La C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda de Santa Rosa, aunque acept\u00f3 parcialmente los recursos de apelaci\u00f3n y redujo los montos, confirm\u00f3 las multas impuestas contra dos empresas de venta de automotores por violaci\u00f3n de distintos art\u00edculos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.<\/p>\n\n\n\n
Las multas fueron fijadas por la Direcci\u00f3n General de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a partir de los denuncias formuladas por dos usuarios. Las resoluciones judiciales fueron firmadas por el juez Guillermo Salas y la jueza Laura Cagliolo, integrantes de la Sala 3.<\/p>\n\n\n\n
En un caso, la firma Reims S.A. incumpli\u00f3 con el plazo de entrega de un automotor adquirido a trav\u00e9s del Plan Rombo de ahorro previo; y en el otro Raza SRL prometi\u00f3 que entregar\u00eda en forma inmediata un veh\u00edculo cero kil\u00f3metro y termin\u00f3 d\u00e1ndole a la consumidora \u2013fuera de los plazos contractuales\u2013 un auto que ya ten\u00eda 718 kil\u00f3metros.<\/p>\n\n\n\n
A Reims lo sancionaron por no respetar los art\u00edculos 4 (obligaci\u00f3n de informar de manera cierta, clara y detallada), 7 (cumplimiento de modalidades, condiciones o limitaciones de la oferta), 19 (respeto de plazos, condiciones, modalidades, reservas, etc.) y 53 (deber de colaboraci\u00f3n de los proveedores).<\/p>\n\n\n\n
La demandada sostuvo que no pod\u00eda ser condenada por el beneficio de la duda \u2013como ocurre en el derecho penal\u2013 y que, adem\u00e1s, \u201cno existi\u00f3 ni fue probado\u201d alg\u00fan tipo de perjuicio para el usuario.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara le respondi\u00f3 que los deberes y obligaciones fijados en la ley 24.240 son \u201cconocidos de antemano por las empresas\u201d para \u201cevitar confusiones relativas a la carga de la prueba\u201d, y a\u00f1adi\u00f3 que \u201csu incumplimiento trae como consecuencia que el sentenciante pueda tomar esa reticencia como un indicio de la veracidad de los hechos alegados\u201d por la parte demandante. Adem\u00e1s indic\u00f3 que \u201cla empresa no adjunt\u00f3 ninguna prueba que desvirt\u00fae la violaci\u00f3n\u201d de dichos art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n
Con respecto a Raza, el Tribunal de Segunda Instancia indic\u00f3 que, tras el reclamo de la usuaria por la tardanza en la entrega del cero kil\u00f3metro, se produjo \u201cun profuso intercambio\u201d en el que la empresa \u201cno otorg\u00f3 otra soluci\u00f3n\u201d a la mujer.<\/p>\n\n\n\n
Ella hizo la salvedad que aceptaba el automotor usado \u201cpor una cuesti\u00f3n de estricta necesidad\u201d, ya que hab\u00eda entregado el suyo y pagado el total de la operaci\u00f3n. La firma, en cambio, adujo que la usuaria consinti\u00f3 el traslado de veh\u00edculo desde C\u00f3rdoba, aunque \u201csin acreditar esta circunstancia ni los llamados telef\u00f3nicos que manifest\u00f3 haber hecho\u201d, se remarc\u00f3 en la sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Salas y Cagliolo le adjudicaron a Raza el incumplimiento del art\u00edculo 53 porque la ley establece un \u2018deber agravado\u2019 en cabeza de los proveedores, quienes tiene que \u201caportar todos los elementos de prueba que obren en su poder, m\u00e1xime si la empresa proveedora hizo referencia, no solo en su carta documento sino en los agravios (del recurso de apelaci\u00f3n), a la existencia de una solicitud de reserva suscripta por la denunciante que luego no adjunt\u00f3\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, se le redujo a ambas firmas el monto de las multas fijadas por la Direcci\u00f3n General de Defensa del Consumidor, por considerar que ninguna ten\u00eda antecedentes similares de incumplimientos tramitados ante la C\u00e1mara.\u200b<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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