La C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda de Santa Rosa confirm\u00f3, \u201cen todas sus partes\u201d, la sentencia de primera instancia de la jueza civil Adriana Pascual, por la cual se hab\u00eda hecho lugar a la demanda colectiva de los pampeanos y pampeanas que suscribieron planes de ahorro para la compra de veh\u00edculos cero kil\u00f3metro antes del 29 de octubre de 2019, disponi\u00e9ndose que las empresas administradoras de los contratos reajusten y recalculen las cuotas, en un plazo de 20 d\u00edas h\u00e1biles, de acuerdo a la inflaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n ratificatoria fue dictada por el juez Guillermo Salas y la jueza Carina Ganuza, integrantes de la Sala 3. Ambos resolvieron en un \u00fanico texto \u2013en forma detallada y extensa\u2013 los 63 agravios formulados en los nueve recursos de apelaci\u00f3n (siete de las ocho empresas administradoras de los planes, m\u00e1s dos abogados de los y las demandantes) y le impusieron las costas del proceso a las sociedades comerciales.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n de amparo, \u201cmal que les pese a las sociedades an\u00f3nimas recurrentes\u201d se aplica desde hace a\u00f1os en el pa\u00eds en los derechos de tercera generaci\u00f3n, como lo son los que pueden tramitarse en procesos colectivos, seg\u00fan se estableci\u00f3 en la reforma constitucional de 1994, indic\u00f3 la C\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n Valorando una mirada federal de estas cuestiones, el Tribunal de Alzada expres\u00f3 que \u201cen la discusi\u00f3n jur\u00eddica quedan ahora pocas chances para formular oposici\u00f3n (\u2026) respecto de la demandabilidad amplificada o colectiva, cuando el caso involucra aspectos ambientales, minor\u00edas discriminadas o relaciones de consumo\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa decisi\u00f3n apelada dirimi\u00f3 el conflicto<\/strong> (permitiendo en La Pampa un agrupamiento procesal colectivo legal y trascendente), aplicando con justicia y prudencia la teor\u00eda de imprevisi\u00f3n en el plano contractual (ni m\u00e1s ni menos que dando una soluci\u00f3n correctora y de readecuaci\u00f3n, de esfuerzo patrimonial repartido y de equilibrios funcionales contractuales)<\/strong>, con sustento constitucional y un marcado acompa\u00f1amiento a quienes el propio ordenamiento jur\u00eddico argentino presume en situaci\u00f3n de debilidad jur\u00eddica al tiempo de la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de sus planes de ahorro (\u2026) En la decisi\u00f3n (de la jueza Pascual) no se observaron contradicciones, ni incumplimientos ni incongruencias\u201d, subray\u00f3 la C\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n En este punto las empresas plantearon que quien debi\u00f3 intervenir ante el reclamo por el aumento de las cuotas de los planes de ahorro fue la Inspecci\u00f3n General de Justicia. La C\u00e1mara, en cambio, respondi\u00f3 que \u201cla IGJ podr\u00e1 tener a su cargo la reglamentaci\u00f3n y la supervisi\u00f3n de los planes de ahorro. Sin embargo, ello no la habilita a ser parte en este proceso, ni su rol puede incidir en la competencia; pues el control judicial y la funci\u00f3n dirimente para este tipo de asuntos judicializados, recaen \u00fanicamente en jueces provinciales en raz\u00f3n que aqu\u00ed se analizan los efectos y las consecuencias contractuales desde el plano de la funcionalidad y ejecuci\u00f3n de los acuerdos, como lo que verdaderamente son: derecho obligacional com\u00fan\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tras remarcar que en este caso no correspond\u00eda la intervenci\u00f3n de \u201cla justicia especial o federal\u201d, el Tribunal afirm\u00f3 que \u201cla IGJ no puede ni tiene injerencia sobre el devenir de las divergencias y consecuencias contractuales que se generen; m\u00e1s a\u00fan si se trata de las derivaciones propias de la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n contractual, pues esa potestad jurisdiccional s\u00f3lo nos est\u00e1 asignada a los jueces\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa pertinaz mirada de las empresas demandadas, en ning\u00fan tramo del proceso reflexiona sobre el concepto de federalismo que impera en Argentina (\u2026) Las sociedades an\u00f3nimas deber\u00edan reformular su visi\u00f3n federal de tendencia centralista <\/strong>(pretender que la IGJ dirima este caso con su normativa abstracta as\u00ed lo evidencia) y comprender que el federalismo es un sistema constitucional y de valores, <\/strong>que adem\u00e1s de la dispersi\u00f3n del poder, se convierte en acelerador del m\u00e1s eficiente desarrollo estadual o provincial\u201d, manifestaron Salas y Ganuza.<\/p>\n\n\n\n Por el contrario, la magistrada juzg\u00f3 \u201ca partir del material probatorio\u201d incorporado al expediente, observ\u00e1ndose que las cl\u00e1usulas fijadas en los contratos estaban redactadas \u201cde un modo impreciso, pese a la simple aprobaci\u00f3n que sobre ellas hizo la IGJ, generando incertidumbre a los ahorristas\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cEllo explica que tanto la LDC, como la Constituci\u00f3n Nacional y el nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial, prescriben el deber de informar adecuadamente en funci\u00f3n de las circunstancias, a toda persona que sea reputada como consumidor o usuario de bienes o servicios (\u2026) Se trata que en La Pampa no se agreda ni sorprenda al consumidor con un contenido contractual que <\/strong>\u2013merced a t\u00e9cnicas de comercializaci\u00f3n, y a una deficiente o inapropiada publicidad e informaci\u00f3n frente a los saltos devaluatorios e hiperinflacionarios\u2013, termine por afectarle su derecho de acceso al consumo en condiciones razonables y dignas\u201d<\/strong>, sostuvieron Salas y Ganuza.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda de Santa Rosa confirm\u00f3, \u201cen todas sus partes\u201d, la sentencia de primera instancia de la jueza civil Adriana…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18946,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[11,12],"tags":[],"class_list":["post-276335","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-que-pasa","category-sociedad"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\u201cLa restructuraci\u00f3n, reajuste o readecuaci\u00f3n de los valores (de las cuotas) fue justa y prudente (\u2026), dado que la econom\u00eda de cada contrato se vio alterada con intolerable exorbitancia\u201d, remarc\u00f3 Salas, autor del voto inicial y al que Ganuza adhiri\u00f3. Y acot\u00f3: \u201cLas buenas pr\u00e1cticas y la institucionalidad, en el territorio de La Pampa, deben dar el marco adecuado para que los negocios entre privados se desarrollen en modo sano y con reglas que no conduzcan al saqueo <\/strong>o la expoliaci\u00f3n de quienes regularmente asumen compromisos de pago en sus relaciones de consumo, dada su incontrovertida posici\u00f3n de mayor debilidad jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Como se trata de una acci\u00f3n de clase \u2013en el marco de la ley provincial 1352 de R\u00e9gimen de Procedimientos para el amparo de los intereses difusos o derechos colectivos y la ley nacional 24240 de Defensa del Consumidor\u2013, la decisi\u00f3n judicial alcanza no solamente a los alrededor de 1200 amparistas que se presentaron en el expediente, sino a todos los pampeanos y pampeanas que suscribieron ese tipo de planes, aunque no hayan recurrido a la justicia.<\/p>\n\n\n\n
En un primer momento, al inicio de la demanda, Pascual hab\u00eda dictado una medida cautelar a favor de los consumidores \u2013resoluci\u00f3n que luego fue avalada por la C\u00e1mara de Apelaciones y
hasta por el Superior Tribunal de Justicia\u2013 y orden\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas administradoras retrotraigan el monto de las cuotas al 1\u00b0 de abril de 2018, o a la fecha de los contratos celebrados con posterioridad, porque las cuotas hab\u00edan aumentado entre un 100 y un 669 por ciento. Justamente como en un proceso colectivo hay planes de pago diferentes, las soluciones ser\u00e1n espec\u00edficas para cada demandante en etapa de cumplimiento de la sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Las administradoras demandadas \u2013y a las cuales la C\u00e1mara no les hizo lugar a la apelaciones \u2013 fueron Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Plan \u00d3valo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, C\u00edrculo de
Inversores SAU de Ahorro para Fines Determinados (Peugeot S.A.) y Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Solamente no recurri\u00f3 el fallo de primera instancia
Interplan S.A. de Ahorro para Fines Determinados (Chery Plan).<\/p>\n\n\n\n
Las sociedades an\u00f3nimas cuestionaron en las apelaciones \u2013m\u00e1s all\u00e1 de las particularidades de cada recurso\u2013 que los clientes no ten\u00edan legitimaci\u00f3n activa para judicializar el tema, que la justicia provincial de La Pampa carec\u00eda de competencia para tramitar el amparo, que tampoco pod\u00eda establecer el valor de las cuotas y que los reclamos no pod\u00edan tramitarse en un proceso colectivo.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n se detallan los fundamentos de la resoluci\u00f3n en funci\u00f3n de cuatro puntos principales objetados por las S.A. demandadas:<\/p>\n\n\n\n
1) Acci\u00f3n colectiva y legitimaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
\u201cLa afectaci\u00f3n y alteraci\u00f3n en los contratos ha sido tan sist\u00e9mica como com\u00fan en sus efectos e impacto colectivo.<\/strong> Con ello, m\u00e1s all\u00e1 del inter\u00e9s particular de cada suscriptor, la defensa
grupal en La Pampa ha sido \u00fatil, justa y prudente, incluso desde la pauta de ajuste que la justicia de grado adjudic\u00f3 (IPC para el valor m\u00f3vil de los contratos) y no por el menor
mecanismo (CVS) pretendido por los demandantes\u201d, a\u00f1adieron Salas y Ganuza.<\/p>\n\n\n\n
El juez y la jueza afirmaron que las empresas aplicaron \u201cun incremento s\u00fabito, no informado y exorbitante\u201d en las cuotas<\/strong>, \u201calterando claramente en su favor y en contra de la parte que la ley presume en debilidad jur\u00eddica, la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica de los planes (\u2026) Quede claro: baja calidad institucional desde el poder p\u00fablico jurisdiccional, o desamparo al derecho de los ciudadanos para sus contratos con relaciones de consumo, en La Pampa no\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
2) Federalismo y competencia provincial.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
3) Contrato de ahorro, relaci\u00f3n de consumo y deberes implicados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Las empresas atacaron tambi\u00e9n a la jueza Pascual por c\u00f3mo fij\u00f3 el valor de las cuotas (seg\u00fan el \u00cdndice de Precios al Consumidor). La C\u00e1mara de Apelaciones contest\u00f3 que no se viol\u00f3 el sentido formal del art\u00edculo 1121 del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (el texto refiere a que no pueden ser declaradas abusivas las cl\u00e1usulas relativas a la relaci\u00f3n entre
el precio y el bien o el servicio procurado).<\/p>\n\n\n\n
Tras indicar que \u201ces evidente que las sociedades comerciales apelantes incumplieron la carga de demostraci\u00f3n de error en el juzgamiento\u201d por parte de Pascual; el Tribunal a\u00f1adi\u00f3 que las menciones que ella hizo a la falta de informaci\u00f3n adecuada por parte de las administradoras sobre el incremento de las cuotas \u2013un requisito que exige la Ley de Defensa del Consumidor\u2013 \u201cno afectaron la congruencia del fallo, sino que se apreci\u00f3 una leg\u00edtima y justificada preocupaci\u00f3n estatal local, ante la demanda colectiva por la exorbitancia contractual sobrevenida\u201d.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s adelante, el Tribunal de Alzada indic\u00f3 que \u201cmucho menos se apreci\u00f3 que la IGJ (\u2026) hubiese llevado adelante y eficazmente su accionar sobre las que paradojalmente (las empresas demandadas) argumentaron que fueron \u2018condiciones severamente supervisadas\u2019 (\u2026); por lo que debe hac\u00e9rseles notar a ellas que el Poder Judicial en La Pampa no est\u00e1 llamado a obrar con olvido de sus facultades-deberes constitucionales, en tanto sea convocado a dirimir una contienda colectiva que involucra cruda y contractualmente a ciudadanos con domicilio en esta provincia<\/strong>, como contrapartes m\u00e1s d\u00e9biles en las relaciones de consumo, precisamente porque cuentan con protecci\u00f3n constitucional operativa directa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
4) Teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n. Institucionalidad y buenas pr\u00e1cticas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Salas y Ganuza calificaron de \u201cun verdadero desprop\u00f3sito\u201d el argumento de las sociedades an\u00f3nimas de que \u201cresulta normal aceptar, como vicisitud propia en los contratos, que las alteraciones a la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica con causa en las devaluaciones (o por el impacto de un escenario de hiperinflaci\u00f3n) son situaciones previsibles que mansamente deben tolerarse\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por el contrario, la C\u00e1mara dijo que \u201cjustamente est\u00e1 en la esencia del riesgo contractual, al que aplica la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n y que la ley argentina habilita, la posibilidad de la invalidaci\u00f3n funcional parcial de un contrato (incluso total) o su adecuaci\u00f3n como aqu\u00ed se ha demandado, cuando las estipulaciones que inicialmente se pactan para ser cumplidas no mantienen las condiciones contractuales normales pensadas en origen; frente a alteraciones de car\u00e1cter extraordinario, siempre que aparezcan presentes y en forma sobreviniente notas de imprevisibilidad (las devaluaciones de 2018-2019 lo fueron), inevitabilidad, actualidad y ajenidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, en un p\u00e1rrafo final, y ante la afirmaci\u00f3n de una de las empresas demandadas que su intenci\u00f3n era \u201cllegar a una verdadera soluci\u00f3n\u201d que abarque a todos los pampeanos y pampeanas, el Tribunal le record\u00f3 que en resoluciones anteriores \u2013al denegar planteos incidentales\u2013 ya hab\u00eda dicho que pod\u00eda \u201chonrar su intenci\u00f3n comercial cumpliendo con las sentencias\u201d de la Justicia provincial y negociando entre las partes una soluci\u00f3n que satisficiera \u201cel inter\u00e9s m\u00ednimo\u201d de cada una de ellas.\u200b<\/p>\n\n\n\n