El Superior Tribunal de Justicia fij\u00f3 como criterio general que los jueces y juezas de familia, ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes no deben delegar determinadas tareas de contralor en las defensor\u00edas generales, sino que deben ser los propios magistrados y magistradas quienes cumplan esas funciones.<\/p>\n\n\n\n
Espec\u00edficamente, dijo que \u2013en casos de restricci\u00f3n de acercamiento, por ejemplo\u2013 no pueden exigirle a las defensor\u00edas que acrediten la intervenci\u00f3n de los organismos especializados en esas tem\u00e1ticas (Secretar\u00eda Provincial de la Mujer y Direcci\u00f3n de Pol\u00edticas de G\u00e9nero y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa) y que incorporen a los expedientes, en forma bimestral, los informes sobre las intervenciones ordenadas por ellos.<\/p>\n\n\n\n
La Sala A, conformada por los ministros Eduardo Fern\u00e1ndez Mend\u00eda y Fabricio Luis Losi, resolvi\u00f3 as\u00ed, en otros fundamentos, en base al principio de \u201cigualdad de las partes litigantes\u201d y, por lo tanto, hizo lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto por el defensor general Mart\u00edn Saravia, la defensora sustituta Yael Grisel \u00c1lvarez y la defensora titular Ana Carolina D\u00edaz. Previamente, el fallo de primera instancia contra los planteos de la defensor\u00eda hab\u00eda sido confirmado por la C\u00e1mara de Apelaciones.<\/p>\n\n\n\n
El proceso se inici\u00f3 como una medida autosatisfactiva de prohibici\u00f3n de acercamiento, exclusi\u00f3n de la vivienda familiar del agresor, el reintegro a la vivienda familiar de la expareja y sus hijas, la fijaci\u00f3n de alimentos provisorios y la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen comunicacional. La mujer demandante, seg\u00fan un informe del equipo t\u00e9cnico de la Oficina de la Mujer y Violencia Dom\u00e9stica, ven\u00eda siendo v\u00edctima de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, emocional, verbal y simb\u00f3lica.<\/p>\n\n\n\n
La jueza de primera instancia hizo lugar a la exclusi\u00f3n del hogar, encomend\u00f3 a la defensor\u00eda oficial que garantizara \u201cla preservaci\u00f3n de las personas protegidas\u201d al momento de diligenciarse las medidas y le impuso \u2013en su rol de letrada patrocinante de la expareja\u2013 que acreditara la intervenci\u00f3n de la Secretar\u00eda de la Mujer y la Direcci\u00f3n de Pol\u00edticas de G\u00e9nero y Diversidad e incorporara al expediente los informes bimestrales que emanasen de esos organismos.<\/p>\n\n\n\n
Los argumentos de la defensor\u00eda ante el STJ fueron que se garantiz\u00f3 de manera efectiva los derechos de la v\u00edctima al dar inicio a la acci\u00f3n judicial y requerir \u201ctodas las medidas necesarias para abordar la situaci\u00f3n de especial riesgo\u201d; a la vez que consider\u00f3 \u201cdesproporcionada e infundada\u201d la decisi\u00f3n de imponerle \u201cel deber de garantizar la seguridad de todas las partes al momento de ejecutarse la medida de exclusi\u00f3n del hogar\u201d y el diligenciamiento del resto de las medidas.<\/p>\n\n\n\n
El STJ, al resolver a favor de la defensor\u00eda, se\u00f1al\u00f3 que la C\u00e1mara de Apelaciones \u2013cuando ratific\u00f3 la sentencia de primera instancia\u2013, \u201cse apoy\u00f3 en el concepto de debida diligencia que imponen los procesos con tem\u00e1tica de g\u00e9nero y en el rol del juez como director del proceso, a fin de fundar la carga impuesta\u201d a \u00c1lvarez y D\u00edaz.<\/p>\n\n\n\n
Estas \u00faltimas manifestaron que existi\u00f3 una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la ley 26.485 de Protecci\u00f3n integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los \u00e1mbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, al remarcar que el art\u00edculo 34 dice que \u201cdurante el tr\u00e1mite de la causa, y por el tiempo que se juzgue adecuado, la judicatura deber\u00e1 controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a trav\u00e9s de la comparecencia de las partes al tribunal y\/o mediante la intervenci\u00f3n del equipo interdisciplinario\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fern\u00e1ndez Mend\u00eda y Losi hicieron hincapi\u00e9 tambi\u00e9n en el nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n \u2013 que incorpor\u00f3 el principio de oficiosidad que le otorga al juez\/a de familia el rol de un verdadero director del proceso\u2013 e indicaron que \u201cla tutela de los derechos que exigen los procesos de familia, es diferente a la requerida en general a la administraci\u00f3n de justicia, no solo por la \u00edndole de los conflictos, sino \u2013en muchos casos\u2013 por la condici\u00f3n de vulnerabilidad de los individuos que los protagonizan (\u2026) Ese contexto reclama de una administraci\u00f3n de justicia activa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon estas ideas plasmadas, y volviendo al caso particular, se evidenci\u00f3 que la carga impuesta por la judicatura a la defensora civil, a fin de que acredite la intervenci\u00f3n de los organismos especializados en g\u00e9nero y que adem\u00e1s, informe cada dos meses el abordaje que los mismos est\u00e9n llevando a cabo, excede las funciones que le caben a la letrada en su rol de patrocinante de la v\u00edctima\u201d, agregaron los ministros.<\/p>\n\n\n\n
Las normas en cuesti\u00f3n le \u201cimponen claramente al jueza\/a el deber de seguimiento de las medidas dictadas (por \u00e9l\/ella), siendo \u00e9ste \u00faltimo quien debe controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas; pudiendo a tal fin hacer comparecer a las partes al tribunal y\/o mediante la intervenci\u00f3n del equipo interdisciplinario quienes elaborar\u00e1n informes peri\u00f3dicos acerca de la situaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEs decir, luego de dictadas las medidas, es el juez o la jueza quien debe efectuar el seguimiento de las mismas en el rol protag\u00f3nico que le cabe para este tipo de procesos; no correspondiendo delegar dicha funci\u00f3n en el abogado o abogada que patrocina a la v\u00edctima \u2013en el caso, la defensora civil\u2013, sin perjuicio de las gestiones que le correspondan realizar a \u00e9sta \u00faltima en su funci\u00f3n de defensora patrocinante a los fines de garantizar la protecci\u00f3n integral\u201d de la v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s adelante, el STJ se refiri\u00f3 al principio de igualdad de las partes litigantes, al aseverar que \u201csi bien en un primer estadio del proceso, el juez\/a podr\u00eda dictar \u2013sin escuchar a la otra parte\u2013 la medida que proteja la integridad de la v\u00edctima, luego deber\u00e1 necesariamente escuchar al agresor, brind\u00e1ndole las debidas garant\u00edas constitucionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la Sala A al hacer lugar al recurso, no se pronunci\u00f3 con respecto a la seguridad de la v\u00edctima al momento de la exclusi\u00f3n del hogar, por tornarse una cuesti\u00f3n abstracta, ya que la medida hab\u00eda sido efectivizada.<\/p>\n\n\n\n
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