{"id":300387,"date":"2025-07-01T20:43:21","date_gmt":"2025-07-01T23:43:21","guid":{"rendered":"https:\/\/diariotextual.com\/inicio\/?p=300387"},"modified":"2025-07-02T08:00:48","modified_gmt":"2025-07-02T11:00:48","slug":"olmos-gaona-y-el-caso-ypf-el-estado-actuo-en-ejercicio-de-su-potestad-soberana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariotextual.com\/inicio\/index.php\/2025\/07\/01\/olmos-gaona-y-el-caso-ypf-el-estado-actuo-en-ejercicio-de-su-potestad-soberana\/","title":{"rendered":"Olmos Gaona y el caso YPF: \u201cEl Estado actu\u00f3 en ejercicio de su potestad soberana\u201d"},"content":{"rendered":"\n

Alejandro Olmos Gaona<\/strong>, especialista en el estudio de la deuda externa argentina, calific\u00f3 como \u201cdisparatado\u201d al fallo de la jueza Loretta Preska<\/strong>, quien ordenara entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital<\/strong>, como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiaci\u00f3n de la petrolera en 2012.<\/p>\n\n\n\n

Desde el Gobierno nacional se critic\u00f3 al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien fue el que intervino en la expropiaci\u00f3n de las acciones de la petrolera estatal argentina.<\/p>\n\n\n\n

Olmos Gaona record\u00f3 que el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n Nacional establece que \u201cla propiedad es inviolable, y ning\u00fan habitante de la Naci\u00f3n puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiaci\u00f3n por causa de utilidad p\u00fablica debe ser calificada por ley y previamente indemnizada\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste precepto consagra la protecci\u00f3n del derecho de propiedad como un pilar fundamental del orden constitucional argentino, permitiendo su limitaci\u00f3n \u00fanicamente bajo condiciones estrictas: una ley que declare la utilidad p\u00fablica y una indemnizaci\u00f3n previa al titular del bien expropiado. La expropiaci\u00f3n, como mecanismo excepcional, implica una transferencia coactiva de la propiedad privada al Estado, justificada por un inter\u00e9s p\u00fablico superior. En este sentido, la Constituci\u00f3n establece un marco normativo de rango supremo que regula este procedimiento<\/strong>, prevaleciendo sobre cualquier normativa inferior, incluidos los estatutos de sociedades privadas o con participaci\u00f3n estatal, como es el caso de YPF. Aqu\u00ed se omiten las disposiciones del texto constitucional para criticar a Kicillof, que si hizo algunas declaraciones desafortunadas en su momento, pero que de ninguna manera tienen relevancia en la cuesti\u00f3n legal\u201d, consider\u00f3 Olmos Gaona.<\/p>\n\n\n\n

Y remarc\u00f3 que el estatuto de YPF, como norma interna de una sociedad an\u00f3nima, regula las relaciones entre los accionistas y la compa\u00f1\u00eda, incluyendo disposiciones sobre la oferta p\u00fablica de acciones. \u201cEn particular, el estatuto establece que, en caso de una oferta p\u00fablica, no se puede privilegiar a unos accionistas sobre otros, garantizando un trato igualitario en la adquisici\u00f3n de acciones. Esta disposici\u00f3n tiene como objetivo proteger los derechos de los accionistas en un contexto de mercado<\/strong>, donde las transacciones se realizan de manera voluntaria y en igualdad de condiciones. Pero en este caso no existi\u00f3 oferta ninguna y si expropiaci\u00f3n que es un procedimiento distinto\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa normativa especificada en el estatuto de YPF resulta inaplicable en un escenario de expropiaci\u00f3n, ya que este proceso no constituy\u00f3 una oferta p\u00fablica de acciones. La expropiaci\u00f3n fue un acto administrativo unilateral del Estado, fundamentado en una ley de utilidad p\u00fablica, que no se rige por las reglas de mercado ni por los principios de igualdad entre accionistas establecidos en el estatuto de YPF<\/strong>. Por el contrario, la expropiaci\u00f3n -agreg\u00f3- se encuentra regulada exclusivamente por el marco constitucional y la Ley de Expropiaciones (Ley 21.499)<\/strong>, que establecen los requisitos y procedimientos para su ejecuci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Olmos Gaona destac\u00f3 que la jerarqu\u00eda normativa en el ordenamiento jur\u00eddico argentino es clara: la Constituci\u00f3n Nacional se encuentra en el v\u00e9rtice de la pir\u00e1mide normativa, y todas las leyes, decretos y regulaciones, incluidos los estatutos societarios, deben ajustarse a sus disposiciones. En este sentido, el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n Nacional tiene preeminencia absoluta sobre el estatuto de YPF<\/strong>, que es una norma de naturaleza privada y subordinada.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn el caso de una expropiaci\u00f3n, como la realizada sobre las acciones de YPF (por ejemplo, la expropiaci\u00f3n dispuesta por la Ley 26.741 en 2012), el Estado actu\u00f3 en ejercicio de su potestad soberana, declarando la utilidad p\u00fablica<\/strong> y procediendo a la transferencia coactiva de las acciones. Este proceso no se asimila a una oferta p\u00fablica de acciones, ya que no implicaba una negociaci\u00f3n voluntaria ni un acuerdo entre partes, sino una decisi\u00f3n estatal basada en el inter\u00e9s p\u00fablico. Por lo tanto, las disposiciones del Estatuto de YPF que regulan las ofertas p\u00fablicas no resultan aplicables, ya que carecen de competencia en un contexto de expropiaci\u00f3n\u201d, sostuvo el especialista econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n

Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cLa inaplicabilidad del estatuto de YPF en un caso de expropiaci\u00f3n no implica una violaci\u00f3n de los derechos de los accionistas. Por el contrario, el art\u00edculo 17 garantiza que los accionistas afectados reciban una indemnizaci\u00f3n justa y previa<\/strong>, conforme a lo dispuesto por la Ley de Expropiaciones. Este mecanismo asegura que el derecho de propiedad, aunque limitado por la expropiaci\u00f3n, sea protegido mediante una compensaci\u00f3n adecuada, determinada por tasaci\u00f3n judicial si no hay acuerdo entre las partes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAdem\u00e1s, la expropiaci\u00f3n de acciones de YPF, como ocurri\u00f3 en el caso de la Ley 26.741, tuvo como fundamento la recuperaci\u00f3n de la soberan\u00eda hidrocarbur\u00edfera<\/strong>, declarada de inter\u00e9s p\u00fablico por el Congreso Nacional. Esta declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica, respaldada por una ley formal, cumple con los requisitos constitucionales del art\u00edculo 17, reforzando la legitimidad del procedimiento y su prioridad sobre cualquier disposici\u00f3n estatutaria\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u201cFinalmente los restantes accionistas de YPF, no han sido perjudicados de manera alguna, porque sus acciones siguen teniendo el mismo valor que ten\u00edan, porque la empresa no solo sigue funcionando adecuadamente, sino que se recuper\u00f3 de la depredaci\u00f3n de la que fue objeto por parte de Repsol.<\/strong> Y llama sugestivamente la atenci\u00f3n que solo el grupo de la familia Ezkenazi, haya realizado operaciones nada transparentes para vender sus derechos a Burford,<\/strong> y que estos protesten, cuando nada hicieron los restantes accionistas que tienen el 24 % del capital societario. Est\u00e1 muy claro el objeto de la maniobra de ese fondo buitre y de los Ezkenazi, pero resulta lamentable, que el periodismo en su mayor parte se aproveche de ese fallo para cuestionar al gobernador Kicillof. Parece que ante la inminencia de las elecciones y todo lo que est\u00e1 pasando cualquier falsedad es buena para deslegitimar a un dirigente pol\u00edtico\u201d, concluy\u00f3 Alejandro Olmos Gaona.<\/p>\n\n\n\n

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La jueza Preska orden\u00f3 que Argentina entregue el 51% de YPF a Burford<\/a><\/blockquote>