La C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda confirm\u00f3 una serie de multas impuestas por la Direcci\u00f3n General de Defensa del Consumidor al Instituto Superior de Estudios Socioeducativos, Multiculturalismo, Arte y Comunicaci\u00f3n (Isesemac), al rechazar cuatro recursos directos interpuestos por la empresa denunciada.<\/p>\n\n\n\n
De esta manera, la Sala 3, integrada por el juez Guillermo Samuel Salas y la jueza Laura Cagliolo, ratific\u00f3 que la instituci\u00f3n capacitadora incumpli\u00f3 con los art\u00edculos 4 (deber de informaci\u00f3n), 8 (efectos de la publicidad), 7 (oferta), 19 (modalidades de prestaci\u00f3n de los servicios) de la ley 24.240 (Normas de protecci\u00f3n y defensa de los consumidores), confirmando multas por un total de 1.430.000 pesos.<\/p>\n\n\n\n
Los reclamos de los estudiantes giraron, m\u00e1s all\u00e1 de los pormenores de cada caso, en que se inscribieron para cursar el post\u00edtulo \u201cComo Recuperar la Escuela\u201d (CRE), que no contaba con acreditaci\u00f3n ante el Ministerio de Educaci\u00f3n de La Pampa, a pesar que desde el instituto informaron que s\u00ed. Por eso requirieron que se les devolviera el dinero abonado o que se lograse la autorizaci\u00f3n ministerial de la cursada.<\/p>\n\n\n\n
La instituci\u00f3n les inform\u00f3 que realizar\u00eda una preinscripci\u00f3n de alumnos hasta recibir una respuesta al pedido de autorizaci\u00f3n y hasta se les explic\u00f3 que se hab\u00eda recibido una nota de Educaci\u00f3n considerado de inter\u00e9s su aprobaci\u00f3n, como hab\u00eda ocurrido en los dos a\u00f1os anteriores.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal rechaz\u00f3 el agravio del Instituto acerca de la inconstitucionalidad del art\u00edculo 45 de la ley y reiter\u00f3, una vez m\u00e1s, que los infractores tienen que pagar la multa aplicada como requisito para recurrir a la sanci\u00f3n y que los tribunales pampeanos tienen jurisdicci\u00f3n para analizar este tipo de demandas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cResulta clara la validez y la legitimidad del tr\u00e1mite administrativo y del mecanismo sancionador de la autoridad de aplicaci\u00f3n en materia de consumo (\u2026), teniendo en especial consideraci\u00f3n, en este caso concreto, la \u00edndole de los servicios educativos ofrecidos (\u2026), al involucrar pr\u00e1cticas o metodolog\u00edas empresarias que, por sus consecuencias e impacto, sin lugar a dudas deben ser desincentivadas en La Pampa\u201d, indic\u00f3 la C\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s adelante, Salas y Cagliolo expresaron que \u201cla Direcci\u00f3n General puso en evidencia que la informaci\u00f3n proporcionada por el Isesemac en sus medios de comunicaci\u00f3n, no fue la adecuada respecto de las caracter\u00edsticas de la capacitaci\u00f3n: ni m\u00e1s ni menos porque falt\u00f3 la validaci\u00f3n estatal para que los servicios educativos ofrecidos fueran en verdad los que procuraban las personas que se registraron y los contrataron\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Con relaci\u00f3n al planteo defensivo de caducidad de la instancia administrativa, el Tribunal tambi\u00e9n la descart\u00f3. \u201cDefensa del Consumidor, al dar impulso oficioso como sin dudas le corresponde al tr\u00e1mite administrativo en esta materia (\u2026), purg\u00f3 con las actuaciones posteriores y con el propio acto administrativo que impuso leg\u00edtimamente la sanci\u00f3n, cualquier discusi\u00f3n relativa a la achacada caducidad de la instancia administrativa\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTras la denuncia, el impulso siempre es de oficio y las actuaciones administrativas no se paralizan por el supuesto desinter\u00e9s conciliatorio del denunciante (\u2026), al estar comprometido en las relaciones de consumo el inter\u00e9s p\u00fablico en modo constitucional operativo directo (aspecto que rebasa el mero inter\u00e9s privado, individual o particular) en el contexto adicional de una normativa que lleva como sello de marca la calificaci\u00f3n de orden p\u00fablico\u201d, a\u00f1adieron los magistrados al dar m\u00e1s fundamentos al rechazo.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s adelante, la C\u00e1mara sostuvo que \u201csi la formaci\u00f3n educativa y el curso espec\u00edfico de capacitaci\u00f3n se publicita y se realiza en una entidad que se presenta frente a la sociedad como Instituto de Estudios Superiores, es de esperar \u2013por el consumidor\u2013 que recibir\u00e1 una formaci\u00f3n aprobada o acreditada por el Ministerio de Educaci\u00f3n y que otorgar\u00e1 puntaje. En consecuencia, si no ten\u00eda dicha autorizaci\u00f3n o acreditaci\u00f3n, debi\u00f3 informarlo en forma adecuada al momento de la inscripci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, con respecto a la multa \u2013considerada excesiva por el Instituto\u2013, los camaristas afirmaron que \u201cel monto fue debidamente justificado en la disposici\u00f3n\u201d de la Direcci\u00f3n, ya que era reincidente; agregando que a su vez se consider\u00f3 \u201cel perjuicio para los consumidores, la posici\u00f3n en el mercado, la cuant\u00eda del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad y la gravedad de los riesgos derivados de la infracci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cUna multa de escaso valor no alcanza a generar un cambio en la conducta contumaz y desaprensiva para con el consumidor, sino que lo \u00fanico que consigue es que la corporaci\u00f3n pague y siga actuando de id\u00e9ntica manera\u00bb, concluyeron Salas y Cagliolo.<\/p>\n\n\n\n
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