleksiuk (Algarrobo del \u00c1guila), Estela Alejandra Infante (La Humada) y Elsa Carolina Castro (Puel\u00e9n) y el juez Marcelo Oscar Montenegro (Luan Toro).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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