El actual concejal de 25 de Mayo y exintendente, David Edgardo Bravo, fue absuelto hoy de los delitos de peculado, en concurso ideal con abuso de autoridad y violaci\u00f3n de los deberes de funcionario p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia fue dictada por la Audiencia de Juicio de Santa Rosa. La acusaci\u00f3n hab\u00eda sido promovida por la querella particular, ya que el Ministerio P\u00fablico Fiscal no acus\u00f3 durante el alegato final: el fiscal Sebasti\u00e1n Mendiara hab\u00eda pedido su absoluci\u00f3n luego de considerar que la investigaci\u00f3n ten\u00eda \u201cdefectos\u201d y por \u00abfalta de pruebas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En el juicio se ventil\u00f3 una denuncia que en 2012 hicieron tres ediles del Partido Justicialista por \u201cabuso de autoridad\u201d, pero la fiscal\u00eda posteriormente sum\u00f3 la acusaci\u00f3n de \u201cviolaci\u00f3n de los deberes de funcionario p\u00fablico en concurso ideal con peculado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En aquel momento Bravo -por el Movimiento Popular Veinticinque\u00f1o- ejerc\u00eda la intendencia. Los tres concejales de la oposici\u00f3n (PJ), Ricardo Poyo, Mar\u00eda Pineda y Jos\u00e9 Bustos, denunciaron que el Concejo, donde el MPV ten\u00eda mayor\u00eda, hab\u00eda aprobado una ordenanza que derivaba a la Cooperativa de 25 de Mayo (la Coospu) los fondos de las regal\u00edas petroleras.<\/p>\n\n\n\n
Los denunciantes sostuvieron que la sanci\u00f3n fue irregular porque no ten\u00eda la mayor\u00eda especial requerida, de 6 votos. Adem\u00e1s, advirtieron que la ordenanza tambi\u00e9n contradijo la misma ley al permitir el uso de fondos p\u00fablicos, en connivencia con los directivos de esa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la instituci\u00f3n correspondiente, el Concejo Deliberante.<\/p>\n\n\n\n
El argumento de Bravo y su defensa es que los recursos se volcaron en el tendido de una l\u00ednea el\u00e9ctrica que efectivamente se hizo, para atender la emergencia social de 200 personas que viv\u00edan en un asentamiento, en el marco del boom petrolero y la expansi\u00f3n demogr\u00e1fica de la localidad.<\/p>\n\n\n\n
El juez Ra\u00fal Miguez -al que adhirieron en su totalidad luego los magistrados Alejandra Ongaro y Daniel S\u00e1ez Zamora- dijo que el requerimiento absolutorio del fiscal fue \u201cdebidamente fundado y encuentra sost\u00e9n en el conjunto probatorio y el desarrollo del debate\u201d oral.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa posici\u00f3n del Sr. Fiscal General encuentra fundamento en la prueba que indica que: el acusado promulg\u00f3 ordenanzas aprobadas por las mayor\u00edas legalmente exigidas, en uso de las atribuciones que le otorga la ley 1597; en cumplimiento de la \u00faltima de ellas, celebr\u00f3 un convenio con la Coospu para la realizaci\u00f3n de una obra determinada, por un monto y un modo de pago establecidos, con precisi\u00f3n de las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas que deber\u00eda tener; ese convenio fue remitido al Concejo Deliberante, por lo cual los miembros de ese \u00f3rgano lo conocieron y tuvieron la posibilidad de requerir informes a los secretarios municipales correspondientes; no se trat\u00f3 de una sola entrega de dinero, sino que fue progresiva; no se deleg\u00f3 a la Coospu la posibilidad de determinar qu\u00e9 obras realizar, sino que se acord\u00f3 una en particular con todas sus caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas, precio y forma de pago; el Concejo Deliberante, adem\u00e1s de contar con el convenio y las \u00f3rdenes de pago que le fueron remitidas, al tratarse de operaciones bancarias pudo realizar su control de modo r\u00e1pido y sencillo; todos los pagos estuvieron documentalmente imputados al cumplimiento del convenio; el pago total efectuado a la Coospu fue de $1.450.000 ($1.613.200 si se suma la \u00faltima transferencia que no pudo ser vinculada documentalmente con el convenio), cuando el precio de la obra era de $1.981.980; no se constat\u00f3 faltante de fondos ni el cambio de su destino legalmente impuesto, como as\u00ed tampoco el pago de sobre precios\u201d, expres\u00f3. \u201cSeg\u00fan Oscar Lezcano -presidente de Consejo de Administraci\u00f3n de Coospu-, el dinero alcanz\u00f3 casi para la totalidad de la obra, por lo general se gasta de m\u00e1s porque los costos van cambiando por las demoras e imprevistos; tal como surge de todos los testimonios, pero especialmente de los arquitectos Mart\u00ednez y Ganora, la obra de m\u00e1s de 3000 metros de tendido de energ\u00eda el\u00e9ctrica se realiz\u00f3 por completo seg\u00fan el proyecto del ingeniero Gallegos (hubo algunas modificaciones pero que lo mejoraron) y en la actualidad funciona correctamente brindando el servicio a casi 500 viviendas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas restantes sospechas que se intentaron instalar respecto a una supuesta deuda del Municipio con la Coospu o en relaci\u00f3n a la indebida participaci\u00f3n de Shae en la obra, en su caso, debieron ser objeto de investigaci\u00f3n preparatoria. Del mismo modo, en caso de que hubiera correspondido, las supuestas violaciones a las leyes 3 y 38 debieron ser imputadas y constatadas en la ocasi\u00f3n pertinente. M\u00e1s all\u00e1 de ello, lo cierto es que durante el desarrollo del debate oral, no se ventil\u00f3 ning\u00fan tipo de prueba relacionada a esos aspectos, que tampoco se encuentran incluidos en los hechos materia de acusaci\u00f3n\u201d, sostuvo el juez.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSin perjuicio de lo que hubiera podido resultar de la oportuna profundizaci\u00f3n en esas l\u00edneas investigativas, del an\u00e1lisis de todo el material probatorio tra\u00eddo a debate, en mi consideraci\u00f3n se concluye que el pedido de absoluci\u00f3n realizado en su alegato de cierre por parte del Fiscal General Mendiara, no resulta arbitrario, puesto que encuentra sustento en un an\u00e1lisis objetivo de la prueba ventilada en juicio\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
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