El Superior Tribunal de Justicia aval\u00f3 hoy las escuchas telef\u00f3nicas ordenadas en la causa donde se investiga al m\u00e9dico Jorge Rigutto, y otros imputados, por los delitos de estafa procesal en concurso ideal con falsificaci\u00f3n de instrumento privado y en concurso material con cohecho activo (pago de coimas).<\/p>\n\n\n\n
Los ministros Fabricio Losi y Eduardo Fern\u00e1ndez Mend\u00eda, como integrantes de la Sala B, as\u00ed lo hicieron saber al declarar inadmisibles los recursos de casaci\u00f3n presentados por los abogados Marcos Paz y Mauricio Moreno en nombre de Rigutto y del m\u00e9dico forense Juan Carlos Toulouse, respectivamente, contra la resoluci\u00f3n del Tribunal de Impugnaci\u00f3n que tambi\u00e9n hab\u00eda respaldado lo dispuesto por el juez de control, Carlos Chapalcaz. Al darle el STJ vista al procurador general, Mario Bongianino, este tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 en igual sentido.<\/p>\n\n\n\n
Ambas defensas hab\u00edan considerado a las escuchas como ilegales y plantearon que a partir de esa prueba, presuntamente inv\u00e1lida, deb\u00edan anularse todas las actuaciones posteriores. Por eso indicaron que existi\u00f3 una actividad procesal defectuosa, algo que fue desestimado por el Superior Tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Losi y Fern\u00e1ndez Mend\u00eda, despu\u00e9s de analizar lo que dicen la Constituci\u00f3n Nacional, los pactos internacionales, el C\u00f3digo Procesal Penal de La Pampa y la jurisprudencia y la acordada 17\/2019 de la Corte Suprema de la Naci\u00f3n, concluyeron que cada caso debe analizarse en forma particular<\/strong>, y que debe disponerse una intervenci\u00f3n telef\u00f3nica \u201ccuando exista informaci\u00f3n fehaciente, suficiente o datos objetivos que funden una m\u00ednima sospecha razonable relativa a un delito determinado\u201d.<\/p>\n\n\n\n En este caso consideraron que \u201clas manifestaciones que el m\u00e9dico forense<\/strong> (Pablo) V\u00e9liz<\/strong> puso en conocimiento de los fiscales, configuraron la sospecha razonable, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia trazada por la CSJN en el caso Quaranta<\/strong>, que condujo fundadamente a la autorizaci\u00f3n del juez (Chapalcaz de disponer las intervenciones) y cuyos resultados fueron positivos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Justamente el caso Quaranta fue citado por Paz y Moreno para avalar los planteos defensivos sobre una violaci\u00f3n del derecho constitucional a la privacidad. Ese precedente establece que el dictado de una orden para escuchar una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica \u2013o registrar un domicilio\u2013 solo es v\u00e1lida cuando la dicte un juez y medien \u201cmedian elementos objetivos id\u00f3neos para fundar una m\u00ednima sospecha razonable\u201d.<\/p>\n\n\n\n Un equilibrio necesario<\/strong><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s adelante, Losi y Fern\u00e1ndez Mend\u00eda hicieron hincapi\u00e9 en la acordada 17\/2019 de la Corte, referida a los principios que deben respetar los \u00f3rganos judiciales involucrados en los procedimientos de interceptaci\u00f3n y captaci\u00f3n de comunicaciones.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas circunstancias particulares de este legajo, y los distintos est\u00e1ndares que se imponen observar y valorar a la hora de determinar la afectaci\u00f3n concreta de la garant\u00eda constitucional en juego, el derecho a la intimidad, se impone como conclusi\u00f3n un pasaje de la acordada que ilustra el equilibrio necesario entre la plena vigencia de los derechos y garant\u00edas y la procedencia de la medida probatoria<\/strong> en cuesti\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, el STJ textualiz\u00f3 un fragmento de la acordada: \u201cel balance entre el derecho de toda persona a no sufrir invasiones a su privacidad y el inter\u00e9s estatal en la persecuci\u00f3n penal de un posible delito, debe incluir una necesaria ponderaci\u00f3n de los instrumentos escogidos y los fines hacia los que se dirige la espec\u00edfica herramienta investigativa dispuesta en la causa, en cuyo marco corresponde tamizar la medida elegida por los filtros de la necesidad, la adecuaci\u00f3n y la proporcionalidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por eso, bas\u00e1ndose en lo establecido por la Corte, el Alto Tribunal manifest\u00f3 que existi\u00f3 \u201cproporcionalidad, fundamentaci\u00f3n, provisionalidad, responsabilidad, privacidad y control institucional judicial\u201d en la orden dada por Chapalcaz.<\/p>\n\n\n\n \u201cLos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, deducen como est\u00e1ndares: la plena vigencia del principio de legalidad en cuanto a la medida dispuesta de intervenci\u00f3n telef\u00f3nica; que exista una correspondencia entre tal medida y un legajo penal en tr\u00e1mite cuya instancia permita la medida probatoria, y en la que se identifique claramente a la persona y al delito por el que se lo investiga; que la resoluci\u00f3n que ordena tal disposici\u00f3n se encuentre debidamente fundada y motivada en cuanto a su necesidad y pertinencia, como a su modalidad y tiempo de duraci\u00f3n; y que sea dictada por autoridad competente\u201d. Todo de ello para el STJ, se cumpli\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Una resoluci\u00f3n fundada<\/strong><\/p>\n\n\n\n En otra parte del extenso fallo, Losi y Fern\u00e1ndez Mend\u00eda consideraron que la resoluci\u00f3n del TIP fue fundada y para ello \u2013a modo de ejemplo\u2013 destacaron un p\u00e1rrafo donde Impugnaci\u00f3n desech\u00f3 la teor\u00eda defensiva de que el Ministerio P\u00fablico Fiscal fue \u2018a la pesca\u2019 de algo. As\u00ed lo reprodujo: \u201clas intervenciones se ampliaron a n\u00fameros de tel\u00e9fonos, cuyos titulares eran personas que colaboraban en demostrar un cuadro desmejorado de la salud de Rigutto para que este no cumpliera la prisi\u00f3n preventiva en encierro. Por ende, no resulta atendible sostener que la fiscal\u00eda estaba \u2018yendo a la pesca\u2019 como aleg\u00f3 la defensa\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n los ministros resaltaron otro tramo de lo expresado por el TIP: \u201clos procedimientos que se siguieron para materializar las intervenciones telef\u00f3nicas se compadecieron con lo ordenado por el juez de control, y la instrumentaci\u00f3n no se present\u00f3 como defectuosa, sino en concordancia con una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica del proceso en clave constitucional-convencional\u201d.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, acerca de las objeciones de los defensores porque en el diligenciamiento de las escuchas se incumpli\u00f3 presuntamente con la obligaci\u00f3n de entregar su resultado y grabaci\u00f3n al juez Chapalcaz, el STJ coincidi\u00f3 con el dictamen de la Procuraci\u00f3n de que\u00a0\u201cplantear la cuesti\u00f3n, otorg\u00e1ndole un impacto arbitrario de afectaci\u00f3n constitucional a las escuchas, en raz\u00f3n de si las mismas fueron recibidas por el fiscal, el juez o la Oficina Judicial, no resiste un an\u00e1lisis jur\u00eddico razonable\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Superior Tribunal de Justicia aval\u00f3 hoy las escuchas telef\u00f3nicas ordenadas en la causa donde se investiga al m\u00e9dico Jorge Rigutto, y otros imputados, por los delitos de estafa procesal…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":224501,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1,11,12],"tags":[],"class_list":["post-234094","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-es-noticia","category-que-pasa","category-sociedad"],"acf":[],"yoast_head":"\n