{"id":235997,"date":"2023-09-01T09:33:37","date_gmt":"2023-09-01T12:33:37","guid":{"rendered":"https:\/\/diariotextual.com\/inicio\/?p=235997"},"modified":"2023-09-01T13:10:23","modified_gmt":"2023-09-01T16:10:23","slug":"alquilo-un-campo-en-santa-isabel-dijo-que-era-de-sus-ancestros-ranqueles-y-ahora-lo-desalojan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariotextual.com\/inicio\/index.php\/2023\/09\/01\/alquilo-un-campo-en-santa-isabel-dijo-que-era-de-sus-ancestros-ranqueles-y-ahora-lo-desalojan\/","title":{"rendered":"Alquil\u00f3 un campo en Santa Isabel, dijo que era de sus ancestros ranqueles y ahora lo desalojan"},"content":{"rendered":"\n

La C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Miner\u00eda de la Segunda Circunscripci\u00f3n Judicial<\/strong> -con sede en General Pico- consider\u00f3 en una reciente sentencia que no siempre es aplicable la legislaci\u00f3n provincial que frena los desalojos de puesteros del oeste<\/strong>: orden\u00f3 que un hombre, que se reconoce dirigente de la Comunidad Ranquel Epumer<\/strong>, sea desalojado de un campo que hab\u00eda alquilado <\/strong>a una empresa. \u201cSi bien el demandado pertenece a la comunidad Ranquel Epumer no puede aplicarse la normativa del art. 2 de la ley 2.222 (NdeR: actualmente se analiza en la C\u00e1mara de Diputados un proyecto para prorrogarla<\/a><\/strong>) para suspender el desalojo habida cuenta que no ha acreditado en autos el origen ancestral con la tierra a la que va dirigida la ley. Por tal motivo cabe rechazar este agravio\u201d,<\/em> argumentaron los magistrados.<\/p>\n\n\n\n

La c\u00e1mara piquense tuvo que analizar el caso de Carlos Mateo Mart\u00ednez<\/strong>, de la comunidad ranquel del oeste pampeano.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan se indica en la sentencia a la que accedi\u00f3 Diario Textual<\/strong>, la empresa El Chalileo<\/strong>, en un principio, contrat\u00f3 a Mart\u00ednez como capataz y para realizar reparaciones en el campo El Quinto. Luego, entre los a\u00f1os 2015 y 2018, la firma lo contrat\u00f3 verbalmente para realizar toda una serie de mejoras en el predio rural, las cuales no le fueron pagadas en tiempo y forma.<\/p>\n\n\n\n

Con posterioridad, se celebr\u00f3 el contrato de locaci\u00f3n. Ambas partes suscribieron un contrato de arrendamiento agropecuario cuya fecha de inicio es el d\u00eda 15 de agosto de 2018 y su cese el d\u00eda 15 de agosto de 2020. Luego fue celebrado un contrato de pr\u00f3rroga por 16 meses. En este contrato el arrendatario reconoci\u00f3 la propiedad del inmueble rural en la empresa El Chalileo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al resolver, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda con sede en Victorica sostuvo que la sola pertenencia a alguna comunidad aborigen no alcanza para evitar un desalojo. Ese fallo fue apelado por Mart\u00ednez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la c\u00e1mara piquense, al llegar el expediente, quien emiti\u00f3 su primer voto fue el juez Rodolfo Fabi\u00e1n Rodr\u00edguez.<\/strong> Se apoy\u00f3 en jurisprudencia de la propia c\u00e1mara. En su momento, en otro expediente, el juez Roberto Iba\u00f1ez<\/strong> ha precisado a qui\u00e9n -a su criterio- est\u00e1 amparando la legislaci\u00f3n que ampara ante los desalojos. \u201cLa ley Pcial. N\u00ba 2222 -sostuvo en su voto- est\u00e1 dirigida buscar un paliativo moment\u00e1neo a situaciones que suelen ocurrir en el Oeste pampeano vinculadas con pobladores entre los que pueden encontrarse tanto aquellos pobladores que pertenecieran a una comunidad o se identificaran con un pasado ind\u00edgena como aquellos que fueran nativos, integrando de ese modo como sujeto de protecci\u00f3n a los llamados \u2018puesteros del Oeste\u2019 (Expte. 1.691 r.STJ, Sala A). M\u00e1s all\u00e1 de la identidad del sujeto (ya sea originario como sin\u00f3nimo de aborigen o s\u00f3lo pobladores de la zona Oeste de la provincia), considero que la norma tiene la clara intenci\u00f3n de protegerlos en tanto y en cuanto tengan una vinculaci\u00f3n ancestral (de antiguo origen) con la tierra que ocupan y de la cual se los pretende desalojar. No puedo imaginar que la norma se refiera a una persona \u2018X\u2019 que tenga alguna vinculaci\u00f3n con un antepasado originario y -llegado \u2018X\u2019 en estos d\u00edas a nuestra provincia- arriende un predio en el Oeste pampeano para luego, al vencimiento del plazo del contrato, pretender ampararse en la ley N\u00ba 2222 a los efectos de evitar el desalojo. O sea, la ley que invoca la demandada para evitar su lanzamiento tiene -en mi opini\u00f3n- un sentido y finalidad clara, evitar el despojo del que pueden ser v\u00edctimas los \u2018pobladores del Oeste pampeano\u2019 que han ocupado las tierras por largo tiempo (dir\u00edase por generaciones) y no han obtenido un t\u00edtulo de propiedad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En ese marco, el juez Rodr\u00edguez le dijo \u201cno\u201d a Mart\u00ednez. \u201cSi bien el demandado pertenece a la comunidad Ranquel Epumer no puede aplicarse la normativa del art. 2 de la ley 2.222 para suspender el desalojo habida cuenta que no ha acreditado en autos el origen ancestral con la tierra a la que va dirigida la ley. Por tal motivo cabe rechazar este agravio\u201d<\/strong>, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

En su segundo voto, la jueza Estela Lis Rodr\u00edguez adhiri\u00f3. \u201cComo bien lo refiere el colega emisor del primer voto \u2018el hecho de suscribir un contrato de locaci\u00f3n, implica el reconocimiento de la propiedad en otro sujeto y a su vez en el hecho de pretender realizar un derecho de retenci\u00f3n sobre la propiedad inmueble, demuestran que de esas conductas del demandado no est\u00e1 la de discutir una propiedad aborigen ancestral\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl derecho colectivo de propiedad sobre las tierras ind\u00edgenas implica el reconocimiento de un t\u00edtulo colectivo de propiedad sobre esas tierras, pero no el reconocimiento del derecho de propiedad en una tercera persona como lo ha materializado el demandado al suscribir el contrato de arrendamiento y la pr\u00f3rroga al mismo; si el demandado, como integrante de la comunidad Ranquel Epumer ten\u00eda derecho a la posesi\u00f3n de las tierras, derecho al uso, ocupaci\u00f3n y habitaci\u00f3n de dicho territorio, como parte del derecho a la propiedad comunitaria, no se explican los motivos de la suscripci\u00f3n del contrato de arrendamiento reconociendo la propiedad en una tercera persona<\/strong>\u201d, argument\u00f3. \u201cEn el marco del art. 2 de la ley 2222 no se debe reconocer el derecho de propiedad al titular, sino, adem\u00e1s quien la invoca debe demostrar que \u00e9l o sus ancestros ocuparon la propiedad rural. La flexibilidad normativa en pos de reconocer los derechos a los pueblos originarios no implica un reconocimiento liso y llano de los mismos, sino una decisi\u00f3n razonable y justa, valorando las pruebas que demuestren esa vinculaci\u00f3n ancestral\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Se gir\u00f3 a Diputados el proyecto que prorroga el freno de los remates de campos en el oeste<\/a><\/blockquote>