{"id":23615,"date":"2018-10-13T18:26:38","date_gmt":"2018-10-13T21:26:38","guid":{"rendered":"http:\/\/diariotextual.com\/inicio\/?p=23615"},"modified":"2018-10-14T10:58:22","modified_gmt":"2018-10-14T13:58:22","slug":"stj-ordeno-juez-analice-amparo-los-ambulantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariotextual.com\/inicio\/index.php\/2018\/10\/13\/stj-ordeno-juez-analice-amparo-los-ambulantes\/","title":{"rendered":"El STJ orden\u00f3 a un juez que analice el amparo de los ambulantes"},"content":{"rendered":"

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) orden\u00f3 al Juzgado en lo Civil, Comercial y de Miner\u00eda N\u00b0 3 de Santa Rosa, que analice el amparo interpuesto por un grupo de vendedores ambulantes contra la municipalidad de Santa Rosa, por entender que se les restringi\u00f3 la libertad de trabajo y se ejerci\u00f3 un trato discriminatorio<\/strong>. El recurso no est\u00e1 firme ya que fue recurrido ante la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda de Santa Rosa.<\/p>\n

La Sala C, conformada por los ministros Jos\u00e9 Roberto Sappa y Eduardo Fern\u00e1ndez Mend\u00eda, as\u00ed lo dispuso, luego de una presentaci\u00f3n de la defensora civil oficial Carina Mariana Ganuza y luego de darle vista a la Procuradur\u00eda General.<\/p>\n

El STJ hizo hincapi\u00e9 en tener en cuenta las llamadas Reglas de Brasilia \u2013a las que el Tribunal adhiri\u00f3 a trav\u00e9s del acuerdo 3117\/11\u2013, cuyo \u201cesp\u00edritu y motivaci\u00f3n radica en garantizar el acceso a la justicia, reposando sus disposiciones en las personas en condiciones de vulnerabilidad\u201d.<\/strong><\/p>\n

Los vendedores se presentaron en la Justicia luego de que fueran intimados a dejar la v\u00eda p\u00fablica. Oportunamente, el titular del Juzgado en lo Civil N\u00b0 3, Abel Arg\u00fcello<\/strong>, recibi\u00f3 el recurso de amparo \u2013con medida cautelar de no innovar\u2013 y sin darle vista al Ministerio P\u00fablico lo declar\u00f3 inadmisible<\/strong>. No obstante haber resuelto en tal sentido, \u201cingres\u00f3 al an\u00e1lisis de su competencia, y entendiendo que la cuesti\u00f3n podr\u00eda involucrar una competencia asignada constitucionalmente al STJ, como es la contencioso administrativa, declar\u00f3 su incompetencia por raz\u00f3n de la materia y, en los t\u00e9rminos de un conflicto de competencia, remiti\u00f3 la causa al Superior Tribunal \u201c. A su vez rechaz\u00f3 la medida cautelar de no innovar promovida por los vendedores ambulantes, la mayor\u00eda senegaleses.<\/p>\n

Estos apelaron \u2013en forma oportuna y ejerciendo sus derechos recursivos\u2013 las decisiones del juez de primera instancia de declarar inadmisible el amparo y el rechazo de la medida cautelar.<\/p>\n

Sappa y Fern\u00e1ndez Mend\u00eda, al analizar la presentaci\u00f3n, advirtieron \u201csituaciones procesalmente contradictorias y la inexistencia de un conflicto de competencia\u201d.<\/strong> Lo hicieron saber al indicar que si el juez Arg\u00fcello \u201copt\u00f3 por ejercer la atribuci\u00f3n de examinar oficiosamente el amparo (\u2026) decidiendo su inadmisibilidad, no puede luego, v\u00e1lidamente, declararse incompetente sobre el mismo litigio sobre el cual ya se pronunci\u00f3, pues la inadmisibilidad decretada involucr\u00f3 su competencia, resultando contradictoria su declaraci\u00f3n posterior\u201d.<\/p>\n

\u201cEn s\u00edntesis, la acci\u00f3n de amparo ya fue resuelta y, en virtud de que se encuentra recurrida y a\u00fan le resta transitar las oportunidades que el proceso pone a disposici\u00f3n de los litigantes, corresponde que prosiga con el tr\u00e1mite pertinente, en observancia del principio de debido proceso y defensa en juicio<\/strong>\u201d, agregaron los ministros. Por ello es que, al ordenarle al Juzgado N\u00b0 3 que prosiga con el tr\u00e1mite recursivo, el amparo pas\u00f3 ahora a la C\u00e1mara de Apelaciones. Este tribunal deber\u00e1 confirmar o no la inadmisibilidad decretada por Arg\u00fcello.<\/strong><\/p>\n

En la resoluci\u00f3n, el STJ dijo que \u201cla demanda inicial no involucra la competencia contencioso administrativa\u201d y que \u201cprima facie se evidencia que se trata de una acci\u00f3n de amparo\u201d ya que los vendedores ambulantes, congruentes con su reclamo \u2013presunto impedimento, prohibici\u00f3n o restricci\u00f3n del ejercicio de su \u2018libertad de trabajar\u2019, y \u2018trato discriminatorio\u2019-, persiguen la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del art\u00edculo 2 de la ordenanza 5460\/16, que impide el uso del espacio de la v\u00eda p\u00fablica con destino a la actividad comercial.<\/p>\n

Los amparistas invocaron los art\u00edculos 5, 14, 20, 28 y 31 de la Constituci\u00f3n Nacional y los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, Reglas de Brasilia, Pacto de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, Convenci\u00f3n Internacional para la Erradicaci\u00f3n de toda forma de discriminaci\u00f3n racial y Convenci\u00f3n Internacional de Personas con Discapacidad, con fundamento en el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n

En ese sentido, el Superior Tribunal expres\u00f3 que \u201celigieron adecuadamente la v\u00eda del amparo, que es preventiva \u2013no anulatoria de actos administrativos\u2013 y que solo procede frente a acciones u omisiones que agravien derechos reconocidos por la Constituci\u00f3n Nacional, los tratados internacionales \u2013art\u00edculo 75, inciso 22 de la C.N.\u2013 y las leyes, lo que \u201cimplica que el derecho conculcado nace directamente de dichas fuentes normativas, excluyendo la protecci\u00f3n o tutela de derechos vulnerados por actos administrativos, individuales o generales\u201d,<\/p>\n

\u201cDe la demanda surge que el agravio reside en la restricci\u00f3n de la libertad de \u2018trabajar\u2019, tanto respecto de los productos que venden, como del lugar de asentamiento de los puestos comerciales, por el car\u00e1cter de inmigrante y por cuestiones de raza \u2013subrayaron los ministros\u2013 , debido al cambio de una normativa municipal que derog\u00f3 parcialmente la norma que regulaba su actividad como vendedores de art\u00edculos varios, quedando sin regulaci\u00f3n su forma de trabajo, motivo por el cual se les restringe y proh\u00edbe continuar laborando, acci\u00f3n ejercida por parte del municipio demandado de manera informal y verbal, no renov\u00e1ndoles ni autoriz\u00e1ndolos a continuar como vendedores ambulantes con parada fija, que otrora fuera permitida en virtud de la ordenanza y resoluci\u00f3n 537\/11, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Sanidad y Control de Actividades Econ\u00f3micas, y el requerimiento de la mudanza de sus puestos comerciales fuera del radio que rodea a la plaza San Mart\u00edn, con motivo de la nueva normativa\u201d.<\/p>\n

\u201cEs decir que sus argumentos no persiguen el cuestionamiento o la anulaci\u00f3n de actos administrativos denegatorios de sus derechos, sino pura y exclusivamente que se les permita trabajar como vendedores ambulantes o de parada fija en la v\u00eda p\u00fablica en el centro de la ciudad de Santa Rosa, pretensi\u00f3n que \u2013conforme est\u00e1 expuesta\u2013 deber\u00e1 ser confrontada por el juez del amparo, con otros principios y valores en juego, mediante un adecuado \u2018balancing test\u2019 (aspecto importante de la prueba de sopesamiento), en orden a dirimir la proponibilidad del requerimiento\u201d, acotaron Sappa y Fern\u00e1ndez Mend\u00eda.<\/p>\n

\u201cEllo \u2013subrayaron\u2013 por cuanto, los derechos que exponen como presuntamente vulnerados requieren, inexorable y \u00fanicamente de una interpretaci\u00f3n de derechos constitucionales y convencionales, est\u00e1n exhibidos con dimensi\u00f3n colectiva, como grupo presuntamente vulnerable frente a las garant\u00edas y derechos que emergen, adem\u00e1s de la Carta Magna nacional, de las convenciones internacionales, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales que reconoce como derecho social el derecho a trabajar\u201d.<\/p>\n

\u201cCon car\u00e1cter de obiter dicta (dicho de paso) \u2013sostuvo el STJ\u2013 resulta atinado exponer, que la acci\u00f3n de amparo resulta ser tambi\u00e9n el curso apto para canalizar, procesalmente (\u2026) el aseguramiento jurisdiccional de derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales vulnerados, en particular, en beneficio de integrantes de grupos vulnerables, sea individual o colectivamente\u201d.<\/p>\n

\u201cComplementa tal lineamiento, la directriz que emerge de las \u2018Reglas de Brasilia\u2019, cuyo esp\u00edritu y motivaci\u00f3n radica en garantizar el acceso a la justicia, reposando sus disposiciones en las personas en condiciones de vulnerabilidad. Dichas reglas son un marco legal de tutela procesal en general, en tanto determinan, preliminarmente, que su finalidad es garantizar el pleno goce de los servicios del sistema judicial, promoviendo las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos en la Constituci\u00f3n Nacional y los tratados internacionales sea efectiva, adoptando las condiciones que mejor se adapten a cada condici\u00f3n\u201d, concluyeron los ministros de la Sala C.<\/p>\n

 <\/p>\n

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