El Sala C del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa estableci\u00f3 que la v\u00eda del amparo no es procedente en la demanda contra la Revisi\u00f3n T\u00e9cnica Obligatoria (RTO) que se estableci\u00f3 en Santa Rosa y decidi\u00f3 que el caso debe tramitarse por la v\u00eda contencioso-administrativa. De esta manera, en vez de un juez o jueza de primera instancia, lo resolver\u00e1n los ministros del m\u00e1ximo organismo judicial pampeano.<\/p>\n\n\n\n
El fallo, al que accedi\u00f3 Diario Textual, fue firmado por Mar\u00eda Ver\u00f3nica Campo y Eduardo Fern\u00e1ndez Mend\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El STJ analiz\u00f3 la demanda que fue presentada por la concejala Fabiana Casta\u00f1iera, de Comunidad Organizada (adem\u00e1s, hay un amparo colectivo de vecinos y vecinas, con el asesoramiento de la UCR y el PRO).<\/p>\n\n\n\n
La Oficina de Gesti\u00f3n Com\u00fan Civil, con fundamento en el art\u00edculo 97 inciso 2 de la Constituci\u00f3n provincial y en los art\u00edculos 1 y 2 del C\u00f3digo Procesal Contencioso Administrativo, remiti\u00f3 el expediente a este Superior Tribunal de Justicia -sala C-, con el fin de que determine el tribunal competente para tramitar las actuaciones (actuaci\u00f3n n\u00ba 3137592).<\/p>\n\n\n\n
La Procuraci\u00f3n General consider\u00f3 que la cuesti\u00f3n es contencioso-administrativa y, en consecuencia, competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, sala C. \u201cNo existen motivos que justifiquen el encauce de la cuesti\u00f3n planteada por la v\u00eda del amparo teniendo en cuenta que ello implica sustraer del conocimiento del Superior Tribunal de Justicia un caso de jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y permitir la revisi\u00f3n judicial de actos administrativos sin que se haya cumplido con el requisito, tambi\u00e9n constitucional, de la previa denegaci\u00f3n por parte de la autoridad competente (dictamen c-n\u00ba 39\/24, actuaci\u00f3n n\u00ba 3154380)\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 dijeron los jueces del STJ? \u201cCorresponde que este Superior Tribunal declare su competencia para intervenir en las presentes actuaciones toda vez que, por un lado, el ordenamiento jur\u00eddico local contiene la acci\u00f3n procesal contencioso-administrativa que asegura el acceso a la jurisdicci\u00f3n para proteger los derechos y garant\u00edas de los litigantes, y por el otro, para determinar la procedencia o improcedencia de la pretensi\u00f3n del actor ser\u00e1 necesario aplicar normas del derecho p\u00fablico (art\u00edculo 2\u00ba, inciso a), C\u00f3digo Procesal Contencioso-Administrativo)\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, el STJ dispuso que la concejala Casta\u00f1iera deber\u00e1 adaptar su demanda al marco procesal administrativo en un plazo de cinco d\u00edas desde la notificaci\u00f3n del fallo.<\/p>\n\n\n\n
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