El juez de audiencia de General Acha, Ra\u00fal Miguez Mart\u00edn, conden\u00f3 hoy a un hombre de 39 a\u00f1os a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una ni\u00f1a menor de 13 a\u00f1os; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protecci\u00f3n Integral contras las Mujeres y 26061 de Protecci\u00f3n Integral de los derechos de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. La v\u00edctima fue su cu\u00f1ada.<\/p>\n\n\n\n
El magistrado, tras la realizaci\u00f3n del juicio oral, dio por probado que el imputado \u201cabus\u00f3 sexualmente, mediante tocamientos y de manera continuada\u201d de la ni\u00f1a, \u201caproximadamente desde que ten\u00eda 11 a\u00f1os y hasta que tuvo 12, en oportunidades en que ella se quedaba en la casa donde viv\u00edan el acusado y su concubina, hermana de la v\u00edctima\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Miguez Mart\u00edn sostuvo, en los fundamentos de la sentencia, que \u201cen mi consideraci\u00f3n, la representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal (la fiscala Eugenia Paola Bolzan) logr\u00f3 conformar un s\u00f3lido grupo probatorio. El testimonio de la ni\u00f1a, que se erigi\u00f3 como la prueba directa de mayor relevancia, se vio corroborado por una importante variedad de indicios graves, precisos y concordantes, tal como exige la ley 26485 al precisar la interpretaci\u00f3n que debe hacerse del principio de amplitud probatoria\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPor otra parte \u2013acot\u00f3\u2013, la hip\u00f3tesis defensiva referida a la imposibilidad material de que los tocamientos hubieran ocurrido, se vio desvirtuada por lo producido durante el debate oral\u201d. Los defensores particulares del agresor sexual fueron los abogados Juan Carlos Resia y David Edgardo Bravo.<\/p>\n\n\n\n
Bolzan, al momento del alegato final, hab\u00eda requerido una pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n y calific\u00f3 a los hechos como abuso sexual simple, contra una menor de 13 a\u00f1os, agravado por ser el autor encargado de la guarda, como delito continuado, en el contexto de las leyes 26485 y 26061. Consider\u00f3 como agravantes la conducta del imputado implic\u00f3 violencia hacia la ni\u00f1ez y el g\u00e9nero; que la v\u00edctima se encontraba en un mayor grado de indefensi\u00f3n; y su corta edad y la pluralidad de ocasiones.<\/p>\n\n\n\n
La defensa, en cambio, plante\u00f3 la absoluci\u00f3n porque los hechos no pudieron demostrarse y neg\u00f3 la existencia de la guarda. Subsidiariamente Resia y Bravo tambi\u00e9n alegaron por la absoluci\u00f3n por el beneficio de la duda.<\/p>\n\n\n\n
El juez, al calificar legalmente lo ocurrido, descart\u00f3 el agravante de la guarda y remarc\u00f3 que, en funci\u00f3n del delito, pod\u00eda caberle una pena de seis meses a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n. Para fijarla en tres a\u00f1os valor\u00f3 como atenuante la falta de antecedentes registrables del imputado. En cambio, enumer\u00f3 como agravantes la edad de la ni\u00f1a, su vulnerabilidad, la pluralidad de ocasiones abusivas y que la conducta del imputado \u201cimplic\u00f3 violencia hacia la ni\u00f1ez y de g\u00e9nero (\u2026), pr\u00e1cticas respecto de las cuales la sociedad argentina en su conjunto est\u00e1 realizando un enorme esfuerzo por erradicarlas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, en la parte resolutiva del fallo, Miguez Mart\u00edn le fij\u00f3 al acusado el cumplimiento de reglas de conducta durante dos a\u00f1os (fijar domicilio, someterse al cuidado del Ente de Pol\u00edticas Socializadoras, no acercarse a menos de 300 metros de la v\u00edctima y su domicilio ni mantener contacto con ella, y realizar un tratamiento psicol\u00f3gico) y, adem\u00e1s, dispuso una vez que quede firme, que el condenado sea incorporado al Registro de procedimiento y notificaci\u00f3n de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual y que, por intermedio de la Agencia de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica, se obtengan muestras para lograr su identificaci\u00f3n gen\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n
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