Un informe oficial sobre la actuaci\u00f3n del Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa muestra que el 66 por ciento de los\/as postulantes elegidos\/as en las ternas y\/o duetos, en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, fueron mujeres. <\/p>\n\n\n\n
Durante ese per\u00edodo (2018-2022), se han inscripto en los concursos para ocupar cargos en el Poder Judicial 181 mujeres y 102 hombres, manteni\u00e9ndose esa misma proporci\u00f3n de dos tercios a uno. Sin embargo, en la etapa de oposici\u00f3n \u2013es decir al momento de rendir los ex\u00e1menes\u2013, la deserci\u00f3n fue mayor entre los hombres que en las mujeres, por lo que finalmente del total de postulantes que dieron los ex\u00e1menes, el 72 por ciento fueron mujeres (124) y el 28 hombres (49). <\/p>\n\n\n\n
La importancia que el Consejo \u2013integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de los colegios de abogados y contadores\u2013 viene d\u00e1ndole a la perspectiva de g\u00e9nero qued\u00f3 plasmada, entre otros aspectos, en que capacit\u00f3 y oblig\u00f3 a los concursantes a estar capacitados en dicha tem\u00e1tica antes que ello sea obligatorio en la Provincia. <\/p>\n\n\n\n
Oportunamente, a trav\u00e9s del acuerdo 1405, el cuerpo aprob\u00f3 por mayor\u00eda \u2013con los votos de los consejeros de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo\u2013 la obligatoriedad de la capacitaci\u00f3n en materia de g\u00e9nero, derivada de la Ley Micaela, como requisito para poder inscribirse en los concursos. En aquel momento, mediados de 2000, solo los abogados de la matr\u00edcula se opusieron a esa exigencia. <\/p>\n\n\n\n
Reci\u00e9n despu\u00e9s la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3, el a\u00f1o pasado, la ley 3385 que exige la incorporaci\u00f3n de contenidos referidos a la tem\u00e1tica de g\u00e9nero y violencia contra las mujeres en todas las instancias de evaluaci\u00f3n de concursos en los tres poderes y la acreditaci\u00f3n de la capacitaci\u00f3n obligatoria para poder anotarse en ellos. <\/p>\n\n\n\n
Estos, y otros datos, figuran en una nota \u2013con gr\u00e1ficos y cuadros\u2013 que el presidente del Consejo, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Jos\u00e9 Roberto Sappa, le envi\u00f3 a un grupo de docentes, activistas e integrantes de asociaciones cient\u00edficas y de la sociedad civil que reclamaron igualdad de g\u00e9nero en los concursos para acceder a la Justicia. <\/p>\n\n\n\n
All\u00ed record\u00f3 que, en 2018, la Magistratura recibi\u00f3 una nota de similar tenor \u2013principalmente en representaci\u00f3n del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa\u2013 y que, durante una reuni\u00f3n entre las partes, se convino que las requirentes aportar\u00edan material para las evaluaciones de los\/as postulantes. <\/p>\n\n\n\n
Ese material fue utilizado en diversas ocasiones durante \u201clas entrevistas con los\/as concursantes, requiriendo opiniones y respuestas concretas\u201d con ellos\/as y de esas circunstancias \u201cexisten constancias\u201d, indic\u00f3 Sappa. <\/p>\n\n\n\n
Actualmente la Magistratura tiene como consejeros titulares a Sappa, por el Poder Judicial; al subsecretario de Justicia y Registros P\u00fablicos, Pablo Javier Boleas, por el Poder Ejecutivo; a la diputada Alicia Susana Mayoral por el Poder Legislativo; a los abogados\/as Santigo Mar\u00eda Coll, Jorge Gabriel Salamone, Ra\u00fal Oscar Lanz y Ra\u00fal Alfredo Garc\u00eda por la matr\u00edcula y cada una de las circunscripciones judiciales; y a Mar\u00eda Alejandra Marega por los contadores\/as p\u00fablicos. <\/p>\n\n\n\n
Aquel escrito de hace cuatro a\u00f1os fue reiterado recientemente, en t\u00e9rminos similares, por representantes del Instituto Interdisciplinario, la Sociedad Argentina de Sociolog\u00eda Jur\u00eddica y de la carrera de Especializaci\u00f3n en Trabajo Social Forense, que se dicta en la UNLPam. <\/p>\n\n\n\n
En \u00e9l figuran otros planteos que no son competencia del Consejo, expres\u00f3 Sappa en su respuesta. En tal sentido, se\u00f1al\u00f3 que la confecci\u00f3n de un mapa de g\u00e9nero le corresponder\u00eda realizarlo al Poder Judicial. <\/p>\n\n\n\n
Con respecto a los criterios valorativos de los consejeros, agreg\u00f3 que \u201cse eval\u00faa desconociendo la identidades de los concursos\u201d y de acuerdo a lo que establece el art\u00edculo 22 de la ley 2600 Org\u00e1nica del Consejo de la Magistratura. All\u00ed dice que \u201cla prueba de oposici\u00f3n ser\u00e1 escrita, y consistir\u00e1 en el planteo de un caso real, archivado de la jurisdicci\u00f3n provincial o de cualquier otra, o un caso hipot\u00e9tico; o un interrogatorio seg\u00fan correspondiere, y con reserva de identidad de las partes, debi\u00e9ndoselo abordar desde la problem\u00e1tica que requiera el cargo\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Finalmente, acerca de la entrevista personal p\u00fablica a los concursantes, el presidente del cuerpo remarc\u00f3 que deben tener en cuenta el art\u00edculo 23 de aquella norma, referido a que en esa instancia \u201cse evaluar\u00e1 la aptitud y caracter\u00edsticas personales de los\/as postulantes respecto a la funci\u00f3n a cumplir\u201d.<\/p>\n\n\n\n
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