La C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Miner\u00eda de Santa Rosa confirm\u00f3 una multa contra el supermercado La An\u00f3nima y Tarjetas del Mar S.A. por incumplir con tres art\u00edculos de la Ley de Defensa del Consumidor. El reclamo fue realizado por un jubilado que falleci\u00f3 durante la tramitaci\u00f3n del expediente administrativo.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n fue dictada por el juez Guillermo Samuel Salas, en una actuaci\u00f3n unipersonal de la Sala 3, al rechazar los recursos de apelaci\u00f3n presentados por los infractores.<\/p>\n\n\n\n
La multa fue aplicada por la Direcci\u00f3n General de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, contra S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia (La An\u00f3nima) y Tarjetas del Mar S.A. (una administradora de tarjetas de cr\u00e9dito que opera con la cadena de supermercados) por infracciones a los art\u00edculos 4\u00b0 (deber de informaci\u00f3n), 36\u00b0 (operaciones a cr\u00e9ditos) y 40\u00b0 (responsabilidad solidaria) de la ley 24.240.<\/p>\n\n\n\n
El reclamo del jubilado surgi\u00f3 a partir de una deuda que \u00e9l hab\u00eda contra\u00eddo y reconocido, porque hab\u00eda crecido el 2.650 por ciento en un a\u00f1o. En su reclamo administrativo ante Defensa del Consumidor pidi\u00f3 que le exijan \u201cun monto razonable, acorde a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds y a su condici\u00f3n de jubilado\u201d e inclusive realiz\u00f3 pagos parciales que fueron considerados insuficientes. La Direcci\u00f3n sostuvo que el monto exigido era \u201cusurario e impropio de un comercio de la importancia de La An\u00f3nima\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Las empresas demandadas negaron que el usuario de tarjeta tuviera legitimaci\u00f3n para iniciar el reclamo, consideraron que Defensa del Consumidor no se expidi\u00f3 en un plazo razonable, calificaron de confiscatoria la cifra de la multa y, exclusivamente La An\u00f3nima, plante\u00f3 que la relaci\u00f3n de consumo hab\u00eda sido con Tarjetas del Mar y no con el supermercado.<\/p>\n\n\n\n
Salas refut\u00f3 cada uno de esos fundamentos y descart\u00f3 \u201cde plano\u201d los dichos de SAIEP acerca de que no estuvo involucrada en el hecho porque no emite ni administra tarjetas de cr\u00e9dito. \u201cSe sabe que el sistema de contrataci\u00f3n adhesiva analizado parte de una vinculaci\u00f3n triangular con aristas y efectos contractuales relativos inescindibles para la Ley de Defensa del Consumidor, en un innegable escenario de relaci\u00f3n de consumo, que obliga tanto al usuario de la tarjeta como a su financiadora e inevitablemente tambi\u00e9n al comercio adherido\u201d, indic\u00f3 el juez.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas transacciones mercantiles examinadas evidentemente le alcanzaban y en rigor fue La An\u00f3nima quien, ante esa operatoria tripartita, bien pudo haber aportado una eficaz y temprana soluci\u00f3n, con criterio pura y estrictamente comercial \u2013dado su incuestionable porte empresario\u2013, frente a su cliente en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, a quien el ordenamiento jur\u00eddico argentino presum\u00eda en una posici\u00f3n de debilidad contractual y adem\u00e1s, teniendo en cuenta los importes implicados\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLo mismo sucedi\u00f3 con TDM por ser administradora directa de la financiaci\u00f3n del endeudamiento acumulado por el cliente consumidor, dada la relevante posici\u00f3n contractual de dicha empresa en el marco del negocio\u201d, remarc\u00f3 Salas. Incluso se\u00f1al\u00f3 que del expediente administrativo surgi\u00f3 claramente que fue \u201cel consumidor quien siempre tuvo que insistir para lograr informaci\u00f3n detallada relativa a su situaci\u00f3n crediticia\u201d y que ello \u201cno sucedi\u00f3 en tiempo y forma\u201d.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s adelante, el magistrado indic\u00f3 que \u201cse est\u00e1 ante un grupo de empresas, con contratos de comercializaci\u00f3n conexos o conectables para el que las denunciadas han conformado un agrupamiento econ\u00f3mico con riesgo comercial compartible\u201d; acotando que la Direcci\u00f3n actu\u00f3 correctamente y que \u201cuna vez m\u00e1s el rol del Estado se ejerci\u00f3 en forma adecuada, en tanto fue compatible con la manda constitucional protectora de los consumidores, procurando desincentivar pr\u00e1cticas desaprensivas o en su caso abusivas perpetradas por las empresas\u201d. Por ello neg\u00f3 que el importe de la multa solidaria haya sido \u201cdesproporcionado o confiscatorio\u201d.<\/p>\n\n\n\n
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