La Sala C del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechaz\u00f3 la presentaci\u00f3n de un recurso federal extraordinario de los concejales de la oposici\u00f3n de Santa Rosa para autorizarlos a que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n analice la invalidez de la implementaci\u00f3n de la Revisi\u00f3n T\u00e9cnica Vehicular (RTO). De todas maneras, aun pueden ir en queja ante el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En dos fallos, la Sala C rechaz\u00f3 este viernes, por una lado, un pedido de revisi\u00f3n de sentencia por Comunidad Organizada y, por otro, el recurso extraordinario federal de la UCR y el Pro.<\/p>\n\n\n\n
Los concejales de la UCR y del Pro pidieron autorizaci\u00f3n al STJ para ir a la Corte. Es que el 7 de mayo de 2025, el Superior dict\u00f3 la sentencia definitiva que resolvi\u00f3 rechazar la demanda interpuesta por los ediles Diego Camargo, Mar\u00eda Luj\u00e1n Mazzucco, Romina Gisela Paci, Mar\u00eda Fernanda Oddi y Marcelo Ra\u00fal Guerrero por \u201cfalta de legitimaci\u00f3n activa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los demandantes dijeron esa decisi\u00f3n incurre en \u201carbitrariedad\u201d, ya que omite resolver una de las pretensiones formuladas en la denuncia. Es que, argumentaron, la sentencia impugnada \u00fanicamente se pronunci\u00f3 sobre la pretensi\u00f3n de invalidez de la ordenanza 6977\/2023, pero no se expidi\u00f3 respecto de la segunda pretensi\u00f3n, referida a la inconstitucionalidad de la resoluci\u00f3n municipal 30\/2024, lo que -a su criterio- constituye un vicio grave que priva al pronunciamiento de validez como acto jurisdiccional.<\/p>\n\n\n\n
Afirmaron que la resoluci\u00f3n 30\/2024, dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal, autoriz\u00f3 la concesi\u00f3n del servicio de revisi\u00f3n t\u00e9cnica obligatoria (RTO) sin intervenci\u00f3n alguna del Concejo Deliberante, lo cual habr\u00eda vulnerado normas constitucionales y legales que requieren de una ordenanza especial.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, citaron los art\u00edculos 42 y 115 de la Constituci\u00f3n provincial y los art\u00edculos 36 inciso 43), 67 inciso 21) y concordantes de la Ley Org\u00e1nica de Municipalidades n\u00ba 1597, los cuales establecen que la autorizaci\u00f3n para concesionar un servicio p\u00fablico, as\u00ed como la aprobaci\u00f3n de los pliegos de bases y condiciones correspondientes, son atribuciones exclusivas del \u00f3rgano deliberativo local.<\/p>\n\n\n\n
En sustento de la doctrina de la arbitrariedad, argumentaron que el Superior Tribunal \u201cincurri\u00f3 en una omisi\u00f3n relevante y sustancial al no tratar esta pretensi\u00f3n aut\u00f3noma, formulada con fundamentos propios y con invocaci\u00f3n de normativa de jerarqu\u00eda constitucional\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1alaron, adem\u00e1s, que esa omisi\u00f3n afecta el principio de legalidad (art\u00edculo 19, CN) y el principio republicano de gobierno (art\u00edculo 1, CN) y el debido proceso legal (art\u00edculo 18, CN), en tanto no se resolvi\u00f3 sobre un punto esencial del debate judicial.<\/p>\n\n\n\n
Enfatizaron que poseen legitimaci\u00f3n activa y se\u00f1alaron que, como concejales, resultaron directamente afectados en su rol institucional por el acto impugnado, al haber sido excluidos del proceso de decisi\u00f3n administrativa que requiere de su intervenci\u00f3n obligatoria.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, solicitaron que se declare admisible el recurso extraordinario federal con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, se revoque la sentencia impugnada y se ordene al Superior Tribunal emitir un nuevo pronunciamiento expreso sobre la pretensi\u00f3n de inconstitucionalidad de la resoluci\u00f3n municipal 30\/2024.<\/p>\n\n\n\n
La Municipalidad de Santa Rosa, en respuesta, expres\u00f3 su oposici\u00f3n porque considera que el recurso extraordinario federal interpuesto por los actores es manifiestamente inadmisible. Fund\u00f3 esa inadmisibilidad en la ausencia de un gravamen federal concreto y actual y se\u00f1al\u00f3 que los recurrentes no controvierten el verdadero fundamento del fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, esto es, la falta de legitimaci\u00f3n activa para promover la acci\u00f3n de inconstitucionalidad.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, destac\u00f3 que tanto respecto de la ordenanza 6977\/2023 como de la resoluci\u00f3n 30\/2024, el pronunciamiento cuestionado resolvi\u00f3 expresamente que los concejales carec\u00edan del inter\u00e9s particular, directo y concreto exigido por la doctrina constitucional y vigente para acceder a la jurisdicci\u00f3n en este tipo de procesos.<\/p>\n\n\n\n
El STJ, al entrar a analizar el caso, les dijo que no. \u201cSe ha reiterado que el examen de la procedencia de este tipo de planteos debe efectuarse con criterio particularmente restrictivo, ya que no tiene por finalidad corregir eventuales errores o desaciertos en la resoluci\u00f3n de cuestiones no federales. Para que resulte admisible, se exige un apartamiento palmario e injustificado de la soluci\u00f3n normativa aplicable, o bien una ausencia total de fundamentaci\u00f3n que prive a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional v\u00e1lido\u201d, argumentaron.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn el caso, el agravio referido a la supuesta omisi\u00f3n de tratamiento de una de las pretensiones -la referida a la resoluci\u00f3n 30\/2024- no resulta suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. Ello es as\u00ed porque el Superior Tribunal de Justicia resolvi\u00f3 la controversia promovida en la demanda de inconstitucionalidad mediante un pronunciamiento que -de modo expreso y fundado- declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n activa de los concejales para impugnar tanto la ordenanza 6977\/2023 como la resoluci\u00f3n 30\/2024, lo que condujo al rechazo de la acci\u00f3n sin necesidad de abordar el fondo de la cuesti\u00f3n planteada\u201d, sostuvieron.<\/p>\n\n\n\n
Los jueces del STJ dijeron, tambi\u00e9n, que no pueden resolver la inconstitucionalidad o no de la norma, por lo menos en este caso, ya que los demandantes no tienen legitimaci\u00f3n para hacerlo. \u201cLa falta de tratamiento de la cuesti\u00f3n de fondo no obedeci\u00f3 a una omisi\u00f3n jurisdiccional, sino a la verificaci\u00f3n previa de un obst\u00e1culo procesal insalvable, cuya existencia fue expresamente declarada en la sentencia recurrida\u201d, dijeron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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